Investigan una presunta agresión sexual en grupo en un colegio concertado de València

El colegio Nuestra Señora de Loreto tiene más de mil alumnos y ocupa un enorme solar en el Ensanche de València, uno de los barrios con mayor renta per cápita de la ciudad. En 2023, un viaje escolar para celebrar unas Olimpiadas en Málaga acabó con una presunta agresión sexual grupal, según publicó recientemente el diario Las Provincias. En el hotel, un grupo de niños se masturbaron y presuntamente agredieron sexualmente a un compañero de clase, según el relato de la víctima. Los menores tenían 13 años en el momento de los hechos y antes de la agresión había habido supuestamente insultos, llamadas insistentes, envío de pornografía y humillaciones a este mismo alumno, aunque el centro dice desconocer este punto y que nunca se denunció acoso o se les informó de nada al respecto.

La Fiscalía abrió una investigación que sigue aún en marcha dos años después y acusa a uno de los cinco menores presuntamente implicados. El caso llegó a la Justicia después de que el agredido contara los hechos a un psicólogo que, ante la gravedad de lo narrado y las secuelas que padece el menor (que tuvo que ser ingresado), puso el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal. Al parecer, el niño se lo calló durante dos meses ante las amenazas del grupo y por miedo a que le hicieran algo a su hermano pequeño, alumno también del colegio.

El centro concertado, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa y ha mostrado su pesar por lo ocurrido, ha explicado que los hechos sucedieron en marzo de 2023, pero aseguran que ellos no supieron nada hasta junio de ese año, cuando los padres del menor comunicaron que no iba a seguir por un “incidente” del que, según el centro, no dieron más detalle y al que se refieren como “hechos” o “conductas sexuales inapropiadas”. El 12 de junio, un psicólogo externo informó de las graves consecuencias en un escrito en el que estaba ya el sello “de Fiscalía”, como ha señalado Julia Moreno, directora de gestión de la Fundación Santo Domingo, que gestiona Loreto.

Dos años después, el caso sigue su camino judicial –con dos menores inimputables por edad y otros dos para los que la jueza pide desistimiento por falta de pruebas, un extremo que ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial–. Los cinco menores a los que la víctima implica en el episodio siguen en el colegio, como ha confirmado su directora, María Dolores Esteban, también presente en la conferencia de prensa. Según han relatado en el colegio, las familias niegan los hechos y tampoco hay constancia de que pueda haber material gráfico de la agresión.

¿Qué hizo el centro cuando conoció la denuncia? “Trasladamos el caso a la Inspección, colaboramos en todo con la Fiscalía, han declarado algunos de los miembros del claustro y activamos los protocolos PREVI (de prevención)”, ha relatado Moreno. El colegio desistió de personarse como acusación particular como posible damnificada o para apoyar al alumno que denunció “ya que la Inspección –dependiente de la Conselleria de Educación– nos informó de que nuestra participación no era relevante porque el caso estaba ya judicializado”, han alegado, una afirmación sobre la que Educación no ha hecho comentario pese a la pregunta directa de elDiario.es.

Medidas “de abordaje”

El centro no expulsó, apartó o tomó medidas de suspensión desde el ámbito escolar, como prevé el artículo 19 del decreto de convivencia escolar, porque había un procedimiento judicial abierto ya en el momento en que se enteraron, justifican, y además porque no conocieron el caso hasta que el alumno se marchó. Ciertamente, el artículo 19.4 del decreto de la Generalitat especifica que hay que cerrar “procedimientos ordinarios” sobre alumnos cuando haya una investigación judicial en marcha, como era el caso. Sin embargo, también aclara que las medidas “de abordaje” deben tener una duración de dos meses y no deben “interferir o ser incompatibles con medidas judiciales”, no las prohíbe todas de manera absoluta en el texto legal. La víctima se marchó en junio de 2023, después de dos meses de convivencia en silencio con sus presuntos agresores, y ellos se quedaron. Según el centro, con un refuerzo en la prevención y tutorías, a la espera de la resolución judicial del proceso y las medidas judiciales que se pudieran imponer, que pueden llegar incluso cuando ya no estén escolarizados allí. “Cuando tengamos una resolución firme adoptaremos todas las medidas pertinentes”, ha señalado la directora de la Fundación.

Los viajes “con pernocta” se suspendieron a raíz de conocerse el caso, pero este mismo año se van a retomar, también en el curso donde están los alumnos presuntamente implicados, como han confirmado oficialmente en la rueda de prensa. “Desde Fiscalía no nos han indicado nada al respecto ni hay prohibición”, ha defendido Moreno. Tampoco se han dictado medidas cautelares desde los tribunales. La directora del centro ha explicado que para los viajes han hecho normas más estrictas: “Hemos hecho una reunión, los padres pueden retirar a sus hijos cuando consideren y tienen la libertad de participar o no” en estos viajes con pernocta.

Desde la Fundación han convocado al Consejo Escolar y la Asociación de Madres y Padres este lunes, han enviado un comunicado y también han querido aclarar que se hizo la misma labor de información en 2023, cuando conocieron los hechos.

La Conselleria de Educación ha contestado a elDiario.es que “activó en su día la Unidad Especializada de Orientación en el ámbito de convivencia y conducta y acompañó y asesoró tanto al centro como a la familia del menor”. También, que se procedió al cambio de centro del menor “por solicitud de la familia y se acompañó la adaptación al nuevo centro, tanto del menor como de sus hermanos posteriormente”. Según Las Provincias, el auto de la jueza señaló en febrero de este año “la responsabilidad civil directa” del centro, un punto que no ha sido aclarado en la rueda de prensa.