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El dictamen final del caso apuntala las irregularidades en las facturas que la empresa Iturri giraba a la Generalitat en una causa que encara la recta final de la investigación
La Generalitat paga dos millones de euros a Iturri, la empresa a la que acusa de fraude en los Bomberos
“Falta de control”. Es la conclusión que más se repite en el dictamen del perito oficial del juzgado de la causa que investiga el posible fraude en la reparación de vehículos de los Bomberos de la Generalitat por parte de la empresa Iturri.
El dictamen pericial, al que ha tenido acceso elDiario.es, se divide en 12 capítulos, que abarcan desde la facturación y la “simulación” de varias reparaciones, “alteraciones” en el kilometraje de los vehículos, facturas “duplicadas” o incluso mantenimientos de los coches realizados “sin autorización”.
La causa de Iturri encara la recta final de la investigación tras el inusual acuerdo extrajudicial al que, en tiempo de descuento, llegó el Govern de ERC con la empresa respecto a varias facturas impagadas y bajo sospecha de fraude. El pacto supuso un balón de oxígeno inesperado para las defensas de los directivos de la compañía y los mandos de los Bomberos investigados y un torpedo a las acusaciones, entre ellas la propia Abogacía de la Generalitat.
El perito ratificará sus conclusiones ante la magistrada el próximo 29 de septiembre, tras lo que la jueza ya tendrá prácticamente la investigación concluida y podrá decidir si envía la causa a juicio.
El caso ha puesto de manifiesto no solo irregularidades en las facturas que giraba Iturri al Govern, sino también en los pliegos de los contratos que, durante lustros, la empresa suscribió con los Bomberos, con indicios de que se habrían redactado desde la propia firma. Se investigan los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsificación de documento público.
El perito designado por el juzgado ha analizado un total de 7.887 registros de facturas de Iturri a los Bomberos correspondientes a los años 2019 y 2020. El importe total facturado por la empresa a la Generalitat fue de algo más de tres millones de euros. El 92% de las facturas de las facturas se concentró en tres trimestres (los dos últimos de 2019 y el primero de 2020).
Tras analizar los albaranes, el perito aprecia “claramente” errores con los datos de kilometraje de los vehículos, así como “falta de control” a la hora de especificar los kilómetros, hasta el punto de que en el 84% de los vehículos reparados hay “al menos una diferencia de kilómetros negativa”.
Además, en el 35% de los albaranes el kilometraje del vehículo era inferior al registro anterior, mientras que en el 71% de ellos “se carece de información sobre los kilómetros con los que entra en el taller el vehículo”.
“Facturación duplicada”
El dictamen analiza todas las reparaciones, que incluyen cambios de luces, embrague o neumáticos, entre otras. El perito concluye que hay 530 albaranes de reparaciones tienen “descripciones coincidentes, en la misma fecha y con el mismo importe”, cuyo importe global asciende a 200.317 euros. Es decir, que “se estarían duplicando la mitad de ellas”, agrega el informe.
En 201 reparaciones que ascienden a 447.549,96 euros, la descripción se repite con un genérico “revisión general del vehículo”, lo que para el perito supone “un intento de evitar un escrutinio detallado de los servicios facturados, escondiendo sobrecostes o intervenciones redundantes” o “simulación de reparaciones”.
Además, el documento cifra en un total de 1.701 los trabajos sin autorización, pese a que el contrato les obligaba, lo que supone un 31% del total de reparaciones, por un importe de 555.646,81 euros.
Pese a que en el pliego de condiciones del contrato de Interior con Iturri se establecía un plazo de garantía de seis meses después del mantenimiento preventivo de los vehículos, el perito ha hallado que, en realidad, la frecuencia de paso por el taller de varios vehículos era mucho menor: 496 vehículos tuvieron “mantenimiento preventivo” cada 15 días, que supusieron casi una tercera parte del total de operaciones.
El 34% de los vehículos, además, tuvo menos de cuatro revisiones en dos años, cuando el contrato establecía que se debían revisar dos veces al año. Por el contrario, sin que el perito halle explicación alguna, un 30% de coches se revisaron cinco veces o más.
La repetición de revisiones, a juicio del dictamen, “no solo puede ser innecesaria desde el punto de vista técnico, sino que también ha generado una facturación considerable, lo que plantea una sospecha de posible simulación de intervenciones”.
“La cantidad de mantenimientos preventivos en un periodo de tiempo tan corto parece excesiva e inusual, ya que múltiples revisiones en un plazo muy corto de tiempo pueden no ser justificables si la operación se lleva a cabo correctamente”, asevera el perito. La acumulación de tantas revisiones preventivas en tan pocos días “no evita averías y denota falta de control a la hora de coordinarlas”, agrega.
El perito asegura “desconocer la veracidad y la racionalidad” del segundo tipo de mantenimiento que se aplicaba a los vehículos, el correctivo. A diferencia del preventivo, esta operación requería de autorización previa, algo que no se dio en 178 de los 572 mantenimientos. A la mitad de camiones de bomberos con autoescalera automática se les realizaron más revisiones que las indicadas en los contratos. “No parece que haya un control sobre las fechas de las revisiones”, zanja el dictamen.
La principal diferencia entre el mantenimiento preventivo y el correctivo es que el primero está incluido en el contrato de servicio sin coste específico, mientras que el segundo se cobraba aparte cuando se requerían más de once horas de trabajo. Resultado: los mantenimientos correctivos supusieron un coste de 201.822,23 euros, por solo 47.634 los preventivos.