Una jueza unifica las dos causas contra exaltos cargos de Ayuso por las muertes en residencias

La magistrada de Leganés que hace unos días abrió la puerta a imputar a Antonio Burgueño se inhibe en favor del juzgado de Madrid que también investiga los protocolos de no derivación impuestos por la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de pandemia

La jueza de Leganés que investiga las muertes en residencias abre la puerta a la imputación de otro alto cargo de Ayuso

La jueza de la localidad madrileña de Leganés que investiga a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia ha solicitado que sea un único juzgado el que analice los protocolos de no derivación de las residencias. La magistrada ha decidido aceptar la petición de uno de los imputados, inhibirse y dejar en manos de un juzgado de Madrid las diligencias que mantiene abiertas contra varios responsables sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, al entender que los dos están investigando los mismos hechos y contra las mismas personas.

Dos juzgados distintos de la región tomaron una decisión inédita hace semanas: investigar por lo penal los protocolos que impidieron la derivación de miles de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia pero con los altos cargos sanitarios responsables como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora. Carlos Mur, responsable de coordinación sociosanitaria en la primera mitad de 2020 y su sucesor, Francisco Javier Martínez, junto con Antonio Burgueño, entonces asesor sanitario de Ayuso.

Por el momento ninguno de los antiguos altos cargos madrileños ha declarado como investigado en ninguna de las dos causas. El juzgado número 3 de Madrid decidió suspender sus citaciones después de que las defensas pidieran más tiempo para estudiar las diligencias y poder defenderse. El juzgado de Leganés tomó declaración como testigos al exconsejero Alberto Reyero y al director de HM Hospitales, Juan Abarca, pero suspendió la declaración de Burgueño como testigo al entender que podía llegar a ser imputado.

La magistrada de Leganés entiende que ambas causas deben instruirse de forma conjunta y ahora esa petición queda a la espera de que el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid acepte esa inhibición. En los últimos años diversos juzgados de la región han abierto y cerrado causas por los mismos protocolos, denominados “protocolos de la vergüenza” por las familias de los fallecidos, y algunos han acumulado varias diligencias en movimientos similares.

Algunos de estos altos cargos imputados, como es el caso de Carlos Mur, ya han comparecido en causas anteriores pero como testigos. Este exdirector de coordinación sociosanitaria ha afirmado ante varios jueces en los últimos años que él firmó esos protocolos y que lo hizo para que los facultativos y trabajadores de las residencias tuvieran “algo” a lo que agarrarse en las peores semanas de pandemia. También que, en cualquier caso, su aplicación no era obligatoria y estaba sujeta al criterio último de los responsables de las residencias y sus enlaces en los hospitales.

Burgueño, asesor sanitario de Ayuso y mando único en Madrid durante la pandemia, entró en el juzgado de Leganés como testigo y explicó que se le “nominó” como mando único en una reunión en la que estaban la presidenta madrileña, su jefe de gabinete y dos de sus consejeros. En ese momento la Fiscalía solicitó que se cortara su comparecencia ante la posibilidad de que fuera llamado a declarar como imputado.

En esas diligencias, que ahora el juzgado de Madrid tendrá que decidir si asume en una única causa, también compareció el exconsejero Alberto Reyero, abiertamente contrario a estos protocolos desde su implantación, para reiterar que los rechazó por ser un criterio “discriminatorio” para los ancianos enfermos. Abarca, de HM Hospitales, también confirmó que muy pocos residentes de centros públicos fueron derivados a sus hospitales.

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