Competencia cree que la solución al problema de los chiringuitos universitarios es abrir más universidades

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cree que la solución al problema de los “chiringuitos universitarios”, según los llama el Gobierno, es abrir más universidades. El organismo regulador sostiene en un comunicado que ha analizado el proyecto de Real Decreto por el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pretende endurecer los requisitos para crear universidades y la propuesta “exige a los centros una serie de requisitos injustificados y discriminatorios que no maximizan la calidad del servicio y dificultan la entrada de nuevos competidores en el mercado”.

“Además, la normativa no incluye indicadores de calidad efectivos, concretos y objetivos que permitan analizar el impacto real de estos requisitos en la calidad del sistema universitario”, asegura la CNMC. La propuesta del Gobierno cuenta con el apoyo de la Crue (la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas junta a todas las públicas con casi 30 privadas), de los sindicatos universitarios, de las principales asociaciones de estudiantes y de la mayoría del arco parlamentario, excepto PP y Vox.

En los últimos años se ha disparado la creación de universidades privadas en España. Tanto, que ya están a punto de superar en número a los públicos, cuando hace 25 años la relación era 16 a 50. Y algunas de ellas se han aprobado pese a tener informes negativos de los organismos responsables, tanto autonómicos como del Gobierno central, porque la competencia para autorizar una universidad o no está en los parlamentos regionales. El Gobierno cree que muchos de estos nuevos centros son “fábricas de títulos” centradas en hacer negocio –la educación superior privada es un sector de alta rentabilidad y con una clientela creciente– y se dispone a endurecer los requisitos para poder aprobar nuevos proyectos, con medidas como introducir una evaluación independiente y vinculante por parte de la agencia encargada de evaluar la calidad del sistema universitario (Aneca) o sacar las universidades online del ámbito competencial autonómico para pasarlas al Congreso, entre otras cuestiones, como ampliar la oferta mínima de estudios o dedicar fondos a la investigación (la pata por la que cojean los centros privados, porque investigar es deficitario en general).

Las propuestas alternativas

Para la CNMC, que dice que “comparte el objetivo del proyecto de mejorar la calidad del sistema universitario español”, estas medidas no van en la dirección adecuada, y realiza una serie de propuestas de reforma alternativas.

La Comisión comienza pidiendo al Gobierno que incluya en su propuesta “mecanismos que permitan conocer y subsanar las posibles deficiencias identificadas en el informe vinculante de la agencia de calidad”. Esto quizá no esté regulado, pero está pasando de facto. Cuando un organismo, sea estatal o autonómico, realiza un informe de evaluación de un proyecto, señala los déficits que contiene y se le devuelve al promotor, que puede volver a presentar un proyecto subsanado, como ha sucedido por ejemplo con la universidad online andaluza Utamed.

“El control debería centrarse en aspectos objetivos y medibles que permitan la evaluación ex-post”, añade la CNMC. Los organismos evaluadores que estudian las propuestas de apertura de centros se limitan a corroborar si estas cumplen los mínimos que pide la normativa, aspectos cuantificables como los estudios que se ofrecen, el porcentaje del presupuesto que se dedica a la investigación o el número de profesores y cuántos de estos son doctores.

Propone el regulador también “replantear la obligación de ofertar un número mínimo de títulos de grado, máster y doctorado o, al menos, no aumentar los requisitos existentes”. El Gobierno pretende con esta medida evitar que se creen centros especializados en determinadas áreas de estudio con alta demanda e ignoren los demás. El ministerio siempre ha argumentado que una universidad es mucho más que impartir docencia de algo concreto, y esa aproximación se consigue ampliando la oferta de estudios, sostiene. La propuesta del Ejecutivo es subir de dos a tres el número de doctorados que tendrá que ofrecer una universidad y tener presencia de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

La CNMC también pide “replantear el número mínimo de estudiantes matriculados, ya que no garantiza un nivel de calidad ni la sostenibilidad del proyecto”. El ministerio quiere que las universidades tengan al menos 4.500 estudiantes, una cifra que ha considerado la mínima para tener una masa crítica.

También critica el organismo que se quiera exigir experiencia previa en el sector para abrir una nueva universidad. Al menos, que se le exija a todos los miembros del equipo, y pide que la persona física o jurídica promotora de una universidad privada“ pueda estar exenta.

Otra de las propuestas es “reconsiderar la capacidad mínima de alojamiento estudiantil”. El Ejecutivo, preocupado por cómo afecta el desembarco de miles de estudiantes en localidades con mercados de la vivienda saturados e inaccesibles, propone en su proyecto de real decreto que cada centro universitario nuevo que se abra garantice alojamiento a su estudiantado. En muncipios pequeños o medianos, calcula el Ejecutivo, la demanda de los estudiantes puede suponer hasta un 10% de la toda la oferta de alquiler.