Los afectados se quejan que el fondo inmobiliario Vandor, que cuenta con 14 fincas en la ciudad, no renueva contratos para destinar los pisos a alquiler de habitaciones por temporadas
De despacho a habitaciones por 1.100 euros al mes: los pisos convertidos en ‘coliving’ se escapan de la regulación
Rosario lleva mucho tiempo viviendo en un piso de alquiler en la calle Entença 69, en pleno barrio del Eixample de Barcelona. Hace unos años, empezó a notar que su edificio se llenaba de jóvenes estudiantes, por lo general extranjeros, con un alquiler de temporada. Actualmente, es la única inquilina al uso de su edificio, que tiene otros once pisos que se han transformado en colivings, un modelo al alza de fragmentación de viviendas para poder alquilarlas por habitaciones y esquivar la Ley de Vivienda.
El casero que ha convertido el edificio de Rosario en una finca de colivings es Vandor, una empresa inmobiliaria asociada a la operadora Cotown, que es la que gestiona y comercializ las habitaciones. Así lo ha denunciado este viernes el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, que señala que el precio de estas habitaciones asciende a hasta 900 euros.
Vandor cuenta con 14 edificios residenciales e Barcelona y un total de 200 pisos que, según el Sindicat de Llogateres, gestiona con fines “especulativos”. “No queremos aceptar que haya desahucios invisibles a inquilinos como pasa constantemente en esta ciudad”, ha destacado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès, en una rueda de prensa celebrada en la calle Avenir 62, otro edificio adquirido por esta firma.
A Rosario le llegó en 2021 el primer aviso por parte de la empresa inmobiliaria de que no iban a renovar su contrato, , dos años antes de que este finalizara. “Me vino un abogado a decirme que me fuera de casa, que aunque me quedaran dos años de contrato, me fuera porque no me lo iban a renovar, me vi asustada”, ha afirmado durante el acto de protesta este viernes.
Tras una temporada repleta de llamadas, correos electrónicos y ofertas económicas para que dejara su hogar, el contrato finalizó en diciembre de 2023 y, poco después, llegó la demanda de desahucio para echarla. “No quería salir de mi barrio, me puse a buscar piso y les dije que se esperaran, porque los alquileres estaban altísimos y muchos contratos eran de temporada”, ha destacado.
A día de hoy, Rosario se resiste a dejar su vivienda, y asegura que tiene por vecinos a jóvenes estudiantes extranjeros que le complican, a menudo, la convivencia. “Todo depende de quién lo alquile, pero en varias ocasiones hay mucho ruido, fiestas, vienen a limpiar cuando quieren y me tiran cosas a los patios”.
En la misma situación se encuentra Martina, una joven vecina del edificio Avenir 62, que Vandor adquirió en enero de este mismo año. “Queremos resistir, aquí viven personas mayores, familias con niños pequeños y jóvenes que quieren comenzar su proyecto de vida”, señalaba este viernes.
Siete de los catorce edificios de la misma propietdad se han unido con el Sindicato de Llogateres de Catalunya para poder buscar una solución efectiva a este éxodo de inquilinos. “Solo nos hemos reunido con Vandor una vez y no ha servido para reconocer la voz colectiva, no obtenemos más respuestas y no quieren sentarse a negociar, pese a que nosotros lo exigimos”, ha explicado Aragonès.
El Sindicato ha apremiado al Govern a aprobar antes del verano la anunciada regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos de las fórmulas más utilizadas para escapar de la Ley de Vivienda que topa los precios y fija la duración de los contratos de cinco a siete años. Los contratos por temporada suponen ya el 14% de los que se firman en los municipios con la regulación activa (en Barcelona son el 25%).