El Gobierno de Mazón reactiva el ladrillazo con miles de viviendas previstas en el litoral y en zonas inundables pese a la DANA

A las 10.900 viviendas previstas en zonas inundables de Borriana, Torreblanca o El Puig, se suman proyectos de 2.300 inmuebles en Benidorm, 333 en Vinalesa y 575 en València junto al barranco del Carraixet o 4.883 de Cullera; Mazón anuncia que solicitarán al Gobierno “la gestión del litoral valenciano”

La Comunitat Valenciana regresa en 2025 al macrourbanismo del siglo XX pese al aviso de la DANA

El desastre de la DANA que ha causado 228 muertes en la provincia de Valencia no ha modificado la hoja de ruta trazada por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón desde su llegada a la presidencia a mediados de 2023 encaminada a recuperar el macrourbanismo del siglo pasado que derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007.

Lejos de paralizar de forma cautelar los diferentes desarrollos urbanísticos reactivados para analizar su viabilidad (la mayoría de ellos en la costa y muchos en zonas inundables), la tramitación de todos ellos siguen adelante. Y no solo eso, sino que pretende asumir más competencias que pueden abrir la puerta a una mayor presión en el litoral, pese a los riesgos que supone el cambio climático antropogénico y su impacto en el Mediterráneo.

Así, a finales del pasado año se anunció la aprobación de un decreto ley por el cual la Generalitat podrá tramitar planes especiales urbanísticos de reconstrucción dirigidos a crear y ordenar suelos para la construcción de viviendas, así como a la reubicación de polígonos industriales o terciarios, a la integración de las infraestructuras que resulten necesarias y, con carácter general, a facilitar las tareas de reconstrucción.

Además, también se anunció una revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y la modificación de la Ley de la Huerta, y por extensión del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta, que en la práctica implicará eliminar trabas para la realización de diferentes construcciones que puedan colisionar con la protección de la huerta.

Tan solo un mes después de la DANA, el PP y Vox aprobaron la construcción de hoteles a 200 metros de la costa mediante decreto de simplificación administrativa. Con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en 2018 por el Gobierno del Botánico tan solo se permitía a 500 metros de la costa y con unas dimensiones y características muy limitadas. Además, como informó esta redacción, el Pativel protege 7.500 hectáreas de suelo en el litoral, de las que 1.100 están en zonas inundables. Al estar en suelos que ya eran urbanizables, si se elimina la legislación ese suelo será susceptible de ser urbanizado.

El Gobierno de Mazón también tiene en marcha una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos, así como la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en Les Corts. En virtud de esta normativa, Mazón anunció recientemente que en el Pleno del Consell del próximo 17 de junio solicitará al Gobierno de España “la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d’Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa”.

Así, señaló que “no es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno”.

Miles de viviendas en zonas inundables

Son muchos los desarrollos urbanísticos que se han puesto en marcha intentando sortear el Pativel, que otorgó a diversos proyectos que ya estaban en trámite un plazo de cinco años para iniciar las obras. Ese plazo se cumplió en mayo de 2023. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría, por lo tanto, la construcción de inmuebles. Se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera (conocido como el Manhattan), el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas. De ellas, al menos 10.900 están en zonas inundables de Borriana, Torreblanca o El Puig.

Muchos los ayuntamientos que gestionaban estos planes trataron de firmar actas de replanteo e iniciar obras, o incluso aprobar moratorias legalmente muy cuestionables, antes de que se cumpliera el plazo establecido para no perder los derechos urbanísticos.

Por otra parte, fuera del Pativel, Benidorm tiene prevista la construcción de 20 hoteles, 2.300 viviendas y tres centros comerciales en Benidorm en el marco del proyecto de urbanización del Plan Parcial 1/1 ’Ensanche Levante’.

El Ayuntamiento de La Llosa (Castellón) celebraba recientemente la aprobación de la Ley Valenciana de Costas que le permitirá garantizar el plan urbanístico Casablanca, con una superficie de más de 77.900 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial, que ya cuenta con la aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.

En València, el Ayuntamiento sigue adelante con la tramitación del Plan Especial de San Miguel de los Reyes que prevé la construcción de 575 viviendas en zona inundable por el barranco del Carraixet. Junto al mismo barranco, el Ayuntamiento de Vinalesa pretende urbanizar un sector de huerta en producción de 50.000 metros cuadrados con un total de 333 viviendas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Picanya anunció la reclasificación de 100.000 metros cuadrados de suelo catalogado como agrícola no urbanizable en suelo urbanizable industrial. Así se aprobó en el último pleno con los votos a favor de PSPV, PP y Vox y con el único voto en contra de Compromís, que pide la paralización de la tramitación tras asegurar que se trata de una zona inundable, tal y como se demostró con la barrancada del 29 de octubre. Los valencianistas acreditan como prueba la cartografía dana de la Generalitat Valenciana y el mapa de calados de la Universitat Politècnica de València (UPV), “tanto uno como otro indica que el agua llegó a alcanzar alrededor de los 65 cms de altura”.

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