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La citación judicial del exministro durante la Transición y el entonces policía Daniel Aroca del Rey por la muerte de Teófilo del Valle supone una insólita grieta en el muro de impunidad que rodea a los crímenes del franquismo: nunca antes una causa penal había llegado a este punto en un juzgado español
Una jueza imputa al exministro Martín Villa por la muerte en 1976 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada
La primera vez que un acusado de crímenes durante el franquismo o la Transición anterior a la democracia se sentó en un banquillo lo hizo para responder ante la Justicia de un país situado a más de 10.000 kilómetros de España. En plena pandemia de coronavirus, el exministro Rodolfo Martín Villa declaró ante la jueza argentina María Servini por videoconferencia desde el consulado de Argentina en Madrid, en el marco de la única investigación penal contra el franquismo que permanecía viva. Hasta ahora. Este lunes el alto cargo de la dictadura ha sido llamado a declarar como investigado por una jueza en lo que supone la primera imputación de un responsable de la dictadura en nuestro país.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Elda (Alicante) le ha citado junto a Daniel Aroca del Rey por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Martín Villa, que sigue imputado en la llamada Querella Argentina, era entonces ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Carlos Arias Navarro mientras que Aroca fue el presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida del trabajador de 20 años durante las movilizaciones del sector del calzado alicantino que se dieron en febrero de aquel año.
El hermano mayor de Teófilo, José Antonio del Valle, interpuso la querella en abril de 2024 en la que les acusaba a ambos de un delito de asesinato en concurso de un delito de crímenes de lesa humanidad. Unos meses más tarde, el juzgado la admitió a trámite y ordenó incoar diligencias y ahora la jueza Yolanda Julia Candela ha acordado la declaración de ambos acusados en calidad de investigados por un delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario, según la providencia a la que ha accedido elDiario.es.
Nunca antes un proceso penal por crímenes durante el franquismo había llegado en España hasta este punto y, si nada cambia, Martín Villa y Aroca del Rey se convertirán el próximo mes de noviembre en las primeras personas en declarar como investigados ante un juzgado para responder de sus posibles responsabilidades.
Martín Villa no es cualquiera: fue jefe del Sindicato Español Universitario, el falangista SEU, ocupó cargos relevantes durante la dictadura franquista, entre ellos gobernador civil de Barcelona, y –fallecido el dictador– llegó a ministro desde los primeros compases de la Transición, llegando incluso a dirigir a la policía como titular de Interior en un momento en el que, según han evidenciado los historiadores, los métodos franquistas seguían vivos en la represión de huelgas y manifestaciones.
Una brecha en la impunidad
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) –a la que pertenece Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme, impulsora de la querella– ha celebrado la “gran trascendencia” de una resolución “que supone un claro avance en la lucha contra la impunidad” tras las más de un centenar de querellas presentadas por crímenes del franquismo que han acabado en un cajón.
El archivo o la no admisión a trámite han sido el punto y final de las causas, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las reiteradas llamadas de atención de la Organización de las Naciones Unidas.
El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa durante un desayuno informativo el 17 de enero de 2022 en Madrid.
Otra brecha en este muro se abrió en septiembre de 2023, cuando Julio Pachecho y Rosa María García se convirtieron en el primer represaliado –y testigo– en ser escuchados por una jueza en España, pero esta acabó archivando el caso siguiendo el modus operandi habitual y apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que dio carpetazo a la investigación de los crímenes pese a la actual Ley de Memoria Democrática. El fallo, que contó con dos votos particulares, se basó en la irretroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos para cerrar la puerta a la vía judicial.
En esta ocasión “no sabemos qué interpretación ha hecho la jueza” para acabar citando a declarar a Martín Villa y a Aroca del Rey, puesto que “no entra al fondo del asunto” en la providencia, explica Aràdia Ruiz, abogada de la familia de Teófilo, que resalta la “importancia” de que “por primera vez en la historia un victimario de la dictadura sea llamado a declarar como investigado”. La querella se presentó contra “toda la cadena de mando que acabó desembocando en el asesinato” del trabajador, pero los otros tres señalados ya han fallecido.
Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, destaca lo “excepcional y extraordinario” de la imputación y aunque celebra que “algo se está moviendo gracias al empuje de las víctimas y las asociaciones y movimientos memorialistas” prefiere ser cauto: “No sabemos qué recorrido judicial va a tener porque estamos en la fase de instrucción y aunque esto es importantísimo, el modelo de impunidad del Estado español no se ha revertido y sigue estando sostenido por los tres poderes”, sostiene Lara, que lamenta que este caso “sea excepcional” a pesar de que “en cualquier proceso penal lo habitual es citar a los querellados y no lo que ocurre con los crímenes del franquismo”.
Los crímenes que lo señalan
No es, ni mucho menos, la primera vez que una querella apunta a Martín Villa como responsable de un delito de homicidio en un contexto de crímenes contra la humanidad. Han sido “al menos una decena” las denuncias que lo han señalado, según Lara, pero ninguna otra ha prosperado en España. Donde sí permanece imputado es ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, que anuló su procesamiento hace más de dos años, pero sigue manteniendo su acusación contra él por 12 crímenes cometidos entre 1976 y 1978.
Cinco de ellos fueron los obreros que cayeron muertos por disparos de la Policía Armada en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. La querella suma otro caso más ese mismo año, el asesinato de María Norma Mencaha a manos del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y otros cinco crímenes ocurridos en 1977, un momento en el que el exministro era titular de Gobernación y de Interior. Por último, la jueza María Servini investiga a Martín Villa por los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que el estudiante Germán Rodríguez recibió un disparo en la cabeza.
Para Ceaqua, todos estos hechos “demuestran” que ninguno de los casos “es aislado”, tampoco el de Teófilo del Valle que una jueza española ha aceptado investigar. “Son crímenes de lesa humanidad que se producen en un contexto político de muertes violentas”, sostiene Aràdia Ruiz, que insiste en que, en primer lugar, lo que busca la familia del trabajador alicantino es “establecer una verdad judicial” tras 40 años de silencio en los que el relato oficial vinculaba su muerte a “un accidente”. Sus padres, de hecho, fallecieron sin saber la verdad. Para Jacinto Lara, la “responsabilidad” de Martín Villa “es inmediata” porque fue “el superior de quienes actuaron en la represión de estos trabajadores”. Y eso intentarán demostrar en el juzgado.