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La ‘ìnvasión’ del dominio público es una de las agresiones que se acumulan en el litoral español junto a la contaminación o la mala gestión, según el último análisis de la organización Ecologistas en Acción
La Constitución dice que todos podemos acceder a la costa, incluida la del chalet de la pareja de Feijóo
Una vivienda particular impide el acceso a la costa. Una promoción urbanística se asienta en zonas inundables. La apropiación y la ocupación del espacio público del litoral es la agresión que destaca el último informe Banderas Negras de la organización Ecologista en Acción sobre el análisis de la contaminación y mala gestión de litoral español.
Hace solo dos semanas, el Gobierno rechazó el recurso que presentó la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ocupar dominio público marítimo y poseer así un acceso exclusivo a la playa hasta 2037. Un caso que ejemplifica un tipo de práctica que no cesa en nuestro país, según cuenta el portavoz de Ecologistas: “Terrenos que son de todas y de todos y que acaban siendo acaparados por una minoría acaudalada, que es capaz de acotar ese espacio para su disfrute”.
El informe distribuye 48 banderas negras que salpican todo el Estado. Este 2025, la bandera principal del informe, ha señalado la ONG es la de la casa de la pareja del líder del Partido Popular en el municipio pontevedrés de Moaña. La finca, adquirida a finales de 2018, ocupa 215 m2 de terreno público marítimo-terrestre e impide el acceso público, que reconoce la Ley de Costas y la Constitución, que establece que la costa y las playas son “de todos”.
Valencia y la ley de Ordenación de Mazón
Tras un año marcado por la DANA de octubre pasado, Ecologistas en Acción también señala la nueva ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunidad Valenciana, que, entre otras cosas, permite construir en zonas potencialmente inundables. A su vez, denuncian, “facilita la regularización de ocupaciones ilegales y permite el uso privado de espacios que deberían ser públicos”; abre la puerta a nuevas construcción en zonas frágiles como dunas, marjales, y humedales; y permite hoteles a 200 metros de la línea de playa.
Es un tipo de paradigma que incurre en una mala gestión del territorio y que “se ve muy visible en la Comunidad Valenciana por la gran desgracia que ha ocurrido con la DANA, que lo ha evidenciado, pero también está ocurriendo en lugares como Murcia. Semanas después de la DANA se estaba aprobando aquí un Plan Parcial en una zona inundable”, comenta otro de los portavoces ambientalistas, Pedro Luengo.
En una línea parecida –abunda el documento– se encuentra la isla de Toralla (Vigo), donde los propietarios de una urbanización privada impiden el acceso al resto de la ciudadanía; la Isla Pancha (Ribadeo), donde se ha concedido a una empresa privada el uso turístico de un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, restringiendo el acceso ciudadano; el Parque de Liencres (Cantabria), donde aparcamientos han invadido un espacio natural protegido; o la Costa de Trafalgar (Cádiz), uno de los entornos naturales más valiosos del litoral andaluz, que está viéndose deteriorado por la urbanización desordenada.
También se denuncian otros dos famosos casos de asentamiento costero: por un lado, de la multinacional ALTRI, por “amenazar la destrucción de la ría de Arousa en A Coruña” y, por otro, del proyecto del museo Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urdaibai.
Contaminación por aguas residuales
Otro de los problemas que más están afectando a las costas españolas y a sus ciudadanos es el de la contaminación por aguas residuales, muchas veces provenientes de industrias, del sector agropecuario, o de la mala depuración a causa de la masificación turística. “La masificación hace que las depuradoras no funcionen, y cuando los turistas van a las playas tras haber pagado su billete de destino, se las encuentran sucias o contaminadas. A veces, incluso cerradas”, explicaba López.
La masificación hace que las depuradoras no funcionen, y cuando los turistas van a las playas tras haber pagado su billete de destino, se las encuentran sucias o contaminadas. A veces, incluso cerradas
En este sentido, señalan lugares como las playas de Barcelona, la bahía de Portmany (Islas Baleares), la “mala gestión” de la estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Melilla o la Playa Jardín (Tenerife).
Contaminación química o por plástico
El nivel de contaminación química en las playas de España es significativo en determinados puntos del litoral. Un ejemplo es la Ría de Huelva, considerado uno de los sistemas acuáticos más contaminados del mundo, explica el análisis de los ambientalistas, en una situación que se prolonga décadas.
En cuanto a la contaminación por plástico, se pone el foco en las playas que sufrieron la DANA de la Comunidad Valenciana: reprochan que “siete meses después aún no se han recogido los residuos” y que, sin embargo, han recibido banderas azules, distintivo de una supuesta calidad ambiental. Además, apuntan a la isla de Lanzarote por dos de sus playas, la Playa Caleta del Sebo y Playa Francesa, a las que se le atribuye una fuerte contaminación química y por plásticos derivada de actividades como el turismo náutico.
Afecciones a la biodiversidad y ‘chapuzas’ portuarias
Los daños a la biodiversidad destacados por la organización, por otro lado, se concentran en ecosistemas costeros protegidos como marismas, dunas, humedales y zonas marinas incluidas en la Red Natura 2000.
Denuncian la situación en la que se encuentran en este sentido diversas zonas de las Islas Canarias. En particular, el caso del Hotel RIU Palace Tres Islas en Fuerteventura representa la paradoja de una infraestructura de lujo implantada en pleno corazón de un parque natural dunar, con “afectaciones notorias a la flora y fauna autóctona”. También se encuentra en una posición de vulnerabilidad el área del puerto de Adeje por el proyecto Cuna del Alma. Y, un año más, aparecen lugares como el Mar Menor (Regió de Murcia) en esta categoría.
El informe también identifica cuatro casos de obras portuarias o de defensa costera que se consideran innecesarias o mal gestionadas, como la ampliación del puerto de Fornells, en Menorca
El informe también identifica cuatro casos de obras portuarias o de defensa costera que se consideran innecesarias o mal gestionadas. Uno de los ejemplos más llamativos es la ampliación del puerto de Fornells, en Menorca, donde se construyeron espigones y pantalanes en una bahía de alto valor ecológico.
Para que haya un cambio de paradigma que logre detener este tipo de actuaciones la ONG asegura que “tenemos que recuperar la capacidad de indignarnos, de movilizarnos, pero, sobre todo, de saber lo que está ocurriendo de verdad para poder actuar”. “Gobierne quien gobierne, se debería querer defender al territorio y a su gente. Eso es algo que no está ocurriendo. Las leyes de costas deberían reforzar la necesidad de recuperar, regenerar, restaurar, el litoral. Lo que nos estamos encontrando es que son para todo lo contrario: para hacer trajes a medida a una minoría adinerada”, zanjaba López.