El Govern asegura que está intentando conseguir el consentimiento del padre de la niña entre dudas de si se podrá personar en la primera de las causas de la red de pedofília, pendiente de juicio, o si solo podrá hacerlo en las que están bajo investigación
Un 71% más de niños tutelados en una década: radiografía del sistema catalán de protección a la infancia en el punto de mira
Personarse como acusación popular contra la red de pederastas que había violado a una menor bajo guarda de la administración. Fue la respuesta del Govern tras estallar el caso que aceleró la crisis que desde hace tiempo se cocía en la Dirección General de Atención a la Infancia (antes DGAIA y ahora DGPPIA) catalana. Un mes después del anuncio, sin embargo, la actuación legal no se ha producido, según confirma el departamento de Derechos Sociales a elDiario.es.
Desde la conselleria aseguran que todavía tienen la voluntad de personarse en la causa, pero que actualmente están “trabajando para conseguir el consentimiento” del padre de la niña. Esta gestión es necesaria, aseguran desde el departamento, porque para presentarse como acusación popular antes se debe pedir permiso a la víctima o a sus tutores en caso de ser menor.
A mediados de mayo salió a la luz el caso de una menor que fue violada y víctima de una trama de prostitución infantil cuando tenía 13 años y estaba bajo guarda de la Generalitat. El caso explotó justo cuando la DGAIA ya estaba en el ojo del huracán por diversas acusaciones de malversación y pagos indebidos.
La crisis en la DGAIA ha convertido al departamento de Derechos Sociales en el eslabón débil del Govern de Illa. La consellera Mònica Martínez Bravo tardó tres días en comparecer públicamente y cuando lo hizo fue para anunciar que la Generalitat iniciaría una investigación interna y que se personaría como acusación popular en el caso.
Según el departamento, la personación en la causa ya se habría producido si la víctima hubiera estado directamente tutelada por la administración, en cuyo caso la Generalitat podría personarse sin necesidad de pedir permiso. Pero la niña siempre ha estado bajo guarda, lo que significa que, aunque viviera en un centro residencial, su custodia no les fue retirada a los padres y, por tanto, la pequeña nunca estuvo bajo responsabilidad legal de la Administración.
Ahora bien, tal como ya alertaron hace un mes fuentes judiciales, aunque la Generalitat consiga la autorización, es posible que no se pueda presentar como acusación popular porque la instrucción de la primera causa ya está cerrada y el caso está ya a la espera de juicio. Preguntados por este impedimento, desde el Departament insisten en que seguirán trabajando para conseguir el permiso del padre de la menor y reiteran su voluntad de personarse.
Todo ello, respecto a lo que se refiere a la primera de las causas de este caso, que sentará en el banquillo durante la primavera de 2026 al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a la menor y para quien la Fiscalía pide 107 años de cárcel. Pero además de esta, todavía hay otras dos causas abiertas.
Una de ellas es la que investiga la trama de prostitución infantil que afecta a la misma víctima y a otro menor que, por lo que se sabe de momento, no estaba bajo tutela ni guarda de la Generalitat. Según el escrito del fiscal, el acusado fotografió desnudos a los menores para hacerse pasar por ellos en redes sociales y concertar citas con otros hombres. Fueron violados por al menos una decena de hombres que permanecen investigados.
La tercera causa va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia impulsada por el cabecilla de la trama con los vídeos que grababa durante las violaciones a la menor y a otra veintena más de víctimas. Estas dos causas todavía están en fase de instrucción y la Generalitat no descarta personarse también en ellas. “Lo estudiaremos caso por caso”, aseguran a elDiario.es. La petición de la Generalitat para personarse, en cualquier caso, tendrá que ser validada por el juez del caso.
Investigaciones por presunto fraude
Además del caso de la menor violada y prostituida, sobre la DGAIA pesaban las investigaciones de la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas ante sospechas de malversación y pagos indebidos. La primera sigue en marcha, pero la segunda acabó constatando que, durante tres años, la Dirección pagó 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados.
A todas estas controversias se sumó la destitución de la directora general y del subdirector de la DGAIA solo seis meses después de nombrarlos. Martínez Bravo ha negado que su relevo tuviera que ver con las acusaciones de fraude, sino con la voluntad de iniciar “una nueva etapa” para llevar a cabo “cambios necesarios en esta dirección”.
Fue el primer gesto de la reestructuración de la Dirección de Infancia que anunció la consellera Mónica Martínez Bravo pocos días después de que saliera a la luz el caso de la menor y que se concretó menos de dos semanas después.
Las principales novedades se basan en un cambio de nombre: de DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) se pasa a DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia). Además, le quitaron la potestad de gestionar prestaciones ni contratar plazas residenciales, funciones que quedan en manos de una oficina pensada para ello.
Además, se ha creado una oficina para fiscalizar a la DGPPIA y “detectar incompatibilidades, conflictos de interés y exigir auditorías”, según concretó la consellera en rueda de prensa. También se anunció la creación de una comisión mixta con los Mossos d’Esquadra para prevenir “casos de depredadores de menores en riesgo”.