Las derechas usan el Congreso para echar más combustible a la pelea contra el cierre de las nucleares

PP y Vox se apoyan en los independentistas de Junts para inciar el trámite de una ley que oblige a «no contemplar» el fin de ninguna central atómica: los ecologistas lo ven como una «señal más del riesgo» de revertir el desenganche nuclear en España

La confusión sobre las causas del apagón recrudece la batalla ideológica entre renovables y nuclear

Las derechas del PP y Vox –apoyados ambos en los independentistas de Junts– han dado más vuelo a la oposición al cierre de las centrales nucleares en España. Los votos en el Congreso de las tres formaciones han hecho que entrara a trámite una ley redactada por el Partido Popular para obligar al Gobierno a “no contemplar el cierre de ninguna de las instalaciones de producción nuclear existentes”.

La turbina nuclear continúa acelerándose desde el apagón total del 28 de abril. Aquella caída a cero dio impulso a la idea de que es necesario mantener esta fuente de energía para asegurarse el suministro estable. La proposición de ley contempla que las centrales nucleares funcionen hasta que los dueños quieran dejarlo (mediante la “solicitud de cese del titular”) o hasta que los propietarios decidan no prolongar el plazo de utilización, es decir, por “expiración del plazo de autorización sin que el titular haya procedido a solicitar su prórroga”. Se añade que si la instalación no es segura no podrá seguir funcionando.

“No creo que sea esta proposición de ley la que pare el calendario de cierre anteriormente pactado, pero son señales de que el riesgo existe. Va sumando”, analiza el responsable de energía en Greenpeace, Francisco del Pozo. “Lo veo más como una pieza en la exigencia para que se retire presión tributaria a las centrales, que sean más rentables”.

El texto, una vez insertado en la dinámica parlamentaria, puede ser demorado casi sine die a base de ampliaciones del periodo de enmiendas que decide la Mesa en la que el PSOE y Sumar tienen el control.

Básicamente es una ley hecha a medida de las nucleares que nuevamente pretende que sea toda la ciudadanía la que pague su negocio y la generación de los residuos

Javier Andaluz
responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción

Aunque el calendario de cierre de centrales nucleares se pactó entre el Ejecutivo y las eléctricas en 2019 y ha sido incluido en la hoja de ruta para que España recorte las emisiones de CO2 y mitigar así el cambio climático, la oposición a ese programa de cierres lleva meses creciendo. A principios de este año, Iberdrola y Endesa aprovecharon la debilidad parlamentaria del Gobierno para pedir más dinero por el cierre de las plantas.

El Gobierno ha recibido este mes una propuesta de ambas eléctricas para extender la vida útil de las centrales nucleares. “Una declaración de intenciones”, no “una petición formal”, según el Ministerio de Transición Ecológica. Apenas unos días después llegó esta última votación parlamentaria.

La fricción entre el Ministerio y las compañías ha girado en torno a cuestiones económicas. Sin embargo, en el ámbito ecologista recuerdan que lo que se está dirimiendo es la transición a “un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y la necesidad de adaptar y mejorar el sistema eléctrico para ello, de forma que se pueda pasar página del viejo sistema basado en combustibles fósiles y nuclear”, como subraya la portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Cristina Rois.

“Es una muestra del servilismo”, sentencia por su parte el responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. “No solo avala la rebaja en garantías de seguridad de las operaciones de las centrales, sino que además abre la puerta a gastar una millonada para salvar el ruinoso sector nuclear. Básicamente es una ley hecha a medida de las nucleares que nuevamente pretende que sea toda la ciudadanía la que pague su negocio y la generación de los residuos”.

Bendición climática

La energía nuclear recibió una bendición en 2023 que pudo pasar algo desapercibida, pero cuyos efectos están ahora muy presentes. Aquel año, en la Cumbre de Clima de Emiratos Árabes Unidos y en el mismo histórico acuerdo que nombró por primera vez los combustibles fósiles y la necesidad de “transicionar lejos” del petróleo, el carbón o el gas, se mencionaba a renglón seguido la energía nuclear como una de las “tecnologías de bajas emisiones” que había que “acelerar” codo con codo con las “renovables”.

Con ese sello a cuestas, gobiernos de derecha o ultraderecha tradicionalmente pronucleares han podido argumentar que su posición sirve para la lucha contra el calentamiento global del planeta incluso en países donde la energía atómica estaba prohibida.

La nuclear que impide, a nuestro juicio, transicionar hacia el modelo de renovables, almacenaje y gestión de la demanda que debería importar en España

Francisco del Pozo
responsable de energía en Greenpeace

Protagonista de esta dinámica ha sido la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien defendió la nuclear en su discurso inaugural durante la COP29 de Bakú de noviembre pasado. Solo unos meses después –a finales de febrero de 2025–, el Gobierno italiano aprobó un proyecto de ley para retomar la energía atómica tras casi 40 años de prohibición. La ultraderechista dijo que perseguía “garantizar una energía segura, limpia y de bajo coste”.

En mayo pasado, fue el ministro de Energía y Clima de Dinamarca, Lars Aagaard, quien anunció que se iban analizar los posibles beneficios de la energía nuclear en uno de los países líderes en renovables. De ese análisis dependerá si se levanta el veto legal atómico del país nórdico, que dura ya cuatro décadas.

En este sentido, la energía nuclear se está pintando de verde como una solución al cambio climático, aunque la misma proposición de ley que se vio el 17 de junio en el Congreso de los Diputados indica en el texto redactado por el Partido Popular que –si las centrales nucleares españolas se prolongan– debe planificarse también una década extra de residuos radioactivos.

“Al final se habla de si gobierno sí o gobierno no, y poco de energía, de cuál es la mejor opción en términos de seguridad, precio o clima”, apunta Francisco del Pozo. “Se hace hueco a la nuclear que impide, a nuestro juicio, transicionar hacia el modelo de renovables, almacenaje y gestión de la demanda que debería importar en España”.

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