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Expresa «dudas significativas» sobre su capacidad «para continuar como empresa en funcionamiento» si no logra una prórroga para su deuda; en 2024 facturó un 7,2% menos y ya ha perdido 70 millones
Fondos, grandes fortunas o familiares de Esperanza Aguirre: los dueños de las socimis que alquilan viviendas
La firma PwC ha puesto de manifiesto la existencia de una “incertidumbre material sobre la continuidad del negocio” de Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una pequeña participación la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Esta empresa tiene como inquilino al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que amplió los contratos con ella en plena pandemia.
Las dudas de PwC, auditor de Orbis, costan en auditoría sobre las cuentas de 2024, que la compañía acaba de publicar. Están relacionadas con la devolución de un préstamo de 131,2 millones de euros con las entidades Caixabank y Deutsche Pfandbriefbank que vence el próximo 31 de octubre.
El informe, fechado el pasado viernes, no tiene salvedades, pero el auditor indica que “el grupo está en conversaciones con las entidades financieras para obtener una extensión adicional de al menos 12 meses” en el plazo de devolución de ese préstamo.
Aunque la compañía estima que obtendrá esa dispensa “a corto plazo”, no la había logrado a la fecha del informe. Esto, según PwC, arroja “dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.
En sus cuentas, Orbis subraya que su “accionista último”, una firma británica ligada al fondo Tristan Capital Partners LLP, European Property Investors Special Opportunities 4 LP, “ha asegurado por escrito que proporcionará el apoyo financiero necesario para permitir a la empresa matriz y sus filiales seguir operando y cumplir sus obligaciones”.
El aviso de PwC es una advertencia habitual en estos casos. Los auditores deben incluirla por obligación legal. Llega después de otro ejercicio de pérdidas para Orbis, cuyos números rojos en 2024 se quedaron en 412.000 euros. Es su mejor resultado hasta ahora, pese a que facturó un 7,2% menos, 15,8 millones, como consecuencia “del reconocimiento de ciertos periodos de gracia acordados con antiguos y nuevos inquilinos, la implementación parcial del trabajo en remoto y la inflación provocada por los conflictos armados”, dice en sus cuentas.
La mejora de los resultados en 2024 llega tras las pérdidas récord de casi 26 millones que Orbis registró en el ejercicio 2023, cuando tuvo que reconocer deterioros millonarios en el valor de casi todos sus inmuebles. Todos, salvo el que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. La empresa nunca ha declarado beneficios desde su creación en 2018. Sus pérdidas acumuladas superan ya los 70 millones.
Esta inmobiliaria cotizada (socimi) sin empleados tiene sus acciones a cotización en París. Pero sus títulos no tienen liquidez porque pertenecen a una instrumental en Luxemburgo. Su sede está en Madrid, donde se ubican todos sus activos.
A la venta
El más céntrico es el inmueble alquilado al Gobierno de Ayuso en la calle Agustín de Foxá 29, junto a la estación de Chamartín, construido en 1975, y que es la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social, organismo autónomo que se dedica a atender a los colectivos más vulnerables de Madrid.
El activo, ubicado junto al que será uno de los grandes desarrollos inmobiliarios de Madrid, la conocida como Operación Madrid Nuevo Norte (u Operación Chamartín), ha sido puesto en venta este año, según informó en abril El Confidencial, que apuntó que su uso podría cambiar al de hotelero o residencial. El precio: unos 30 millones de euros. A día de hoy sigue perteneciendo a Orbis.
Esta empresa es una de las muchas socimis vinculadas a miembros del clan Aguirre. Como reveló elDiario.es, esta rama de la familia se convirtió en accionista de esta inmobiliaria en noviembre de 2020 a través de una sociedad en Luxemburgo, EPISO 4 Rebound Holding, mediante la mercantil La Granjilla de la Fresneda SL.
Esta empresa española, recientemente extinguida, estuvo años inactiva, hasta que en 2022 empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su administrador único era el consultor inmobiliario Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Como apoderada figuraba otra hermana de la expresidenta, Piedad Aguirre. En teoría, y como su propio nombre indicaba, se dedicaba a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a la expresidenta y su familia y donde estaba domiciliada.
Sin embargo, a comienzos de 2024 La Granjilla de la Freneda SL fue absorbida por Sancrismalu SL, administrada por la artista María Avilés, esposa de Santiago Aguirre, quien todavía figura como apoderado y es su anterior administrador único. El pasado 24 de octubre, Episo 4 comunicó al Registro de Luxemburgo que Sancrismalu había sustituido como accionista de la dueña de Orbis a La Granjilla de la Fresneda SL como consecuencia de su absorción.
Una absorción que fue inscrita ante el notario de Madrid Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, primo del exministro de Justicia, ex alcalde de Madrid y antecesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Como comprobó elDiario.es en 2023 tras una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, los contratos adjudicados a Orbis por el Gobierno de Ayuso se pactaron a precios superiores a los del mercado en ese momento. La empresa de los Aguirre se convirtió en accionista de esa empresa poco después de que el Ejecutivo madrileño ampliara la superficie alquilada a esta socimi en 2020. Lo hizo en pleno confinamiento, en lo peor de la pandemia y en un momento crítico para el mercado de oficinas, con toda España en modo teletrabajo.
La Comunidad de Madrid es inquilina de este inmueble desde 2010, cuando Esperanza Aguirre era presidenta madrileña. La Agencia Madrileña de Atención Social tiene también dependencias en el número 31 de Agustín de Foxa.
Orbis había comprado el edificio al casero original, Colonial. Y el penúltimo día de 2021 la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, refundió los contratos anteriores y pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato firmado en 2016 con Colonial, que entonces todavía tenía entre sus principales accionistas al fallecido empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir.
El contrato de Lasquetty, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante la etapa de Ayuso, estaba valorado en 2,8 millones. Se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo habitual en este tipo de contrataciones con la Comunidad de Madrid. Comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29.
El hermano de la expresidenta creó Sancrismalu en 2018, año en el que el fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman vendió su empresa a la multinacional Savills.
Domiciliada en plena milla de oro madrileña, en la calle Serrano, Sancrismalu, actual accionista minoritario de Orbis, tiene una web que explica que se dedica a la promoción inmobiliaria y al private equity mediante la inversión en “capital y deuda de empresas inmobiliarias, tecnológicas, restauración y moda”.
Su web no publicita bodas en La Granjilla, pero sí una promoción de viviendas en un elegante edificio de principios del siglo XX en el centro de San Sebastián, en la calle Prim 10. El inmueble se lo compró al Gobierno vasco en subasta pública en 2018 por más de 10 millones otra empresa de Santiago Aguirre, Boyton Invest. En ella era socio el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, al que la Fiscalía llegó a investigar por pagar gastos opacos al rey emérito, Juan Carlos I.
Entre las inversiones de Sancrismalu está, según su web, el restaurante en Madrid de José Luis García-Berlanga, hijo del aclamado director Luis García-Berlanga, responsable de obras maestras como La escopeta nacional. También la firma de moda Romualda, de Cristina y Mariana Aguirre, las hijas de Santiago Aguirre, cuyos sombreros han vestido figuras tan dispares como Nathy Peluso o la ex primera ministra de Canadá, Kim Campbell.
Como contaba Vanity Fair en 2023, “Mariana lleva la imagen de marca y Cristina se encarga de la dirección artística y de pintar los tejidos con los que luego crean los sombreros”. “La familia Aguirre presume de ser una piña en la que arte y negocios (y política) van de la mano”, añadía la publicación.