«Rompimos con nuestras familias y amigos porque eran enganches del pasado. Vendimos hasta nuestra casa», lamentan las víctimas que han sido demandadas por la responsable del centro por «difamación» y ahora el Supremo ha desestimado la causa
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“Por mis historias mentales o carencias me convenció lo que dijo y, afectivamente, me uní a ella. Me convenció de que yo era especial y eso era lo que necesitaba oír. Acabas siendo un desgraciado, acabas estando en las garras de una persona que no te suelta. Trabajas para ella, es una situación de semiesclavitud. Todo está bañado de promesas vacías y nos lo creímos. Rompimos con nuestras familias y amigos porque eran enganches del pasado. Vendimos hasta nuestra casa”. Es parte del testimonio que Maite y Jon se atrevieron a contar en televisión a EITB en 2013 sobre cómo acabaron sin darse cuenta durante 15 años en una supuesta “secta” en Bizkaia. Algo que comenzó con unas clases de Reiki, terminó con ellos vendiendo sus propiedades para conformar una comunidad con otras familias y llevar a cabo negocios de hostelería con los que la “líder” como ellos llaman a la responsable del lugar, se sigue lucrando hasta día de hoy.
Ella tenía un 19,99% de capital social de la empresa mercantil que explotaba los negocios de la comunidad y de un 3,32% de la sociedad que titularizaba los inmuebles en los que se venían desarrollando las actividades de la comunidad, mientras que él disponía otro 3,32% de la sociedad de los inmuebles. Cuando quisieron marchar de la comunidad, comenzó la disputa entre las dos partes para conseguir el dinero aportado y, tras no lograr su objetivo, Maite y Jon decidieron denunciar la situación vivida a través de los medios de comunicación y escribiendo en un blog -ya eliminado- todo lo que estaba ocurriendo con el objetivo de que el centro cerrase. Sin embargo, la administradora principal del lugar o “líder” como ellos la llaman, les denunció por difamación y exigió una indemnización de 125.000 por daños y prejuicios.
Un juzgado de Bilbao desestimó la causa el 23 de marzo de 2023 con imposición de costas a la parte demandante. La sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial de Bizkaia, que el 21 de julio de 2023 también desestimó el recurso de apelación. Ahora, el caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo a través de un recurso de casación. Y ha sido la tercera derrota para la “secta”.
La comunidad a día de hoy sigue activa en Bizkaia. Cuenta con un restaurante, un hotel y actividades. Realizan talleres, retiros espirituales y encuentros con otras organizaciones similares del estado e internacionales. “Queremos manifestar la esperanza de mantener el respeto a nuestro buen nombre y de que finalmente se haga justicia, porque nos honra una intención, la intención de un trabajo y de un proyecto común hecho desde la sinceridad y el aprendizaje a favor de la unidad y la verdad. Somos un grupo de doce familias arraigadas en nuestra sociedad y en nuestro entorno, que trabajamos con esfuerzo por sacar adelante a nuestros hijos, familias y proyectos. Los padres y madres (profesionales en muy diversas áreas, como maestros, profesores, abogados, administrativos, asistentes…), y nuestros hijos e hijas (todos escolarizados en escuelas, institutos, universidades…) compartimos las mismas ilusiones que todo padre y madre espera de sus hijos. Nuestras puertas están abiertas y siempre lo han estado a todo aquél que quiera conocer el lugar y el proyecto cultural y social que llevamos a cabo con tanta ilusión para bien de tantas personas y familias. Somos una comunidad plural, una comunidad de aprendizaje abierta que incluye a todos. Es la más antigua de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que la convierte un proyecto pionero en su tiempo, que ha sabido superar no pequeñas dificultades, como ocurre habitualmente con las ideas de vanguardia, y ya han pasado más de veinte años que, día a día, demuestran nuestra solidez y la del proyecto”, señalaron tras hacerse pública la denuncia de los antiguos miembros.
Según los datos de la Ertzaintza, en 2024 había 150 organizaciones que están siendo investigadas en Euskadi, de las cuales 50 se encuentran registradas de manera legal “como asociaciones laicas u organizaciones religiosas o espirituales”. No obstante, no existe un marco normativo legal concreto sobre su actividad, por lo que se centran en actuar cuando existen “tipos delictivos” como lesiones, coacciones, amenazas o agresiones sexuales dentro de estas agrupaciones o comunidades. La Ertzaintza colabora activamente con la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE) para investigar y ayudar a las víctimas de posibles “organizaciones destructivas” en el territorio vasco.