El Ayuntamiento envió en diciembre, tres años después del anterior, un nuevo requerimiento a la Axencia de Turismo de Galicia pidiéndole que iniciase en quince días los trámites para dar de baja de su censo a todas las viviendas que incumplan la normativa. De momento, sigue sin respuesta
Hemeroteca – La Xunta entorpece la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos turísticos
El ayuntamiento de Santiago de Compostela ha enviado un requerimiento formal a la Xunta de Galicia para que dé de baja del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) a todas aquellas viviendas turísticas que incumplan la normativa municipal. Sólo en el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y en el que esta actividad está prohibida desde el año 2015, aparecen más de 200, algo fácilmente comprobable de oficio porque en todas ellas consta su dirección. Pese a que el consistorio reclamaba iniciar el proceso en un plazo de quince días, un mes después de la solicitud sigue sin tener respuesta. Por una práctica similar a la que achacan a la administración autonómica —negarse a eliminar de su web pisos sin licencia—, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente a Airbnb que puede acarrear una sanción de hasta 100.000 euros para la compañía.
El requerimiento, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, está firmado por el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás. En él, se hace un exhaustivo repaso de las medidas tomadas por el ayuntamiento compostelano durante la última década, con gobiernos de tres partidos diferentes —ninguno el PP—, para poner coto a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUTs) y de las que, tal y como indica, tuvo necesario conocimiento la Axencia de Turismo de Galicia, la responsable del REAT; hasta el momento, sin ningún resultado.
Cada una de las modificaciones normativas con las que Compostela Aberta, PSOE y, ahora, el bipartito BNG-CA, fueron restringiendo la creación de VUT se encontraron un gran eco mediático, pero además fueron publicadas en diarios oficiales, como el Boletín Oficial de la Provincia o el Diario Oficial de Galicia, e incluso alguna de ellas se comunicó al Rexistro de Planeamento de Galicia. Aún así, una y otra vez, tal y como recoge el escrito, la Axencia de Turismo de Galicia siguió inscribiendo viviendas en el REAT, tanto en el ámbito de actuación del Plan Especial de la ciudad histórica —donde estaban directamente prohibidos— como en otras zonas del municipio en las que sí pueden ubicarse siempre que cumplan determinados requisitos. Varios cientos de las censadas no lo hacen.
Lestegás, “reiterando lo ya trasladado en numerosas ocasiones”, insiste en que la actividad de esas VUTs puede contar con uno de los requisitos, el autonómico, pero no cumple la legalidad urbanística, que compete únicamente al ayuntamiento. El edil tira de jurisprudencia para respaldar que un alojamiento turístico ejerce una actividad económica y para ello es imprescindible la comunicación previa al consistorio, que será quien la habilite si no contraviene la normativa. “La Axencia Galega de Turismo, en el procedimiento regulado en los artículos 39 y siguientes, relativo a las viviendas de uso turístico (VUT) y su régimen de actividad, debe comprobar que el destino como VUT no está prohibido por la ordenación de usos del sector”, llegó a argumentar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante la apelación de un particular por su exclusión del REAT.
El propio decreto 12/2017 de la Xunta, que establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en Galicia, señala en su artículo 41 que, para la apertura de una vut debe presentarse una declaración responsable, que debe ser completa para ser eficaz. Acto seguido, en el artículo 42, aclara que esa declaración no exime de cumplir el resto de obligaciones exigibles en otras normas. Por tanto, Lestegás considera que lo que reclama es un simple proceso de aplicación de la ley, sin necesidad de ningún juicio subjetivo: tan sólo es necesario verificar que falta alguno de los requisitos necesarios para el inicio de actividad.
Con ese argumento, ya en noviembre del 2022, el ayuntamiento compostelano —entonces, gobernado por el PSOE— enviaba un primer requerimiento a Turismo en el que solicitaba “la baja de las VUTs carentes de título habilitante municipal de naturaleza urbanística y cancelando su inscripción en el REAT”. La respuesta de la Xunta, entonces, fue que sólo debía hacerlo cuando un sentencia judicial confirmase esa ilegalidad. En julio pasado, aseguraba que eran los ayuntamientos los encargados de comprobar si cada vivienda incumple o no su normativa. En caso negativo, explicaba a esta redacción, es el consistorio quien tiene que comunicarle el caso a Turismo de Galicia “para que podamos proceder con el expediente de baja, con audiencia a las partes”. Para ello era necesario aportar “una fundamentación jurídica que respalde la cancelación de la inscripción solicitada”. A la hora de cerrar esta información, no había respondido a las preguntas de elDiario.es sobre el nuevo requerimiento.
Las actualizaciones mensuales del REAT permiten comprobar la evolución de la oferta del alquiler turístico en Santiago desde que, en junio de 2024, se puso el colofón a la normativa sobre las VUTs con la aprobación de la ordenanza que cerraba la puerta a la regularización de los pisos preexistentes que venían funcionando de manera alegal.
En aquel momento, el número de viviendas destinadas a este fin en el término municipal era de 819; hoy son 752, un descenso que ronda el 8% y que se duplica en la ciudad histórica: de 250 han caído a 210 en medio año. Aún así, siguen siendo más de la cuarta parte del total.
Fuentes municipales achacan esta disminución, principalmente, a la decisión de los propietarios de regresar al mercado tradicional, tras comunicárseles que no podrían seguir con su actividad, y no tanto a la acción de la Xunta, que ha dado un número muy reducido de bajas, siempre tras sentencia judicial. La prueba, esos centenares de VUTs que, pese a no cumplir la legislación, todavía continúan inscritas en su censo.