Francia exige a la Comisión Europea más contundencia frente al dueño de X, al que acusa de injerencia extranjera por su plena campaña en favor de los ultras europeos, pero Bruselas admite que la regulación digital es nueva y tediosa a la hora de aplicarse. El conflicto supone, además, un choque con la libertad de expresión
Bruselas vigila a X ante los procesos electorales pero se pone de perfil con el apoyo de Elon Musk a los ultras europeos
La difusión de noticias falsas y desinformación fue uno de los grandes caballos de batalla de la Unión Europea la pasada legislatura en la que se impulsaron novedosas legislaciones para regular la vida online. La intención de las leyes de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DSA) es que las conductas ilegales offline lo fueran también online y poner coto a los desmanes en las grandes plataformas, que se enfrentan a multas multimillonarias por el incumplimiento de las normas. Sin embargo, nada más arrancar el nuevo mandato de la Comisión Europea, se ha topado con el desafío de los dos principales magnates del sector: Elon Musk y Mark Zuckerberg. El asunto inquieta profundamente a la mayoría de gobiernos europeos, pero la capacidad de respuesta es limitada.
Gobiernos como el de Francia o Polonia han llegado a acusar al dueño de X de “injerencia extranjera” por su apoyo a las fuerzas de la ultraderecha europeas y las campañas contra el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, o el canciller alemán, Olaf Scholz. Emmanuel Macron acusó a Musk de impulsar una “internacional reaccionaria” y de interferir en las elecciones del Viejo Continente y su Gobierno ha señalado directamente a la Comisión Europea, a la que ha reclamado que actúe “de forma más vigorosa”.
“Si la Comisión Europea no sabe protegernos contra esas injerencias o esas amenazas de injerencias, tiene que dar a los Estados miembros, a Francia, la capacidad para protegerse por sí misma”, advirtió el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot: “El debate público no puede deslocalizarse, ni quedar desregulado en grandes plataformas de redes sociales propiedad de multimillonarios estadounidenses”.
¿Libertad de expresión o injerencia?
La capacidad de actuación de las autoridades europeas respecto al apoyo del magnate a fuerzas ultras como Alternativa por Alemania es prácticamente nula porque le ampara la libertad de expresión. “Elon Musk como persona, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a la libertad de expresión y, por tanto, puede decir cosas que nos disgusten mucho y con las que estemos muy en desacuerdo. Lo importante es, para aquellos que estemos en desacuerdo, explicar por qué lo que dice es incorrecto o falso, incita al odio, etcétera”, explica Jordi Calvet-Bademunt, investigador principal en The Future of Free Speech (Vanderbilt University).
Tampoco considera que haya una injerencia extranjera como tal por ser el dueño de X y lo compara con el apoyo que medios británicos como The Economist o The Guardian manifestaron a Kamala Harris en las elecciones estadounidenses. ¿Y sobre el hecho de que sea uno de los principales asesores del presidente electo Donald Trump? “No es raro que los políticos de otro país expresen su opinión sobre la política de otro país. De nuevo, estaremos en gran desacuerdo respecto a las posiciones de Musk, pero eso no impide que él pueda expresar su apoyo a un candidato u otro”, explica.
La libertad de expresión de Musk es el argumento que esgrimen en la Comisión Europea, donde sostienen que su labor y el radio de acción de la DSA tiene que ver con el funcionamiento en sí de las grandes plataformas. Y es ahí donde también se choca con varios problemas, uno de ellos la propia lentitud de los procesos burocráticos de la burbuja comunitaria. “Se trata de una nueva legislación. Es un ámbito muy nuevo que estamos explorando y somos los primeros en todo el mundo en haber establecido este tipo de marco jurídico. Así que lleva tiempo empezar”, justificaba esta semana el portavoz comunitario, Thomas Reigner, sobre el letargo en el que están sumidos los expedientes de infracción de las grandes plataformas digitales.
La lentitud de Bruselas
La Comisión Europea ha abierto varias investigaciones a X, Meta o TikTok por diversos incumplimientos de la DSA, pero apenas han dado frutos. El que más avanzado está es el que se inició hace más de un año (diciembre de 2023) contra la red social de Musk por vulneraciones respecto a la transparencia, la verificación de cuentas, el escrutinio público o el acceso a los investigadores y al repositorio de anuncios. El procedimiento es tedioso y de ida y vuelta. A la apertura del expediente respondió X y en julio de 2024 la Comisión Europea dio un paso más al hacer una acusación formal, a la que de nuevo la compañía podía presentar alegaciones. Estas se están analizando ahora mismo y fuentes comunitarias sostienen que se trata de cientos de documentos.
Además, la acusación dejó fuera buena parte del expediente: lo que tenía que ver con los procesos de verificación a través de las notas de la comunidad (que es el que ahora quiere copiar Meta) y lo relativo al control de los discursos de odio. Eso sigue en una fase anterior. “La investigación sigue en marcha”, dicen en Bruselas más de un año después.
Entre los “riesgos sistémicos” que analiza la Comisión Europea en el marco de la DSA está el impulso a determinados discursos o cuentas -entre las que podría estar el propio Musk- respecto a otros. Pero ese control también provoca dudas. Lo que sostienen fuentes comunitarias es que la promoción de determinadas cuentas puede ser beneficiosa en algunos momentos, como por ejemplo en la información sobre catástrofes naturales. “No hay ninguna norma que diga que no se pueden impulsar las cuentas. La arquitectura de la DSA es que impulsar una cuenta a través de un sistema de recomendación debe ser considerado como un factor de riesgo adicional”, expresan esas fuentes.
“Es una norma muy reciente y con unos términos muy vagos respecto a los riesgos sistémicos que nadie sabe cómo interpretar: no sabe la Comisión, no lo saben las empresas y no lo sabe la sociedad civil”, señala Calvet-Bademunt, que apunta a un debate sobre el asunto y que define como “un cajón de sastre en el que van todas las cosas que queremos para nuestra sociedad”: “Queremos que las plataformas luchen contra la diseminación de contenido ilegal, que protejan nuestras elecciones, pero también queremos que protejan la libertad de expresión. Ahí es donde se plantean los problemas, cómo tenemos que interpretar estas obligaciones de riesgo sistémico y qué implican para X”.
El investigador de The Future of Free Speech opina que recortar ahora el impulso a los discursos de la extrema derecha puede sentar un precedente peligroso si en algún momento es la que controla la Comisión Europea y, por tanto, le corresponde aplicar las normas. “Promocionar un tipo de contenido más de derechas o más de izquierdas no debería dar lugar a sanciones. Y el motivo que nosotros damos para eso es precisamente que lo que hoy aplica una persona mañana lo puede aplicar un político de extrema derecha o extrema izquierda que preocupe al lado opuesto”, defiende.
El jurista Borja Adsuara, especializado en derechos digitales, apunta en el mismo sentido que Calvet-Bademunt. Argumenta, de hecho, que la DSA ha abierto un “peligroso” camino al permitir a las redes sociales que eliminen contenidos que no son ilegales, pero que sí pueden ser ofensivos para algunas personas. Además, explica que la propia Comisión Europea y los gobiernos nacionales han intentado indicar a las plataformas cuáles son las “prácticas adecuadas” para esta moderación a través de los convenios de buenas prácticas en redes sociales, lo que a su juicio implica una “censura indirecta” por parte de los poderes públicos.
Para el abogado, el rango de movimiento de la Comisión Europea respecto a los últimos cambios en X y las redes de Meta es limitado. Avisa que si Bruselas decide finalmente multar a la red de Musk por su sistema de verificación de datos basado en la actividad de los propios usuarios, es previsible que este forme un tándem con Zuckerberg y eleven el caso “al Tribunal de Justicia de la UE o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que es un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión”.
No obstante, Adsuara destaca que la DSA plantea la creación de organismos nacionales de autorregulación para la desinformación. “Serán similares a Autocontrol en el ámbito publicitario”, señala, y se podrán usar “como el VAR, en el fútbol, para pedir que ser revise la decisión de moderación de una red social. Eso irá creando una jurisprudencia de resoluciones que sentarán precedente”, detalla en conversación con este medio.
Esos organismos (no tendrá por qué haber solo uno) deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que recientemente el Gobierno ha dotado de más capacidades para que ejerza como un regulador específico de los gigantes digitales.
Presión sobre la Comisión Europea
Públicamente la Comisión Europea, que está a la espera de la toma de posesión de Donald Trump para ver cómo articula la relación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca que trajo de cabeza a la dirigencia europea en su anterior mandato, ha sido muy prudente en su respuesta tanto a Musk como al seguidismo que le está haciendo Zuckerberg. No obstante, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, y el comisario de Justicia, Michael McGrath, se comprometieron en una carta remitida a los eurodiputados del área a impulsar “enérgicamente” una investigación sobre si la red social X de Elon Musk infringió la ley de moderación de contenidos, según informó Bloomberg.
La capacidad de la UE pasa fundamentalmente por la imposición de sanciones multimillonarias por el incumplimiento de las reglas. Las multas pueden llegar al 6% de la facturación global de las compañías. El asunto ha abierto un debate profundo y hay quien apunta al bloqueo de las plataformas por injerencias o incumplimientos de las reglas, pero es un escenario altamente improbable. “Cerrar plataformas bajo la Digital Services Act es algo extremadamente raro, puntual y tiene que estar justificado bajo circunstancias muy específicas”, apunta Calvet-Bademunt, que ve esa posibilidad “muy baja”.
A nivel político se intensifica, no obstante, la presión sobre la Comisión Europea. Los grupos que sustentan la coalición que ‘gobierna la UE’ (PPE, socialistas, liberales y verdes) han impulsado un debate sobre el asunto en el Parlamento Europeo. La eurodiputada del PSOE Hana Jalloul ha preparado una carta que están firmando más parlamentarios para enviársela a principios de la semana que viene a la alta representante, Kaja Kallas, para que tome cartas en el asunto. Jalloul considera que Musk, al utilizar el control de sus redes para aupar a líderes de extrema derecha, puede “alterar la opinión pública y los resultados electorales”, lo que agrava la amenaza a la democracia en la UE y plantea “nuevas herramientas y sanciones para abordar la interferencia extranjera en procesos electorales, con herramientas actualizadas para contrarrestar las amenazas emergentes planteadas por plataformas en línea como X y las acciones de figuras como Elon Musk”. “Las herramientas actuales de política exterior de la UE han demostrado ser insuficientes para abordar el alcance y la complejidad de esta amenaza”, advierte la socialista.