C.P.B., quien ha negado que trabajara y de quien no consta que participara en expediente alguno ni que tuviera registro horario, fue fichada como asesora de control externo tres meses antes de las elecciones de 2023, coincidiendo con la época en que, según ella, mantenía una relación con el regidor
El juez investiga en Estepona una posible malversación en el contrato a la supuesta víctima de acoso sexual del alcalde
José María García Urbano, alcalde (PP) de Estepona (Málaga, 76.975 habitantes), contrató a una persona como asesora o cargo de confianza supuestamente para que revisara la limpieza de las calles, la iluminación de las farolas, las papeleras y el estado de las macetas que dan lustre a la ciudad, a razón de algo más de 3.600 euros al mes y un total de 5.200 euros por los 48 días que la tuvo contratada. Coincide que, por aquel entonces, esa persona mantenía encuentros sexuales con el regidor y su propia pareja, según han denunciado ante un juzgado, que desde hace tres meses trata de averiguar si esas relaciones fueron forzadas por las amenazas de García Urbano, como aseguran los denunciantes.
El alcalde comparecerá este lunes ante un juzgado de Estepona, que investiga si malversó al fichar como asesora a C.P.B. sin que se sepa para qué. Según fuentes del procedimiento, ella misma ya dijo al juez que no trabajó nada y ni llegó a pisar el ayuntamiento. Dos horas antes que él declarara, en este caso como testigo, la propia C.P.B., auxiliar de enfermería, quien junto a su entonces pareja (un policía local) es la presunta víctima del acoso sexual del alcalde.
Aunque el juez ha separado las dos causas, hay una línea que las une cuyo recorrido completo debe trazar la investigación: ¿por qué contrató García Urbano, pagándole más de 5.000 euros por mes y medio de trabajo, a la mujer que ahora dice haber mantenido relaciones sexuales con él bajo coacción? Con independencia de si hubo delito sexual, ¿hay malversación al pagar dinero público a una persona que carecía de experiencia o formación para las tareas asignadas y que, según denuncia ella, mantenía una relación a tres bandas con el regidor? ¿La hay si ella misma dice que no trabajó y no hay constancia documental de que lo hiciera?
La denuncia del presunto acoso sexual ya detallaba pagos, estos supuestamente personales, por parte de García Urbano, quien abonaba 2.000 euros mensuales a la pareja con el fin de que ambos pasaran el mayor tiempo posible en Estepona y les buscó un piso de alquiler en el edificio Panorama de la avenida de España, según ese relato.
El pasado viernes, el secretario general provincial del PSOE malagueño pidió al PP que “aparte” a García Urbano. El alcalde, que está imputado en las dos causas, contraatacó con una nota remitida por el consistorio, en la que sostiene que todo es un montaje que busca dañar su imagen pública por “motivos espurios”.
48 días contratada como cargo de confianza
Las investigaciones judiciales en torno a la figura de García Urbano, hasta hace poco una rutilante figura del PP, encaran ahora su tramo decisivo. Ambas las lleva el juzgado de Instrucción 5 de Estepona, que empezó investigando una denuncia de un policía local que aseguraba haber sido forzado, junto a su entonces pareja (C.P.B.), a participar en diversos encuentros sexuales con el regidor, que le habría amenazado con represalias laborales si no accedía. A pesar de las peticiones de archivo, esa causa sigue abierta tras las declaraciones del policía local, la mujer y el propio alcalde, y se ha desdoblado en otra por malversación.
La apertura de la segunda investigación tiene su origen en la declaración de C.P.B. en ese primer caso de presunto acoso sexual. Fue allí donde la mujer reveló que había sido fichada como cargo de confianza por el regidor y aseguró que nunca trabajó realmente para el consistorio. Fue fichada tres meses y medio antes de las elecciones (cuando cesan por ley todos los cargos de confianza) y cesada a dos meses de los comicios.
A raíz de sus palabras, el juez abrió una investigación aparte y requirió al ayuntamiento para que remitiese todo el expediente de la contratación, “así como todos aquellos expedientes en los que esta haya intervenido”. La investigación diferenciada por malversación la abre de oficio el juez, precisamente para salvaguardar la intimidad del regidor (al caso de presunto acoso sexual se han aportado, presuntamente, vídeos explícitos), y no tiene su origen por tanto en ninguna denuncia del PSOE, como ha asegurado el ayuntamiento en un escrito a los medios.
En la documentación que el consistorio ha aportado al juzgado, a la que este medio ha tenido acceso, se dan todo tipo de explicaciones, pero no consta en realidad ninguna tarea concreta desempeñada por C.P.B. en los 48 días que cobró por ejercer como “Asesora del área de Control Externo y Proyectos Estratégicos”, que se ocupa de vigilar el “buen funcionamiento” de los servicios públicos externalizados. C.P.B. tenía “funciones propias de asesoramiento especial y confianza” y cobró un total de 5.276,92 euros. El salario anual bruto es de más de 44.000 euros.
Un cargo de confianza para “tareas apreciables a simple vista”
Entre otros documentos, el consistorio ha enviado al juez un escrito firmado por el concejal responsable del área, Blas Ruzafa. Dice el concejal que en su área hay un equipo de cuatro técnicos, tres administrativos y un inspector (todos personal laboral), pero a veces hay que reforzarlo, y que para eso se tira de la contratación discrecional de un cargo de confianza y asesoramiento. También asegura que este tipo de personal “no suele gestionar expedientes administrativos”, con lo que no habría documento alguno que refleje su trabajo.
“Fue contratada (…) para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”, señala Ruzafa, que escribe que se fichó a una auxiliar de enfermería que no tiene cualificación o experiencia en el monitoreo de contratas públicas porque se le asignaban “tareas apreciables a simple vista y que no requieren de cualificación específica”.
El área que dirige Ruzafa, persona de la máxima confianza de García Urbano, gestiona y vigila un gasto millonario. Estepona gastó en 2023 más de 44,6 millones de euros por la gestión privada de servicios públicos, según la liquidación de su Presupuesto.
El municipio tiene externalizado todo lo que se puede externalizar: limpieza viaria, tratamiento de residuos, limpieza y socorrismo de playas, jardinería, mantenimiento de parques, mobiliario urbano, iluminación, ayuda a domicilio, mantenimiento y señalización de vías, mantenimiento y limpieza de edificios municipales y colegios, abastecimiento de agua, redes de alcantarillado y los dos cementerios de la localidad.
La explicación dada por el concejal es que para vigilar el cumplimiento de esas contratas millonarias y de sus 500 trabajadores, el ayuntamiento contrató a una asesora como cargo de confianza y luego le asignó labores comunes.
En otro informe, este del Jefe de Recursos Humanos, se explica que tampoco existe registro horario de entrada y salida pues, a diferencia del personal laboral, para el funcionario (en este caso eventual y de confianza) “no resulta estrictamente obligatorio” llevarlo.
La otra opción es que en realidad se la contratara, pero no hiciera nada ni acudiera al ayuntamiento. Es lo que ella le dijo al juez.
Sin informe de Recursos Humanos ni motivación
C.P.B. estuvo así contratada desde el 13 de febrero al 30 de marzo de 2023, 45 días, aunque se le abonó la parte proporcional de su nómina bruta (44.880 euros) correspondiente a 48 días de trabajo. Su contratación fue el 13 de febrero: ese día se habría elaborado un informe del Jefe de Recursos Humanos, el alcalde firmó el Decreto de nombramiento y la interesada tomó posesión del cargo. Sin embargo, el ayuntamiento no ha entregado el supuesto informe de Recursos Humanos , a pesar de que el juez requirió todo el expediente.
Todo ocurrió el mismo día, 13 de febrero, si bien el PDF del nombramiento tiene una particularidad: fue modificado a posteriori, el 14 de mayo, según muestran sus metadatos. En Estepona, la contratación de cargos de confianza va, por defecto, al área de Servicios Generales, aunque “excepcional y motivadamente” puede asignarse a otra área. Sin embargo, este nombramiento no incluyó motivación alguna.
El decreto de cese está firmado digitalmente el 12 de marzo, apenas un mes después, pero difiere sus efectos al 31 de marzo.
Ambos documentos, nombramiento y cese, fueron incorporados al portal de Transparencia en diciembre de 2024, casi dos años después de ser firmados.
Información escueta al Pleno
La facultad de nombrar y cesar cargos de confianza es discrecional y depende del cargo político. Precisamente por eso, sus tareas son de confianza y asesoramiento, nunca ordinarias o de gestión, como revisar la limpieza del pavimento o el estado de los parterres. “Solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”, restringe el Estatuto del Empleado Público. Su nombramiento y cese es libre, pero eso no significa que no tenga límites ni evita el control judicial de abusos laborales o posibles casos de prevaricación o malversación.
Normalmente, su nombramiento se produce al comienzo de mandato, pero se pueden producir nuevas contrataciones siempre que se informe al Pleno y no se supere el límite. Para el mandato 2019-2023 el alcalde de Estepona (que tenía 21 de 25 concejales) llegó a contar con los 14 cargos de confianza que le permite la ley, a los que abonó en torno a dos millones de euros.
El alcalde no informó al Pleno del nombramiento de C.P.B., pero fue cuestionado por la portavoz del PSOE, Emma Molina, en marzo de 2023. García Urbano respondió invocando su facultad discrecional para nombrar a quien quiera. Cuatro años antes, cuando inauguró el mandato, había proclamado con dignidad que los cargos de confianza “son profesionales y no son puestos políticos”, que van al Ayuntamiento “a trabajar, a ayudar con los expedientes y a prestar servicios”.