El juez Ángel Hurtado imputa al teniente fiscal de la Secretaría Técnica y da por hecho que parte de la cúpula de la Fiscalía urdió un plan para difundir datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
El juez del Supremo llama a declarar al fiscal general e imputa a su mano derecha en la Fiscalía
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado está convencido de que hubo un plan coordinado en la Fiscalía para filtrar información sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El último auto de Ángel Hurtado materializa la previsible citación como imputado de Álvaro García Ortiz, amplía la causa a uno de sus colaboradores más estrechos en la Fiscalía y apunta, incluso, a la existencia de una estrategia que habría llegado hasta la Moncloa para intentar perjudicar a la presidenta madrileña. Sus afirmaciones se basan, sobre todo, en los informes de la Guardia Civil y los escritos del propio Alberto González Amador a las puertas de las semanas clave para el caso.
Para apuntalar su resolución, el juez alude a la “información de peso” que figura en los tres atestados realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) y aportados al sumario. No obstante, se centra en el primero de ellos, de 21 de noviembre, que concluyó la “participación preeminente” del fiscal general en el proceso que derivó en la filtración, aun sin haber hallado pruebas concretas que demuestren de dónde salió la información.
En la causa se investiga la filtración del correo en el que el abogado del empresario y comisionista reconocía haber cometido dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar con la Fiscalía. La causa indaga en si García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, maniobraron en la noche del 13 de marzo de 2024 para que la confesión del empresario acabara publicada en los medios.
En ese informe, la UCO hace un relato cronológico de las conversaciones que la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, también imputada, mantuvo con otros miembros de la Fiscalía entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Y, especialmente, en la noche del 13 de marzo, después de que el diario El Mundo publicara una información tergiversada sobre el caso: ocultaba que el ofrecimiento para declararse culpable de fraude fiscal lo había remitido la defensa de González Amador —y no al revés— y que lo había hecho el 2 de febrero, cinco semanas antes de la publicación de elDiario.es, no dos horas después. A esta información se sumaron otras que apuntaban a que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior.
Según el juez, García Ortiz y sus colaboradores entraron en ese momento en “una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones” dirigida por el fiscal general. El magistrado obvia en todo momento que esas conversaciones tenían por objeto desmentir un bulo. En su texto, pone el foco sobre el hecho de que el máximo representante del Ministerio Público recibió a las 21.59 horas en su dirección personal el email entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador, en el que se reconocía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Y en el hecho de que se acabara publicando en la web de la Cadena Ser a las 23.51 horas.
Basándose en esas comunicaciones, el juez concluye que fue García Ortiz quien “dirigió los pasos” que llevaron a la filtración “aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición”. Para ello, no aporta más indicios que el “trasiego del intercambio de mensajes” de esa noche, los “pasos” que da “antes para lograr hacerse” con el citado correo o su “intervención” en el comunicado con el que el Ministerio Público intentó desmentir varios bulos sobre el caso y que el Supremo dejó fuera de la investigación al considerar que no era delictivo.
El juez también accede a la petición de González Amador de dirigir la investigación contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Apunta que podría haber actuado “de manera coordinada” con García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid para “revelar secretos o informaciones reservadas” de la pareja de Ayuso. Según el juez, Villafañe es una persona “de confianza” de García Ortiz y pudo tener “un papel de relevancia, si se quiere menor” en los hechos.
Sin embargo, en las conversaciones intervenidas no aparece vinculación alguna de la mano derecha del fiscal general con el correo objeto de investigación. De hecho, el juez especifica que el correo del 2 de febrero de 2024 “no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación” que la fiscal Rodríguez envió a Villafañe el 8 de marzo. Y tampoco consta que se intercambiara mensajes con ella con relación a ese email.
Las “gestiones” de Presidencia
El juez Ángel Hurtado limita las acusaciones, por el momento, al fiscal general y su entorno, pero avanza también su teoría sobre cómo el correo de González Amador acabó siendo publicado, íntegro, en El Plural, a las nueve de la mañana del 14 de marzo. El magistrado afirma que ese email entró en circulación “con salida de la Fiscalía General y destino Presidencia del Gobierno” y conecta, sobre el papel, la causa con toda la información aportada por Juan Lobato, hasta hace unas semanas secretario general del PSOE de Madrid.
Lobato testificó ante el juez a finales del pasado noviembre y aportó unos mensajes que previamente había llevado a una notaría. Se trata de los que intercambió la mañana del 14 de marzo con una asesora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que le remitía el correo con la confesión con el objetivo de que, un par de horas más tarde, pudiera esgrimirlo en la Asamblea de Madrid ante Díaz Ayuso. Dos días antes, elDiario.es había revelado en exclusiva la denuncia de la Fiscalía contra su pareja y era la primera comparecencia de la presidenta madrileña ante el parlamento regional.
Los mensajes no revelaban de dónde había sacado Sánchez Acera ese correo, que además remitió antes de que El Plural fuera el primer medio en publicar su contenido íntegro. En los mensajes que Lobato entregó al Supremo figuraban conversaciones con otras personas ligadas al PSOE y mostraban cómo algunos de sus responsables de comunicación invitaban a Lobato y su entorno a insistir en este asunto en su intervención ante Ayuso ese día en plena crisis.
El juez no explica en qué se basa, pero deduce que el email llegó directo desde la Fiscalía a los trabajadores de la Moncloa y, de ahí, a Lobato “con una clara finalidad política”. El magistrado también concluye que Lobato expresó sus dudas de hacerlo antes de que lo hubiera publicado algún medio y “desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones” para que El Plural lo saque antes de la comparecencia.
Hurtado no ha puesto en marcha, al menos por el momento, más diligencias relacionadas por la ramificación del caso aflorada tras la comparecencia de Lobato. Por delante tiene tres semanas de declaraciones clave para la causa: desde la testifical de varios trabajadores y funcionarios de la Fiscalía hasta la declaración como investigados del propio fiscal general, su mano derecha en el Ministerio Público y la fiscal provincial de Madrid.
El fiscal que denunció a González Amador
Dos de los testigos son los responsables de comunicación de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General. El primero de ellos ya compareció ante el Tribunal Superior de Justicia cuando la causa se tramitaba en ese organismo. Allí explicó sus reticencias a emitir el comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo que daba detalles del caso para desmentir un bulo. También está prevista la comparecencia de Julián Salto, el fiscal que investigó y denunció a González Amador, y su superior Almudena Lastra.
La mayor parte de estos testigos ya declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y sus palabras han sido completadas por los mensajes de WhatsApp recuperados por la UCO en el teléfono móvil de la fiscal provincial de Madrid. Estos mensajes revelan el malestar en la Fiscalía madrileña por la gestión del asunto por parte de la Fiscalía General en unas horas que el juez Hurtado califica de “frenético intercambio de comunicaciones”.
Salto fue imputado en un primer momento, aunque fue después exonerado cuando la causa dio el salto al Supremo. En su declaración negó que ninguno de sus superiores le hubiera presionado para difundir a los medios información confidencial del caso. Este fiscal confirmó también que las informaciones de El Mundo que desataron los movimientos de la Fiscalía no eran ciertas y que él nunca ofreció un pacto al abogado de González Amador.
Todas estas testificales darán paso a las comparecencias de los tres imputados del caso: García Ortiz, Rodríguez y Villafañe. Los dos primeros, en declaraciones tanto públicas como en sede judicial, han negado haber dado ninguna orden o indicación para que se filtrara ese correo y se han limitado a afirmar que todas sus llamadas y mensajes iban destinadas a elaborar un comunicado con el que combatir los bulos que varios medios de comunicación publicaban sobre el caso. García Ortiz también tendrá que explicar las circunstancias que le llevaron a cambiar de teléfono una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él.
Las citaciones de los imputados han llegado después de una semana en la que el juez Hurtado tomó declaración a casi una decena de testigos: ocho periodistas y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El auto revela que el juez no da credibilidad a lo declarado en sede judicial por dos periodistas que afirmaron que accedieron al correo objeto de las pesquisas antes de que este estuviera en manos de García Ortiz.
Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, explicó que lo obtuvo de una fuente a las 16:00 horas del 13 de marzo, más de seis horas antes de que lo tuviera en su poder el fiscal general del Estado. José Precedo, director adjunto de elDiario.es, aseguró que ese correo estaba entre la documentación del caso que él obtuvo el 6 de marzo de ese año junto a la denuncia de la Fiscalía y el expediente de la Agencia Tributaria y que este medio publicó en exclusiva. El juez, sin embargo, afirma que esos testimonios “no aportan datos objetivos” y “contrastan” con otro de los testimonios prestados un día antes. E insiste en que la difusión del correo solo se produjo a partir de las 21.59 horas, cuando el fiscal general lo recibió.