Quién iba a pensar que el PSOE recuperaría el contenido y el mensaje de una propuesta del PP de 2017 con la que acabar con la presencia de los partidos en la acción popular. Ahora Feijóo la considera una medida propia del franquismo
Claves de la propuesta del PSOE para cambiar la acusación popular y suprimir el delito contra sentimientos religiosos
De la fábrica de ideas del PSOE ha salido un producto defectuoso. Ni siquiera en esta época de rebajas en el mundo de la justicia, ha encontrado clientes deseosos de comprarlo entre los aliados que podrían compartir las preocupaciones del partido de Pedro Sánchez. El Gobierno pretende limitar la acusación popular en la instrucción judicial y hacer que sea imposible para partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos, así como a las asociaciones judiciales.
El fracaso es tal que los socialistas deberían plantearse si les merece la pena llevar la iniciativa al Congreso. Anunciaron que el grupo parlamentario socialista la presentará como proposición de ley, lo que sirve para impedir que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado presenten informes, que serían previsiblemente negativos. Eso será un detalle menor si no consiguen el apoyo de la mayoría de la Cámara, que es lo que en estos momentos está claro que ocurrirá.
Escocido por la alianza de intereses entre el juez Peinado y varias asociaciones ultraderechistas en la investigación de Begoña Gómez, el PSOE busca impedir que la acusación popular pueda intervenir en la instrucción judicial, con lo que su presencia quedaría limitada al juicio oral. Eso daría a la Fiscalía un control total sobre ciertos elementos clave de la instrucción, como el ingreso en prisión de los investigados que el juez no puede decretar en solitario.
Cualquier análisis de la influencia de la acción popular en la justicia debe iniciarse con el hecho de que aparece en la Constitución (artículo 125) y que siempre fue considerada como un elemento progresista insertado en un mundo judicial de ideas conservadoras, junto a la institución del jurado popular. Cuatro asociaciones judiciales, incluida la progresista Juezas y Jueces para la democracia, han rechazado la reforma o la consideran anticonstitucional.
Aplicar restricciones a un derecho constitucional no es algo de lo que debería sentirse muy orgulloso un partido progresista. Ese es en líneas generales el argumento de Sumar, que ha rechazado el cambio. El partido considera la acusación popular un instrumento fundamental en la justicia y recuerda que fue un avance que jugó un papel esencial en múltiples investigaciones sobre corrupción.
En ese paquete de reformas, tanto Sumar como Podemos rechazan que los socialistas solo quieran reformar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, pero que no vayan a hacer lo mismo sobre el de injurias a la Corona.
En la derecha, la respuesta ha sido superlativa y dramática, como era de imaginar. “Estamos ante una medida más propia, ahora que está tan de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático”, dijo el lunes Alberto Núñez Feijóo. Eso es divertido, porque hace unos años fue su partido el que parecía empeñado en controlar o eliminar la acusación popular, cuya existencia le estaba haciendo mucho daño en la instrucción de varios casos propios de corrupción.
Cuando Ciudadanos propuso eliminar los aforamientos de los políticos en 2017, el PP se ofreció a negociarlo a cambio de limitar la acción popular en los partidos. El partido de Mariano Rajoy estaba indignado con la presencia del PSOE y Unidas Podemos en la acusación popular del caso Auditorio, un caso de corrupción en el PP murciano. Con un argumento no muy distinto al que se escucha ahora entre los socialistas, la derecha acusaba entonces a la izquierda de “intentar ganar en los tribunales lo que no han logrado en las urnas”.
Eso no impidió al PP ejercer la acusación popular en algunos casos, también cuando no tenía derecho a ello. El juez Carlos Ruz, de la Audiencia Nacional, expulsó al PP como acusación popular en la causa principal de la trama ‘Gürtel’ por haber defendido antes la inocencia de su extesorero Luis Bárcenas en el proceso judicial. El partido intentaba formar parte de la acusación mientras al mismo tiempo hacía en la práctica de abogado defensor de su extesorero en las investigaciones que le señalaban por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales.
Esa negociación del PP y Ciudadanos no culminó con éxito. Aun así, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, la defendió con contundencia: “La perversa y espuria utilización de la figura penal de la acusación popular con fines exclusivamente políticos. El objetivo es bien conocido, difamar, desprestigiar, triturar el honor de las personas”. De las personas que compartían partido con Hernando. Solo estaba pensando en ellas.
Si hay que creer a Feijóo y su ataque a Sánchez por la reforma propuesta, habría que llegar a la conclusión de que el PP de Rajoy tuvo una etapa intensamente franquista o propia de Venezuela.
El argumento de que limitar la acción popular de los partidos es propio de dictaduras es, como mínimo, endeble. De hecho, es difícil encontrarla en Europa, fuera de España. El anterior presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, estaba en contra de que partidos y sindicatos pudieran ejercer la acusación popular. Lesmes pensaba que eso contribuía a “politizar” la Justicia. Es evidente que ese riesgo existe, como también el hecho de que ha servido para profundizar la persecución de la corrupción, en especial cuando los fiscales no se mostraban muy animados a participar.
Realmente, el PP y el PSOE tienen menos memoria que un pez. Volviendo a las declaraciones de Hernando en 2017, es llamativo lo mucho que recuerdan a lo que diría hoy un ministro socialista: “Ya son muchas las sentencias que hemos visto de gente que estaba acusada, a la que se le había hecho el paseíllo mediático y que luego ha resultado inocente”.
La novedad de los últimos tiempos es que no son solo los partidos los que intentan que la justicia o los fiscales sirvan a sus intereses. Eso es casi un rasgo típico de la democracia en España. Ahora las asociaciones judiciales y algunos jueces jaleados por la derecha adoptan posiciones indistinguibles de las del Partido Popular. O hay jueces que se concentran ante sus juzgados en protesta contra proyectos de ley debatidos en el poder legislativo. Este ambiente de sospechas permanentes ha propiciado que la acusación popular vuelva a ser cuestionada, aunque no parece que la proposición socialista vaya a llegar muy lejos.
Habrá que pensar en quién es el estratega que ha concedido esta victoria propagandística al PP sin haber podido recibir de momento el asentimiento de ninguno de los aliados del PSOE.