El Gobierno se prepara para aprobar otra subida del salario mínimo una vez que estudios de economistas y organismos internacionales han confirmado que ha sido compatible con la creación de empleo contra lo que opinan el PP y la CEOE
Claves del debate sobre si el salario mínimo debe pagar IRPF
Se avecina un nuevo aumento del salario mínimo y la patronal vuelve a ofrecer sus grandes éxitos de siempre. Ya ni siquiera es noticia, aunque eso no impide que aparezca en algunos medios. El incremento de la remuneración de los que menos cobran tendrá un impacto negativo en la creación de empleo, dicen. En los últimos años, excepto en 2020, la CEOE y Cepyme han hecho el mismo anuncio. Nunca se ha cumplido. España no es el único caso.
Durante décadas, se mantuvo como un axioma para la mayoría de los economistas. Era uno de los mitos de la economía liberal propiciada por la reacción conservadora de los años 80 contra el Estado del bienestar simbolizada en los años de gobierno de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña. En una cruel paradoja, se decía que la inexistencia del salario mínimo era una forma de proteger a los trabajadores peor pagados. De lo contrario, sus puestos desaparecerían. Los que cobraban un sueldo de miseria debían estar agradecidos ante tanta generosidad.
La comisión de expertos entregó el miércoles al Gobierno su informe sobre el nuevo aumento del que recomiendan que esté entre el 3,4% y el 4,4%. Yolanda Díaz pretende que el Gobierno la apruebe en el punto máximo de la horquilla, 50 euros al mes hasta los 1.184 euros. “Hay mucha gente en nuestro país que vive con miedo. Con miedo de verdad”, dijo la vicepresidenta al recibir las conclusiones. “Que no es ya el de no llegar a final de mes. Muchas personas tienen grandes dificultades. Luchar por el salario mínimo es luchar por ese derecho, el de vivir sin miedo”.
A la patronal, le preocupa que el SMI se esté acercando al salario mediano de 1.600 euros, la cifra que separa a los trabajadores españoles en dos mitades, y de ahí sus augurios sobre una hipotética destrucción posterior de empleo. Ese proceso es inevitable si se quiere cumplir con la Carta Social Europa, que España ratificó y debería cumplir, que pide que el salario mínimo suponga el 60% del salario medio. En 2018 con el Gobierno de Rajoy, estaba en torno al 45%. El Gobierno está comprometido a que los aumentos salariales de los últimos años propiciados por la inflación repercutan también en el SMI.
En cierto modo, el debate ha quedado zanjado –si algo así es posible en economía– con los estudios de los últimos años y los informes de organismos internacionales que antes mostraban una hostilidad manifiesta a estas subidas. En el peor de los casos, han supuesto un “impacto marginal” en la creación de empleo, como explicó la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo en 2022. “En general, los aumentos del salario mínimo incrementan las rentas de las familias en la cola baja de la distribución y reducen la desigualdad salarial”. Son, por tanto, una forma de luchar contra la pobreza, un asunto en el que los gobiernos españoles desde los años 80 cuentan con un historial bastante mediocre.
Después de años en que el Banco de España se alejaba de sus funciones tradicionales para convertirse en un ariete propagandístico en favor de mantener bajos los salarios –el eufemismo elegido era “moderación salarial”–, en 2022 terminó por reconocer los efectos positivos del aumento del SMI y de la reforma laboral. El Gobierno encontró otro aliado inesperado en el FMI, que dictaminó en 2024 que la subida ha sacado de la pobreza a cerca de un millón de trabajadores en España en los últimos años.
La realidad es que desde 2018 y con los sucesivos aumentos del SMI se han creado en España más de dos millones de puestos de trabajo, el número de cotizantes a la Seguridad Social ha superado los 21 millones, un récord histórico, y el de parados está en el punto más bajo desde 2007.
El Partido Popular siempre se ha opuesto a esta evolución al alza del SMI o la ha condicionado a un pacto entre empresas y sindicatos que en la práctica concede el derecho de veto a la CEOE. Entre sus extraños argumentos está el de hace un año cuando dijo que “no se debe imponer lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar”. De aplicarse ese principio, no debería existir el salario mínimo.
El Gobierno necesita, algunos dirían que desesperadamente, titulares sobre avances sociales en política económica y que la actualidad no se vea marcada únicamente por lo que sale de los tribunales. La ausencia de unos presupuestos aprobados en 2025 le resta capacidad de maniobra y de comunicar a sus votantes que se toman medidas en favor de la economía. La subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral son los instrumentos más obvios para lanzar un mensaje que tiene además efectos positivos para la clase trabajadora y la juventud.
Yolanda Díaz recibe el informe de la comisión de expertos sobre el salario mínimo.
El discurso contra el salario mínimo nunca pierde fuerza en EEUU ni capacidad para generar desinformación. California aprobó en septiembre de 2023 una ley que establecía un sueldo mínimo de 20 dólares la hora para los trabajadores de las grandes cadenas de comida rápida, que cuentan con más de 700.000 trabajadores en ese Estado. Las empresas se apresuraron a anunciar despidos del personal dedicado al reparto de la comida poco antes de la entrada en vigor de la medida en abril de 2024.
La patronal californiana pagó un anuncio a toda página en la prensa para denunciar en junio que ya se habían producido 10.000 despidos. La cifra apareció como un hecho en multitud de artículos. A la hora de meter miedo, el límite lo puso el aviso de que algún día un Big Mac costaría 18 dólares en California (el precio medio de un Big Mac en EEUU es de 5,69 dólares).
Lo que ocurrió fue que, seis meses después de que se hiciera efectivo el incremento salarial, el sector de la comida rápida aumentó el número total de personal contratado. La trampa había estado en obviar que en los meses de otoño e invierno es habitual que este tipo de cadenas reduzca su personal al haber menos clientes. La contratación siempre se recupera en primavera. Según una estimación que incluye un ajuste estacional, la industria de la comida rápida ganó 5.000 empleos en California a pesar de los terribles pronósticos de la patronal.
Lo que revela la evolución de los sueldos en ese sector es que un aumento significativo del salario mínimo, como lo era el de California con un 25%, no tiene consecuencias especialmente llamativas en el volumen de empleo, la misma conclusión a la que ha llegado en España el comité de expertos que presentó sus conclusiones el miércoles.
Sin embargo, cada vez que se plantea la cuestión en EEUU, los ‘think tanks’ y los medios conservadores levantan la misma alarma infundada. Eso es lo que ha hecho que la última vez que el Congreso haya aprobado un aumento del salario mínimo federal fuera en 2009. Desde entonces, está en 7,25 dólares la hora, lo que equivale a un sueldo anual de 15.080 dólares anuales para los trabajadores a tiempo completo (cada Estado puede aprobar una cifra mayor). El debate en sí se ha convertido en una estafa y quienes son estafados son los trabajadores que reciben ingresos más bajos.