Las leyes medioambientales son las que más incumplen los países europeos

El 20% de los procedimientos de infracción que abre la Comisión Europea se deben a que los estados miembros incumplen las normas de calidad del aire, los compromisos de emisiones, gestión de residuos y el control del ruido ambiental, con España a la cabeza de las faltas

España regresa al primer puesto en infracciones ambientales de la Unión Europea

En plena emergencia climática, con todos los indicadores en alerta máxima y con los efectos devastadores mostrando ya su peor cara, las políticas medioambientales se tambalean en Europa. La ‘agenda verde’ fue la gran bandera de la Unión Europea en la anterior legislatura, pero los intereses económicos y electorales, con el auge de la ultraderecha convertido en realidad en un buen número de países, se han ido imponiendo descabalgándola de las prioridades políticas. La legislación medioambiental es la que más incumplen los estados miembros.

Un 20% de los procedimientos de infracción que ha abierto la Comisión Europea en los últimos años son por incumplir las normativas europeas en materia de medio ambiente, según recoge el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe en el que señala que esas políticas “representan el mayor número de casos tramitados” por el gobierno comunitario.

Cada mes, Bruselas abre expedientes a los países que no han adecuado a tiempo las legislaciones nacionales a las normas comunitarias, que se aprueban con el acuerdo de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (en el que están representados los gobiernos de los 27). “Desde la entrada en vigor de las directivas sobre la calidad del aire, los compromisos de emisiones y el ruido ambiental, la Comisión ha incoado 106 procedimientos de infracción contra los estados miembros por incumplimiento de las directivas”, recopilan los auditores de la UE.

No obstante, cerca de la mitad de los casos (54) se han cerrado, es decir, que los países señalados acompasaron su marco jurídico a las reglas europeas, aunque fuera del tiempo previsto para hacerlo, que normalmente es de dos años desde que se alcanza el acuerdo. El resto de procedimientos de infracción siguen abiertos. La Comisión Europea da dos apercibimientos a los gobiernos para que transpongan las directivas en procedimientos que suelen alargarse antes de que el asunto se remita al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En total, según la recopilación del Tribunal de Cuentas europeo, han llegado al TJUE 25 de los 106 procedimientos abiertos y se dictaron 22 sentencias. “Si un estado miembro no cumple una sentencia, la Comisión puede someter el asunto al TJUE y pedir que imponga sanciones pecuniarias”, recuerda el informe. “La Comisión ha solicitado la imposición de sanciones financieras a un Estado miembro (Bulgaria) en 2021 y ha enviado cartas de emplazamiento (…) a Francia, Italia, Hungría y Polonia”.

España lidera el ranking

Los datos recopilados por los auditores se limitan a esas tres directivas, pero hay más infracciones por incumplimiento de la normativa medioambiental y España lidera (junto a Italia) el ranking de la Comisión Europea sobre infracciones medioambientales con 22 casos abiertos del total de 309. Los problemas recurrentes de España tienen que ver fundamentalmente con la gestión del agua, la protección de la naturaleza y el manejo de los residuos.

Más allá de los incumplimientos nacionales, el conjunto de la UE ha rebajado en los últimos meses la ambición del Pacto Verde Europeo (cuya nomenclatura se ha sustituido ahora desde Bruselas para denominarlo Pacto Industrial Limpio) que puso en marcha en el anterior mandato para lograr la neutralidad climática a mediados de siglo, con una meta intermedia de reducir en un 55% las emisiones en 2030. Pero en las instituciones europeas asumen que es difícil cumplir con esos objetivos. El aplazamiento del reglamento para combatir la deforestación, la degradación de la protección del lobo o la descafeinada ley de restauración de la naturaleza son algunos ejemplos.

Y todo eso ocurre cuando se producen más de 253.000 muertes prematuras al año sólo por la contaminación del aire, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2021, aunque la cifra se ha reducido en los últimos años desde las 431.114 registradas en 2005. “Los datos disponibles indican que la calidad del aire en la UE ha mejorado en líneas generales”, señala el informe del Tribunal de Cuentas, que analiza específicamente la situación de la contaminación atmosférica y acústica en la Europa urbana, donde viven tres cuartos de la población.

Suspenso en el combate de la contaminación acústica

Los auditores advierten de que la contaminación atmosférica, en particular “la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) causada por automóviles y camiones, sigue siendo un problema importante”. “Dado que las normas de calidad del aire de la UE pronto serán más estrictas, las ciudades de la UE tendrán que redoblar sus esfuerzos para cumplir las nuevas normas de la UE si quieren acercarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala el informe.

Aún más crítico es el Tribunal de Cuentas respecto a la contaminación acústica, que tiene efectos adversos para la salud, como trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, molestias, deficiencias cognitivas y problemas de salud mental. La exposición a largo plazo al ruido ambiental contribuye a 48.000 nuevos casos de cardiopatías y a 12.000 muertes prematuras en Europa cada año. Una de las críticas de los auditores es que los límites acústicos recogidos en la normativa europea son inferiores a las recomendaciones de la OMS, Así, se hace eco de un informe que apunta a que 200 millones de ciudadanos europeos están expuestos a niveles nocivos de ruido procedentes de carreteras, ferrocarril y aviones.

“Según la Comisión y la Agencia Europea del Medio Ambiente, parece poco probable que se alcance el objetivo de contaminación cero de reducir el número de personas perjudicadas por el ruido del transporte en un 30% en 2030. Las estimaciones actuales de la Comisión muestran que no disminuirá más de un 19% en 2030 y, en el escenario pesimista, el número total de personas que sufren molestias crónicas por el ruido del transporte puede incluso aumentar un 3%”, recoge el informe.

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