Los socialistas, que plantean reformular la iniciativa, acuerdan con los independentistas catalanes «seguir estudiando» la proposición no de ley y vuelven a darse un margen para tramitarla y así evitar una crisis política
El PSOE propone a Junts “reformular” su petición de una moción de confianza para evitar el choque
La Mesa del Congreso de los Diputados vuelve a aplazar la tramitación de la proposición no de ley de Junts que exige a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Los socialistas consideran que esa propuesta no se ajusta a la legalidad porque la Constitución fija ese instrumento como una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, pero tras negociar durante toda la semana con Carles Puigdemont evitan el choque político y la dejan “pendiente de calificación”, a la espera de que pueda ser reformulada.
En el PSOE temen que un rechazo puro y duro de los representantes socialistas a la proposición no de ley pudiera provocar toda una catarata de reacciones airadas por parte de Puigdemont y los suyos. Y que eso no solo dinamitara cualquier opción de negociar unos Presupuestos, sino que tuviera aún más implicaciones, como el bloqueo de medidas nucleares para el Ejecutivo como la reducción de jornada laboral o el paquete anunciado en materia de vivienda.
Por eso, las conversaciones entre la cúpula del PSOE y la de Junts se han intensificado desde el lunes en busca de una salida. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes al corriente de la negociación, la propuesta que los socialistas han trasladado al entorno de Puigdemont es la de “reformular” su texto, tal y como también planteaba el informe de los letrados del Congreso que solicitó en su día la Mesa.
La idea de esa reformulación, según esas mismas fuentes, sería reforzar el carácter “mera y exclusivamente político” de la iniciativa, en forma de reproche o de exigencia al Gobierno del cumplimiento de los acuerdos firmados. Pero que evite las alusiones directas a un mecanismo constitucional, el de la cuestión de confianza, exclusivamente reservado al presidente del Gobierno.
Descartada de plano la calificación de la proposición no de ley tal cual está registrada, la decisión ha sido dejarla “pendiente de calificación”. Según fuentes parlamentarias, no se trata de un aplazamiento puesto que la Mesa tiene tiempo hasta mediados de febrero para admitirla a trámite. El límite lo fija la fecha en la que Junts tiene plazo para defender sus iniciativas en el Pleno: el 25 del próximo mes. “No hay problema con que se siga estudiando”, aseguran esas fuentes preguntadas sobre si el partido de Puigdemont está de acuerdo con la decisión de este jueves.
Con este nuevo margen, esperan las fuentes socialistas consultadas, la expectativa es encontrar una salida negociada a este último entuerto.
Junts, que acusa públicamente a Sánchez de reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados, se desmarcó en diciembre con una exigencia inédita: que el presidente revalidase su continuidad en el cargo ante el Pleno del Congreso como condición previa a negociar los Presupuestos. El movimiento ya pilló por sorpresa en su momento a la Moncloa, que llegó a considerar que se trataba de una sobreactuación de los independentistas catalanes. Pero en las últimas semanas no han dejado de alimentar el órdago.
“Si no se tramita, tomaremos decisiones y no les gustarán”, dijo esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull. Antes, el propio Puigdemont advirtió incluso de “consecuencias irreversibles”. A esa escalada verbal respondió este martes el Gobierno con algo parecido a un portazo. “Hay un tema de fondo y otro de forma”, explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. “De forma, porque es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, y de fondo porque ¿para qué? El Gobierno cumple sus compromisos con todos los grupos”, reivindicó. En privado, varias fuentes de Moncloa consultadas por este periódico aseguraron que la propuesta no se tramitará en ningún caso porque eso sentaría un precedente “peligroso”, que pondría en cuestión el papel de los grupos parlamentarios y del propio presidente del Gobierno, cuyas funciones vienen “claramente fijadas en la Constitución”.
En un informe de 14 páginas que abordó la conveniencia o no desde el punto de vista legal de que se admita a trámite la iniciativa de Junts, los letrados de la Cámara Baja terminaron por lavarse las manos y pasarle la patata caliente a los grupos parlamentarios representando en la Mesa. “A la vista de los precedentes existentes, no cabe extraer una línea de actuación unívoca por parte de la Mesa. Partiendo de la premisa de que nos encontramos ante una proposición no de ley, el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo” apuntó ese informe.
El escrito añade que, al no existir precedentes, “corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”. Eso sí, en el caso de ser admitida a trámite, los servicios jurídicos ya sugirieron a Junts que reformulen su iniciativa. “Cabría solicitar al grupo parlamentario autor de la iniciativa la reformulación de la misma para reforzar el carácter exclusivamente político de la misma”.
Sumar se alinea con el PSOE
Sumar se ha alineado finalmente con la decisión que ha tomado el PSOE, pese a que la tentación de los socialistas de tumbar este mismo jueves la iniciativa de Junts había generado algo de división interna dentro de la coalición. La relación con los de Carles Puigdemont es una cuestión delicada para Yolanda Díaz, que tiene interlocución activa con ellos para varias cuestiones, entre ellas la reducción de la jornada laboral, que irá al Congreso en los próximos meses.
Por otro lado, este miércoles algunos partidos de la coalición interpretaron que la mejor estrategia debía pasar por tramitar la iniciativa, como expresó Compromís en una rueda de prensa. “Junts propone una proposición no de ley que implicaría simplemente expresar la voluntad política de los diferentes grupos de esta cámara. No tienen vinculación de ningún tipo. No tenemos que tener miedo a la democracia, al debate de ideas”, dijo su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó. En el lado opuesto, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, acusaba a los posconvergentes de hacer trampas con el reglamento y de ir de “farol”.
El grupo parlamentario se reunió en la tarde de este miércoles para tratar de alcanzar una posición de consenso al respecto, aunque a primera hora de esta mañana seguían pendientes de resolver su posición. Los votos de Sumar son claves en la Mesa del Congreso: su voto junto al del PP habría permitido tramitar directamente la iniciativa. Pero antes de que comenzase la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, el diputado del grupo plurinacional y vicepresidente primero del Congreso, Gerardo Pisarello, revelaba que seguían estudiando “cómo se puede adaptar al reglamento” ese texto.