El fiscal que investigó y denunció a Alberto González Amador acusa a uno de sus abogados de haber filtrado de forma irregular a Miguel Ángel Rodríguez uno de los correos que cruzaron cuando exploraban un posible pacto en su caso de doble fraude fiscal
La Fiscalía pide que la pareja de Ayuso declare en la causa de fraude fiscal
Almudena Lastra, máxima responsable de la Fiscalía en Madrid, ha comparecido este jueves en el Tribunal Supremo para exponer sus sospechas de que la filtración de la confesión de Alberto González Amador salió del Ministerio Público. En su comparecencia, según fuentes del caso, Lastra ha llegado a revelar que preguntó directamente al fiscal general si había sido él quien había filtrado el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: “Eso ahora no es importante”, ha dicho que contestó Álvaro García Ortiz. Julián Salto, el fiscal que investigó y denunció al empresario, ha acusado al primer abogado de Alberto González Amador de filtrar, por su parte, un email confidencial de la Fiscalía.
Los dos han reiterado ante el juez Ángel Hurtado el relato que ya explicaron cuando la causa se tramitaba ante el Tribunal Superior de Madrid: que en la noche del 13 de marzo la Fiscalía General exigió que dieran cuenta del cruce de correos que había mantenido el fiscal Julián Salto con el abogado de Alberto González Amador. La razón, han reiterado los dos, es que esa noche varios medios estaban publicando informaciones sesgadas o directamente falsas sobre el caso y la actuación de la Fiscalía.
Lastra ha verbalizado varias veces su enfado en ese momento tanto con las filtraciones de datos del caso como con el comunicado que finalmente se emitió en la mañana del 14 de marzo. Discutió varias veces con varias personas de la Fiscalía General hasta el punto de preguntar directamente a Álvaro García Ortiz sí él había filtrado ese correo: “Eso ahora no es importante”, ha dicho que contestó él.
Julián Salto también ha reiterado su versión de los hechos y ha contado cómo tuvo que gestionar esos correos para remitirlos a la Fiscalía General en medio de un partido de fútbol. El fiscal se ha hecho eco de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que reconoció que él tenía uno de los correos del caso, firmado por el propio Salto, de manos del abogado de Alberto González Amador y que lo difundió, con permiso del empresario, a varios medios de comunicación. Salto, ante el Supremo, ha acusado a ese letrado de haber faltado a su deber de reserva.
El fiscal que denunció a Alberto González
Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que llevó la investigación contra Alberto González Amador y denunció tanto al empresario como a varios de sus socios y sus empresas. Fue el destinatario del correo con el que, en febrero de 2024, envió el abogado de la pareja de Ayuso para confesar sus delitos fiscales y proponer un pacto. Un mes más tarde el fiscal Salto devolvió la comunicación enviando la denuncia que habían presentado y recordando que el pacto, si seguía sobre la mesa, era una opción viable.
El miembro del Ministerio Público ya declaró como imputado ante el Tribunal Superior de Madrid, cuando la causa aún no se dirigía contra el fiscal general y cuando lo que se analizaba era el comunicado con el que la Fiscalía buscó desmentir una información de El Mundo que daba una versión distorsionada de esas comunicaciones. Explicó entonces que esa noche del 13 de marzo estaba viendo un partido de fútbol cuando recibió una llamada de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, pidiendo los correos que había cruzado con la defensa de González Amador.
La versión que hoy ha ratificado como testigo incidía en que él se limitó a cumplir con su obligación estatutaria de informar a sus superiores sobre una investigación en curso, negando haber participado en ninguna filtración a los medios de comunicación. También confirmó entonces que la información publicada por distintos medios y difundida por el propio Miguel Ángel Rodríguez era falsa: la propuesta de pacto era de la pareja de Ayuso, no de la Fiscalía, y en ningún caso había sido retirada por “órdenes de arriba”.
Almudena Lastra es fiscal jefe de Madrid, superior jerárquica de Salto en la Fiscalía que, finalmente, emitió un comunicado en la mañana del 14 de marzo para desmentir esas informaciones tras requerir todos los correos. La exvocal del Consejo del Poder Judicial ya declaró como testigo ante el Tribunal Superior y evidenció el enfrentamiento con la fiscalía general por la gestión de la crisis informativa esos días: afirmó que nunca estuvo de acuerdo con el contenido de ese comunicado, que se enfadó por las filtraciones y que el fiscal general había ordenado su publicación.
En su comparecencia Lastra también criticó que esa noche la primera filtración hubiera sido de un correo de uno de sus fiscales, Julián Salto, dirigido a la defensa de González Amador.
El caso contra el fiscal general
Las diligencias que impulsa el Supremo desde mediados de octubre contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador ha cogido un nuevo impulso en las últimas semanas de manos del juez Ángel Hurtado. El magistrado ha llamado a declarar al propio Álvaro García Ortiz el próximo 29 de enero y ha ampliado las imputaciones a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, uno de sus colaboradores más cercanos en el Ministerio Público.
El instructor está convencido de que los tres fiscales imputados urdieron una estrategia para filtrar y difundir datos confidenciales de la causa por fraude fiscal de Alberto González Amador para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su último auto de citación, el juez incluso se hace eco de la información aportada por Juan Lobato, antiguo secretario general del PSOE en la capital, y extiende a Moncloa las sospechas de haber participado en esta estrategia con una filtración procedente de la Fiscalía.
El juez se basa, sobre todo, en los informes de la Unidad Central Operativa que han analizado los mensajes que Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, cruzó entre el 12 y el 14 de marzo con compañeros y superiores en el Ministerio Público, entre ellos el fiscal general. Mensajes que el fiscal general borró poco después de la apertura de la causa al cambiar de teléfono y que no arrojaban datos concluyentes sobre si alguno de los imputados filtró o dio la orden de filtrar ese correo.
El magistrado también ha tomado declaración a ocho periodistas, dos de los cuales afirmaron que tuvieron acceso a ese correo antes de que el fiscal general lo obtuviera de manos de Julián Salto. Esos testimonios, según el juez, son insuficientes para desvirtuar las pruebas que, considera, tiene contra Álvaro García Ortiz para considerarle máximo responsable de la filtración.