Las declaraciones de los fiscales en el Supremo entierran la teoría de la conspiración de Ayuso

“Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección”. Isabel Díaz Ayuso esperó unas pocas horas después de que elDiario.es publicara que la Fiscalía había denunciado a su pareja para dar el pistoletazo de salida a la teoría de la conspiración. Un discurso que pretendió poner bajo sospecha la inspección inicial de Hacienda a su pareja, toda la investigación y la denuncia final. Dos fiscales directamente implicados en el caso, Julián Salto y Almudena Lastra, han testificado este jueves en el Supremo y explicado el detalle que tira por tierra esa teoría: ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era Alberto González Amador hasta días después de que el caso ya estuviera en manos de los jueces.

El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid dedicó sus esfuerzos a mantener a su pareja en el anonimato cuando trascendió en 2021 que mantenían una relación. Presentado como un “técnico sanitario” en las primeras crónicas, Alberto González Amador era en realidad un proveedor que trabajaba para el gigante sanitario Quirón y que se había enriquecido con comisiones millonarias durante la pandemia en operaciones de compraventa de mascarillas gracias al encargo de una empresa que administraba su jefe directo en Quirón. Una vez conocida la exclusiva de elDiario.es sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él por defraudar 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas, la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue dibujar una supuesta trama del Estado contra “un particular” para perjudicar a la presidenta regional.

La realidad, según las pruebas que hay tanto en el juzgado que investiga el fraude fiscal como en el Tribunal Supremo que indaga sobre un delito de revelación de secretos que mantiene imputada a la cúpula de la Fiscalía General del Estado, es que los fiscales acusados de filtrar su correo no sabían que eran pareja hasta que la denuncia ya estaba en manos de los jueces. Tampoco que, a lo largo del proceso fiscal y penal, su abogado reconoció varias veces su culpabilidad en busca de un pacto o una vía de escape que evitase la cárcel mientras Ayuso y su entorno difundían falsedades como que, no había fraude y en realidad, era Hacienda quien debía dinero al empresario.

Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, ha sido la primera en testificar. Muy crítica desde hace meses con la gestión del fiscal general en esos días de marzo, la exvocal del Poder Judicial ha mostrado sus sospechas pasadas y presentes de que la filtración del correo con la confesión de González Amador salió de la Fiscalía. Llegó incluso a preguntar directamente a Álvaro García Ortiz si él había pasado el documento a la prensa. Y ha aportado el dato de cuándo supo quién era el denunciado en ese caso de fraude fiscal: el 7 de marzo de 2024. Dos días después de que la denuncia fuera presentada en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Casi dos años después de que Hacienda empezara a sospechar de sus declaraciones tributarias.

Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que asumió la investigación de Hacienda y terminó denunciando a Alberto González Amador. Sus diligencias arrancaron el 23 de enero de 2024 y el día 5 de marzo de ese año presentó la denuncia en los juzgados de Madrid. Según ha dicho este jueves ante el magistrado Ángel Hurtado, obligado a decir la verdad, se enteró de que González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso tres días después, el 8 de marzo, cuando se lo dijo una de sus superiores, Virna Alonso. Una vez lo supo, además, tuvo la deferencia de remitir por correo la denuncia al abogado del empresario en vez de hacerle esperar a que le llegara vía judicial semanas después.

Los mensajes y correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial imputada, también apuntan en la misma dirección: cuando se presentó la denuncia en el juzgado en la Fiscalía no sabían quién era Alberto González Amador y su causa, de hecho, no había llegado a la cúpula del organismo por conducto vertical hasta finales de la primera semana de marzo, dos meses después de la apertura de diligencias, una vez presentada la denuncia y casi dos años después del comienzo de la inspección fiscal. Isabel Díaz Ayuso, pocas horas después de la exclusiva de elDiario.es, llegó a achacar el proceso contra su pareja a que la fiscal provincial fue alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Las declaraciones en el Supremo de Lastra y Salto, similares a las que ya ofrecieron en el Tribunal Superior de Madrid, desmontan la tesis de la persecución política que Ayuso y su gabinete han esgrimido desde que este medio reveló el doble fraude fiscal de su pareja. La misma estrategia que persiguió Miguel Ángel Rodríguez y el entorno de la presidenta cuando filtraron a diversos medios que había sido el fiscal del caso quien había propuesto un acuerdo, que según el jefe de gabinete se había frenado por “órdenes de arriba”. Según ese relato, que el fiscal general ordenó combatir la noche de la filtración con una nota de prensa que está en el origen de su imputación, Rodríguez pretendía hacer ver que la Fiscalía seguía instrucciones políticas para estirar el caso del fraude de González Amador. La primera información, publicada por el diario El Mundo a las 21.29 horas de esa noche, apuntaba en ese sentido omitiendo que el ofrecimiento había partido del empresario y no al revés.

El propio Rodríguez ya ha declarado ante el Supremo que no tenía ninguna prueba de esa falsedad y que lo que filtró a varios medios fue una “opinión” y no información porque lleva muchos años en política y ya “peina canas”. Todo era falso, según se ha demostrado en las distintas comparecencias, incluida la suya, en los tribunales.

Acusaciones al abogado de Alberto González

La causa del doble fraude por la que tendrá que comparecer como imputado Alberto González Amador el próximo 7 de febrero, el cuarto intento para tomar declaración al empresario, no arrancó tampoco con “una inspección de Hacienda sacada de quicio” como también llegó a afirmar Isabel Díaz Ayuso poco después de estallar el caso. La documentación tributaria y judicial revela que las alarmas saltaron en la Agencia Tributaria cuando los inspectores comprobaron que la empresa de González Amador había facturado en 2020 y 2021 seis veces más que en años anteriores y que, sin embargo, había declarado menos beneficios y pagado menos por el Impuesto de Sociedades.

Lo que encontró Hacienda no fue una discrepancia fiscal o unos gastos incorrectamente imputados sino un entramado de facturas falsas por 1,7 millones que ha llevado a la imputación a varias personas y sociedades, pendientes también de declaración. Las estrategias de la defensa de González Amador a lo largo del proceso también apuntan en dirección contraria: que sabía que había actuado de forma ilegal. Primero intentó retirar varias facturas de trabajos que nunca se realizaron. Después, pagar sus deudas y posibles multas en la declaración del año 2022, una maniobra rechazada por el fisco. Finalmente su letrado se puso manos a la obra para buscar un pacto un mes antes de ser denunciado, movimiento tradicionalmente reservado para las fechas próximas al juicio.

En el Supremo el juez Hurtado investiga si en la noche del 13 de marzo el fiscal general o alguien bajo su mando difundió entre la prensa ese correo en el que el letrado Carlos Neira reconocía, en nombre de su cliente, su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a pagar medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no pisar la prisión y cerrar el caso con el menor ruido posible. El magistrado está convencido, a falta de tomar declaración a los imputados, que Álvaro García Ortiz lideró una estrategia para filtrar esa información para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, estrategia en la que incluso involucra a la Moncloa, sin aportar ninguna prueba de ello, más allá de un informe de la UCO que, a base de deducciones, señaló la participación “preeminente” de García Ortiz en la filtración.

La causa arrancó hace meses en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Alberto González y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que un comunicado de la Fiscalía había revelado detalles confidenciales del posible pacto y que eso, además de delictivo, había afectado a su derecho de defensa. Lo que no explicaban en sus denuncias y querellas es lo que ha revelado estas semanas, como testigo y obligado a decir la verdad, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid: uno de los abogados de González Amador puso en circulación un correo del fiscal Julián Salto que, Rodríguez mediante, publicaron una decena de medios la noche del 13 de marzo.

Así lo afirmó el jefe de gabinete de Ayuso en su comparecencia ante el juez, intentando matizar ante los micrófonos que en realidad había sido Alberto González Amador quien le había hecho llegar el email. Este jueves, ante el juez, el fiscal Julián Salto ha acusado al abogado Carlos Neira de faltar al deber de confidencialidad al pasar ese correo a Miguel Ángel Rodríguez, algo que no sabía en ese momento y de lo que se ha enterado por la prensa. Lastra ya había hecho esa misma queja en el Tribunal Superior e incluso había confiado en que el Colegio de Abogados de Madrid expedientase al letrado que filtró la primera comunicación a través del jefe de gabinete de Ayuso. El Colegio de Abogados de Madrid, que presentó una denuncia ante la fiscalía tras entender que reveló secretos tras desmontar ese bulo, nunca ha actuado contra el letrado Carlos Neira.

El juez Hurtado tomará declaración, también como testigos, a los responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid antes de recibir, ya como investigados, a los tres sospechosos: el fiscal general Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial Pilar Rodríguez y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a quienes acusa de haber filtrado esa documentación. Se basa en las gestiones que hicieron durante la noche del 13 de marzo, en que varios medios publicaron la acusación falsa de que la fiscalía actuaba cumpliendo órdenes políticas contra la pareja de Ayuso, para recopilar la documentación que sirviese para desmentir ese bulo. Incluido el correo de la confesión de la pareja de Ayuso que publicó eldiario.es después de que lo adelantasen otros medios como la Cadena Ser y La Sexta.

Tanto el redactor de la cadena Ser que publicó la noticia, como el director adjunto de elDiario.es, José Precedo, declararon ante el Supremo que ambos tenían ese correo antes de que El Mundo difundiese esa información manipulada, algo que desmontaría la acusación de la revelación de secretos. El magistrado Ángel Hurtado no tuvo en cuenta esos testimonios y alegó en un auto que los dos periodistas no presentaron pruebas objetivas, ya que ambos se acogieron a su derecho constitucional a proteger las fuentes.

En paralelo, la jueza de Madrid ha llamado a declarar al empresario, que el próximo siete de febrero se enfrentará a su cuarta citación como investigado en la causa y al que la Fiscalía acusa de un cuarto delito, además de los dos de fraude fiscal y el de falsedad documental, que González Amador estaba dispuesto a reconocer en el último acuerdo con el ministerio público el pasado verano, un cuarto de corrupción en los negocios, por el pago de medio millón de euros por una sociedad vacía a la mujer de su jefe en Quirón, Fernando Camino, administrador de la empresa Mape que propició con su pedido la comisión de dos millones de euros que está en el inicio de todo este caso.