La buena marcha de la economía, que todos los pronósticos garantizan al menos durante los dos próximos años, será el colchón que amortigüe sus dificultades políticas. Sánchez tiene problemas, algunos serios. Pero no vive en una situación de emergencia política. La relación con Junts es, hoy por hoy, su mayor dificultad
El PSOE sigue negociando con Junts su petición de una moción de confianza, por lo que la decisión parlamentaria al respecto se ha retrasado, en principio, un día. Ese dato de última hora se puede interpretar como que aún existen posibilidades de un acuerdo. Pero hasta en el supuesto de que el intento fracasara, el Gobierno de coalición seguiría en el poder. No hay elecciones a la vista. Hasta sin Presupuestos Pedro Sánchez parece dispuesto a seguir. ¿Pero cuánto tiempo puede aguantar el flagrante deterioro de sus alianzas que restringe cada vez más su capacidad de maniobra?
Sólo se puede hacer un vaticinio al respecto: que la ruptura abierta y total con Junts, a la que de una u otra manera podría vincularse Esquerra a la vista de la buena sintonía que ha habido entre Puigdemont y Junqueras este jueves en Waterloo, sólo podría producirse después de que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la Ley de Amnistía. El que el tribunal haya apartado al juez conservador José María Macías de ese debate confirma las posibilidades de que la ley sea aprobada. Lo que no se sabe es cuándo llegará la sentencia. Y hay quien piensa que todavía falta un año para que eso ocurra.
Aunque el plazo podría acortarse –y eso también dependerá de las presiones que reciba el tribunal– en el tiempo que falta hasta que llegue la sentencia pueden ocurrir muchas cosas en el panorama político y judicial. De aquí a entonces se podría aclarar mucho la situación procesal del fiscal general del Estado, así como las de la esposa del presidente del Gobierno y también la de su hermano. Y si, como los optimistas pro gubernamentales creen, todas esas causas terminan en el sobreseimiento o algo parecido, la situación en la que el Gobierno afrontaría un final anticipado de la legislatura sería mucho más favorable de la que aparece en estos momentos.
Una vez más, habrá que esperar, por tanto. La situación política española no está del todo bloqueada, pero sí lo suficiente como para que ni el Gobierno ni la oposición tengan capacidad para producir dinámicas de cambio significativo de la misma. Unos y otros no tienen más remedio que ir al día y limitar sustancialmente su actuación a la propaganda o a golpear al rival. Así hasta las elecciones. Que tal y como están las cosas, no parece que vayan a tener lugar a mediados de 2027, como ocurriría si los plazos tasados se cumplieran, sino probablemente un tanto antes.
Hablar de pronósticos electorales cuando la situación actual es tan confusa y puede cambiar tanto de un mes para otro no tiene demasiado sentido, aunque es un referente que siempre ha de ser tenido en cuenta como elemento de contexto. Los sondeos, punto arriba o punto abajo, indican un empate entre el PP y el PSOE, que Vox está por encima del 13%, que Sumar no deja de caer, hasta el 6%, y que los demás partidos se mantienen respecto a los resultados de julio de 2023. En definitiva, que la derecha gana en estos momentos. Pero no por mucho. Y, sobre todo, no con los porcentajes que le harían falta para proclamar que su victoria ya es inapelable. Ni mucho menos. Todavía hay partido.
Y lo seguirá habiendo aunque el Gobierno no consiga que se aprueben unos nuevos presupuestos. Ese fracaso es cada vez más probable a la vista de cómo van las cosas con los independentistas catalanes: y quién sabe si también el PNV, muy disconforme con la política fiscal de Pedro Sánchez, no dará una sorpresa de última hora. Pero lo más probable, si bien nunca del todo seguro, es que el Gobierno de coalición aguante también ese fiasco y siga tirando millas al menos un año más. La buena marcha de la economía, que todos los pronósticos garantizan al menos durante los dos próximos años, será el colchón que amortigüe sus dificultades políticas. Sánchez tiene problemas, algunos serios. Pero no vive en una situación de emergencia política.
La relación con Junts es, hoy por hoy, su mayor dificultad. Puigdemont quiere sacar la cabeza, volver a Cataluña, cuando le concedan la amnistía, en condiciones de aspirar a una victoria en las próximas elecciones autonómicas y para ello está desplegando todo su arsenal ofensivo y de chantaje al Gobierno central. Con un elemento adicional que hasta hace poco no estaba en el tablero y que seguramente es de los que más influyen en su nueva actitud: el de que los líderes de las principales organizaciones empresariales catalanas, y particularmente José Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball, antiguo dirigente de CIU, le están exigiendo que combata la política fiscal de Madrid.
El asunto es serio y puede tener consecuencias. Porque, aun cuando algunos no se hayan dado cuenta, el Gobierno de coalición ha propiciado en los últimos tiempos un giro a la izquierda, que se ha concretado sobre todo en su política fiscal –con la creación de nuevos impuestos y el aumento de algunos de los ya existentes– y también con sus reformas laborales, algunas de calado.
Y la actitud de Foment del Treball confirma que ha empezado a consolidarse, y puede hacerlo aún más en un futuro, la reacción del mundo empresarial a esa política. El retraso en la aprobación de la reducción de la jornada laboral que tanto indigna a Yolanda Díaz podría expresar la preocupación del Gobierno por esa actitud del empresariado. Porque lo que parece que está haciendo el ministro Carlos Cuerpo es un intento de negociar ese proyecto con la patronal. Y esa línea podría aplicarse en otros capítulos de la política económica.
Los partidos que están a la izquierda del PSOE no aceptarán esas componendas, en el caso de que se concreten. Y por ahí podría surgir un nuevo problema para la coalición. O no. Porque quién sabe si un poco de batalla política, con verdaderos contenidos, entre los distintos sectores de la izquierda, no vivifica a todas las partes.