Los mensajes y declaraciones aportados al Supremo revelan el rastro de desinformación que propició el jefe de gabinete de Ayuso para proteger a Alberto González Amador horas después de responder a este periódico que el fraude no tenía nada que ver con la Comunidad de Madrid
Los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez con la pareja de Ayuso demuestran que mintió a sabiendas sobre el pacto con la Fiscalía
– ¿Cómo distingue usted entre información y opinión?
– Eso lo aprendemos en el oficio.
La pregunta fue enunciada por la Fiscalía en el Tribunal Supremo. La respuesta fue la corta y contundente explicación de Miguel Ángel Rodríguez dio sobre cómo hace para distinguir entre los hechos reales y los de su cosecha que filtra a algunos medios. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso lleva casi un año ejerciendo de abogado de Alberto González Amador ante la opinión pública y los últimos avances judiciales revelan que sus herramientas predilectas han sido los bulos, las mentiras, las filtraciones interesadas e incluso las amenazas a periodistas. La mayor parte de sus argumentos no han pasado la prueba del algodón, ni siquiera la obligación de decir la verdad ante el juez.
El primer contacto verificado de Miguel Ángel Rodríguez con el caso de Alberto González Amador fue cuando, en la noche del 11 de marzo de 2024, un periodista de elDiario.es contactó con él por WhatsApp para darle una noticia y pedir una valoración de la presidenta madrileña: a la mañana siguiente el periódico iba a publicar en exclusiva que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un fraude fiscal de 350.000 euros. El periodista remitió por escrito a través de ese sistema de mensajería seis preguntas para que respondiese la presidenta: si estaba al tanto de la denuncia por fraude, si conocía la existencia de facturas falsas, en cuántas viviendas reside Ayuso y quién las paga, si, tal y como había publicado alguna prensa, se había comprado un piso en Chamberí con su pareja…
“Nada de lo que preguntas tiene que ver con la Comunidad de Madrid”, contestó varias veces Miguel Ángel Rodríguez, que advirtió en repetidas ocasiones: “Vosotros veréis”.
En ese momento empezó la primera de muchas mentiras de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la gestión informativa del caso de su pareja. Una mentira de racimo: lejos de no tener que ver con la Comunidad de Madrid, Rodríguez asumió personalmente desde ese mismo momento su defensa pública desde su puesto a la diestra de la presidenta regional. Nueve meses después, como testigo ante el Supremo, afirmó de forma rotunda que ningún periodista de elDiario.es había contactado con él antes de publicar la información. Las pruebas de sus mentiras están ya en manos del tribunal.
La estrategia de la Comunidad de Madrid, su presidenta y su jefe de gabinete pasó en aquellos días de marzo de 2024 por enmarcar la inspección y denuncia contra su pareja en una conspiración de Hacienda, Fiscalía y Gobierno contra él para atacar a Isabel Díaz Ayuso, el mayor activo político territorial del PP. “Una persecución política escandalosa”, dijo entonces la dirigente. Los fiscales que han declarado en el Supremo enterraron hace unos días esa teoría de la conspiración: ni siquiera el fiscal Julián Salto, que le investigó antes de presentar la denuncia, supo quién era hasta días después de haber mandado su escrito al juzgado.
Miguel Ángel Rodríguez nunca fue ajeno a la crisis política desatada tras la publicación de la denuncia y así lo demuestra su declaración testifical. La misma mañana del 12 de marzo, pocas horas después de la primera publicación de este medio, cruzaba mensajes con Alberto González Amador, a quien tiene guardado en el móvil como “Alberto Quirón”, en referencia al gigante sanitario para el que trabaja desde hace años la pareja de Isabel Díaz Ayuso, algo que también investiga la Fiscalía. Unos mensajes que, conocidos nueve meses después, desvelan que Miguel Ángel Rodríguez mintió a sabiendas ante más de un centenar de periodistas sobre un aspecto clave del caso.
Mientras Ayuso se afanaba en defender que su pareja estaba siendo objeto de la misma persecución que habían padecido su hermano o su padre, Miguel Ángel Rodríguez recibió en su móvil la prueba de lo contrario. Alberto González Amador no solo no estaba siendo víctima de una inspección salvaje del fisco, sino que estaba negociando con la Fiscalía para reconocer sus delitos, pagar una multa y zanjar el asunto con el menor ruido posible.
Rodríguez lo sabía porque, tal y como ha aportado él mismo al juez Hurtado, a las nueve de la mañana del 12 de marzo recibió en su teléfono un mensaje del abogado de Alberto González que le rebotaba el propio empresario: “Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima”, decía el letrado. Y a renglón seguido recibió también un correo del fiscal Julián Salto que, entre otras cosas, explicaba que podían pactar aunque los otros denunciados, los que supuestamente le facilitaban las facturas falsas, no quisieran.
El asesor jefe de Ayuso guardó esa información durante casi 40 horas hasta que, en la noche del día 13 de marzo y según ha explicado él mismo, su relato se vio en peligro. El Mundo había publicado que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, Rodríguez había refrendado esa idea en Twitter alegando que había sido frenada por órdenes de arriba, y minutos después La Sexta había desvelado la verdad: era el empresario el que se había prestado a reconocer sus delitos y pactar. Miguel Ángel Rodríguez cogió entonces las partes que más le convenían del mensaje que había recibido esa mañana y contactó con más de 100 periodistas a los que atiende a través de dos grupos de WhatsApp, algo habitual en la comunicación política.
Rodríguez, que siempre ha defendido desconocer que un mes antes de la primera publicación de elDiario.es el abogado de Alberto González había hecho una oferta formal a la Fiscalía en la que confesaba dos delitos de fraude a Hacienda, remitió a los medios el correo del fiscal Salto de forma descontextualizada. Desapareció que el letrado buscaba “un condenado y multa mínima”. Para desmentir la información de “los medios de la izquierda voraz”, que estaban contando la verdad esa noche, rebotó el email del fiscal Salto y dio a entender que era la Fiscalía la que había propuesto el acuerdo. Omitió también que, según el abogado de González Amador, “todo sigue en pie”, y comunicó a los periodistas que el pacto amistoso se había frenado “por órdenes de arriba”. Igual que había contado en Twitter. Muchos publicaron esa información.
El director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo.
“No tengo información concreta”
Esa filtración fue el detonante que llevó a la Fiscalía General a recabar todos los datos y desmentir las primeras informaciones sobre el caso, derivando al día siguiente en un comunicado que se transformó en la causa judicial que hoy, tras algunos cambios de foco, mantiene imputado al fiscal general del Estado. Rodríguez defendió esa versión a capa y espada hasta que estas semanas, en el Supremo, se ha visto obligado a decir la verdad y a evidenciar cómo esa noche trasladó una mezcla de información y desinformación que no todos se esforzaron en separar.
A preguntas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía en el Supremo, reconoció que su afirmación de que el pacto se había frenado desde arriba “no es información”, sino que él tiene “el pelo blanco” para saber cómo funcionan las cosas. “Llevo muchos años en este ámbito (…) De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta”, explicó al juez. Así se fraguaron los titulares de media docena de medios de comunicación que atribuyeron a la fiscalía una operación política para tratar de arrastrar el nombre de la pareja de Ayuso por los juzgados para beneficiar al Gobierno, en lugar de cerrarlo todo con un pacto y una condena sin juicio.
El magistrado, por el momento, no ha dado mucha importancia a un tira y afloja que sí ayuda a ver los pilares maestros de una estrategia que sigue desarrollando a día de hoy el entorno de Ayuso: el mensaje que recibió en la mañana del 12 de marzo es la pieza clave en el relato sobre si Alberto González Amador es o no es un “defraudador confeso”, expresión por la que el empresario ya ha interpuesto pleitos donde reclama casi medio millón de euros en reclamaciones económicas a quien se ha referido así a él. Unas denuncias, que según ha ido contando Rodríguez a algunos medios cercanos, acabarán ayudando al comisionista a pagar su deuda con Hacienda con intereses.
El jefe de gabinete de Ayuso también reconoció en el Supremo que otras de sus afirmaciones tampoco se sustentan en datos reales sino en la intuición que le dan las décadas de dedicación a la comunicación y a la política, juntas y por separado. “Es deducción”, dijo cuando la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde le preguntó que por qué estaba tan seguro de que el origen de la filtración es la Fiscalía“.
Hacienda no le “debe dinero”
Una vez desbaratado el relato de que Alberto González Amador era un “técnico sanitario” anónimo que salía con Isabel Díaz Ayuso sino un comisionista que se había hecho de oro con comisiones gracias a la intervención de una empresa en la que figura un alto cargo de Quirón, el siguiente paso de la presidenta regional y su equipo fue difundir que no solo no era un defraudador fiscal confeso, sino que era Hacienda quien le debía dinero a él. Unos 600.000 euros, nada menos. Una afirmación que la Agencia Tributaria no podía desmentir y que no tenía una respuesta fácil pero, que una vez más, era una media verdad.
Era rigurosamente cierto que, en un momento dado, Alberto González Amador había pagado dinero de más a Hacienda y que ese dinero tenía que volver a su bolsillo. Pero el resto de datos pintaban un cuadro muy distinto al que intentaba dibujar Ayuso. A lo largo de la inspección, y mientras González Amador intentaba retirar facturas y tapar las vías de agua en su relato exculpatorio, el empresario y su empresa tuvieron que presentar la declaración fiscal relativa al año 2022, el primer año después de los dos en los que supuestamente defraudó. Y aprovechó para pagar los cientos de miles de euros que debía en los dos años anteriores por el Impuesto de Sociedades para así quedar en paz con Hacienda.
La maniobra no funcionó, algo que la Agencia Tributaria le explicó detenidamente a lo largo de la investigación: pagar una vez has sido cazado y tu caso va ya camino de los tribunales puede ayudar a minorar una condena, pero no evita la denuncia. Hacienda, por tanto, no le debía dinero: González Amador lo había pagado fuera de plazo para intentar esquivar los juzgados. No había, por tanto, una trama que implicaba a todos los poderes del Estado para arrastrarlo por los tribunales a pesar de sus intentos sinceros de enmendar unos simples errores fiscales. El propio González Amador lo reconoció por escrito.
Bulos y amenazas: “Os vamos a triturar”
Miguel Ángel Rodríguez apenas acusó recibo en la noche del 11 de marzo de 2024 de la información que iba a publicar elDiario.es al día siguiente. Pero sí desplegó otra de sus armas a última hora del día siguiente, cuando la exclusiva del periódico se transformó en una crisis política para su jefa: las amenazas. En la noche del 12 de marzo se dirigió por WhatsApp a Esther Palomera, adjunta al director de este medio que no había tenido ninguna participación en la investigación ni había escrito una sola noticia sobre el tema, para afirmar: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”, afirmó. Ante la pregunta de si aquello era una amenaza, alejó la incertidumbre: “Es un anuncio”.
El periódico no cerró y nueve meses después, Rodríguez tuvo que dar explicaciones ante el Tribunal Supremo repitiendo lo que ya había dicho en otras ocasiones: que esa es una forma habitual y válida de dirigirse a alguien con quien, afirma, tiene una confianza que su interlocutora niega. “Otras veces le he dicho más cosas y ella a mí también, no es una amenaza”, contó a la Fiscalía.
Los bulos subieron varios grados en la escala de la agresividad ese mes de marzo de 2024 cuando difundió a diversos medios de comunicación que dos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar la casa de Isabel Díaz Ayuso disfrazados de técnicos de la caldera y encapuchados. Una información falsa de principio a fin que medios como LibertadDigital o El Confidencial Digital publicaron, en medio de la polémica que en ese momento impulsaban desde la Puerta del Sol: que la Delegación del Gobierno se negaba a poner protección policial a Ayuso en su casa ante el acoso de los medios.
Fuentes de la Comunidad de Madrid anunciaron una denuncia que nunca se interpuso. Rodríguez también reveló la foto y nombre de dos reporteros de El País que habían acudido a la zona a investigar el caso, acusándoles sin datos de hostigar a niñas pequeñas en el edificio, hecho que le ha costado una denuncia firmada recientemente por el PSOE. Los datos habían sido recopilados por agentes de policía que hacían labores de contravigilancia en las inmediaciones de la vivienda de Ayuso. Acabaron en manos de González Amador que los utilizó para su denuncia.
Muchos de estos bulos y afirmaciones no han llegado al Tribunal Supremo porque lo que investiga Ángel Hurtado es si desde la Fiscalía se promovió la filtración de la confesión de Alberto González Amador y el magistrado cortó algunas preguntas al considerarlas improcedentes. Pero los bulos, mentiras y medias verdades que pasaron ese filtro no superaron después la prueba del algodón y, por primera vez, Rodríguez tuvo que reconocer que muchas de las afirmaciones que sostienen la defensa pública de González Amador eran “deducciones”, “suposiciones” … todo menos información.
La teniente fiscal del Supremo preguntó directamente a Miguel Ángel Rodríguez cómo hacía para diferenciar entre la opinión cuando se dirigía a los periodistas: “Yo doy noticias ciertas, veraces y comprobables y doy opiniones personales, la distinción está clara, esto es una opinión y lo otro es un e-mail textual”. “Por el tono o por el modo, el periodista sabe si estoy opinando, o estoy dando información”, zanjó antes de explicar que él no estaba dispuesto a dar marcha atrás sus bulos sobre el caso. “No tengo que rectificar”.
En los diez meses que dura el caso, hay abundantes pruebas de que Rodríguez ha filtrado información falsa a varios medios, insultado a periodistas, amenazado con cerrar medios de comunicación, mentido en el Tribunal Supremo, sin que de momento haya sufrido ninguna repercusión ni en la Justicia ni en la vía política, donde el Gobierno de Madrid sigue pagándole un sueldo público de 100.000 euros al año y avalando su gestión.