Estas firmas de inversión buscan terrenos de regadío, de producción intensiva, y no han perdido interés a pesar de la sequía. También son capaces de diversificar porque están presentes en diferentes mercados y países
Despegue y desplome del aceite de oliva: el precio en origen cae un 50% en un año
Hace tiempo que los fondos y los grandes inversores colocaron en el punto de mira el campo español al ver la alta rentabilidad de muchos cultivos. Un interés que no solo no se ha frenado, sino que ha ido a más a pesar de las protestas del campo, de la sequía, que desplomó la producción de aceite de oliva –pero disparó su precio– y de situaciones como la DANA, que evidencian el efecto del cambio climático.
En la península ibérica ya hay más de 900 fondos de inversión que poseen tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros, según un análisis realizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Pero no son solo este tipo de firmas, sino que el campo sigue atrayendo a empresas, de todo tipo, que buscan diversificar el negocio y entrar en el agrario; y fortunas familiares o ‘family offices’ que también se fijan en la producción agrícola y ganadera para afianzar su capital. “Un 6,6% de grandes empresas agrarias acaparan ya el 42% del valor de la producción”, indica la misma organización, que toma como punto de partida los datos sobre renta agraria que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“Se está produciendo una ‘uberización’ del campo”, asegura José Luis Miguel, director técnico de COAG. “Estamos viviendo un cambio muy rápido, similar al que ya ha habido en otros sectores, como los bares, los restaurantes o las cadenas de tiendas tradicionales, que hace tiempo dejaron de ser negocios familiares o de autónomos, para estar controlados por grandes empresas o cadenas”. “Es un cambio que pone en peligro el modelo de agricultura social, porque para un pequeño agricultor cada vez es más complicado invertir. Los gastos son elevados, es difícil que salgan las cuentas y luego está la normativa que hay que cumplir”, enumera. Unas cuestiones, como el despegue de precios de los insumos y la burocracia que requieren las administraciones españolas y europea que, en parte, estuvieron detrás de las protestas de la pasada primavera.
Los cálculos de COAG señalan una pérdida del poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores a lo largo de los últimos 20 años. “Los principales inputs para producir se han encarecido un 92%, mientras que la renta agraria corriente ha crecido un 49%”, señalan. El Ministerio de Agricultura calcula que esa renta agraria camina, actualmente, al alza. Esta mide el valor que genera la producción agraria, teniendo en cuenta la tierra, el capital necesario y el trabajo. En 2024, creció más de un 14%, hasta los 37.759 millones de euros. Y destaca, por ejemplo, cómo ha crecido el valor de la producción del aceite de oliva, más de un 51%, gracias a unos precios disparados.
Al mismo tiempo, la compraventa de fincas también está creciendo. En el conjunto de 2023, se vendieron en España más de 148.000 fincas en suelo rústico y en 2024, solo hasta octubre, se rozaron las 130.000, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. “Las grandes transacciones en suelo rústico estuvieron protagonizadas por fondos de inversión, empresas del sector energético, corporaciones industriales, futbolistas y empresarios”, asegura Cocampo –una plataforma web especializada con anuncios para invertir en fincas rústicas– que acaba de publicar un informe sobre este tipo de inversiones. Entre los deportistas que menciona están Jesús Navas o Raúl de Tomás, que el año pasado compraron fincas ligadas a la agricultura y la ganadería.
¿Cómo son estos fondos y en qué invierten?
“Los inversores en agribusiness [como denominan este tipo de inversión en el agrícola] son de tres tipos. Por un lado están las empresas agroindustriales tradicionales, que siempre han estado interesadas. El segundo, los ‘family offices’ o grandes patrimonios que, aunque se hayan desarrollado en otras industrias, se interesan. El tercero, los fondos de inversión, nacionales e internacionales”, enumera Javier Martín, senior advisor de Corporate Finance de Colliers, una consultora inmobiliaria que cuenta con un equipo especializado en agribusiness. “Los fondos son los más recientes, tienen un foco más financiero y suelen apoyarse en empresas del sector. Hablamos de un negocio complejo, porque no es fácil explotar una finca agrícola”, añade. “Son muy pocos los fondos que cuentan con medios propios, equipos y personal para explotar directamente”.
En cuanto a en qué se fijan, el director técnico de COAG señala que “buscan la almendra, el olivo, el pistacho, los denominados cultivos leñosos”. También, los cítricos y aquellos donde se pueden buscar economías de escala. “En ganadería buscan granjeros que cuiden de los animales, pero que no sean dueños de los animales, operan como las franquicias. Cuanto más estructurado está una actividad, más entran los fondos, porque ven canales de distribución que ya están establecidos. No van a entrar en un pueblo de Guadalajara con 700 parcelas repartidas”, pone como ejemplo José Luis Miguel.
“Son fondos que tienen capacidad económica y pueden levantar toda una plantación de olivos”, de secano, “y ejecutar movimientos de tierra para poner goteo”, explica Javier Martín, lo que puede costar, apunta, 20.000 euros por hectárea. Y tienen capacidad para “esperar tres años hasta tener cosechas olivareras”. Aguantan porque “luego recogen más, porque se trata de una recogida mecanizada, que también necesita una inversión muy alta, pero reduce en un 80% la mano de obra necesaria”.
El foco de sus inversiones, indica el responsable de Colliers, está en el citado olivar, los almendros, los pistachos, los aguacates y los cítricos. Por eso, el grueso de la inversión de estas firmas se concentra en el sur de España, desde Badajoz, pasando por Andalucía, hasta Murcia y el litoral mediterráneo. También, el sur de Portugal, Toledo, Ciudad Real o Lleida, ligados al olivar o a los almendros.
Producciones donde, en los últimos años, ha entrado en juego un factor clave: la sequía. “Todas las inversiones implican que sean fincas de regadío, donde la producción es muy superior a la de secano”, argumenta Javier Martín. Señala la “disponibilidad de agua” como un factor esencial a la hora de decidir, “que sean fincas regables y que se acredite el derecho a regar y que luego, físicamente, exista suficiente agua para regar”. Sin embargo, la sequía de los últimos ejercicios no ha cambiado el apetito inversor, aunque algunas zonas, como la Axarquía de Málaga, hayan visto reducida la producción de aguacate por la falta de agua. “No es algo que solo afecte a España”, apunta el directivo de Colliers. “Son ciclos, cada 15 o 20 años siempre ha habido un periodo de sequía, pero la superficie cultivada ha crecido”. También menciona que hace 30 años la superficie olivarera estaba más enfocada al olivar tradicional, el de secano, y ahora se apuesta por la producción superintensiva, la que requiere el riego.
Olivar en Extremadura en una imagen de archivo.
Y si un año va mal en un sitio, los grandes inversores pueden compensarlo en otro. “Diversifican en productos y geografías. Hay un fondo que invierte en cítricos en España, en Sudáfrica y en Brasil, así se cubre frente a la estacionalidad, tienen productos para servir constantemente a las cadenas de supermercados y no solo unos meses al año. Ahora el aguacate viene de Chile y en unos meses lo hará de otro país”, concluye Javier Martín.
¿Y qué firmas están invirtiendo?
En cuanto a quienes son estos fondos, la firma Cocampo perfila en su informe de 2024 las principales operaciones del último año. Por ejemplo, Trier Capital adquirió una finca de 2.000 hectáreas en Ciudad Real, que incluye explotaciones de olivar, pistacho y almendro. También señalan a Long Walk Farming, un fondo de inversión español centrado en adquirir tierras para arrendarlas a largo plazo a operadores locales, que cerró dos operaciones en la provincia de Cádiz. Una, El Alijar, una finca de 374 hectáreas de olivar superintensivo con torres eólicas que generan 10 megavatios, que se ha arrendado a Agreeculture, según se señala en el citado informe. La segunda operación de esta firma fue en Las Pedrizas, una finca de 59 hectáreas de almendros, alquilada a ISFA Gestión para su explotación agrícola.
Cocampo también menciona a otros actores, como el fondo Natural Capital Fund, que en 2024 adquirió activos agrícolas de Borges Agricultural & Industrial Nuts por un valor de entre 70 y 80 millones de euros, que incluyen 1.900 hectáreas de almendras, nueces y pistachos en Granada, Badajoz y Portugal.
Por otro lado, Bankinter Investment y Nuveen Natural Capital –una plataforma agrícola y forestal– han lanzado el fondo Landa Fund para construir una cartera diversificada de terrenos agrícolas y cultivos en España y Portugal, con un plazo de inversión de diez años. Y la Atitlan y el Banco Santander firmaron una alianza para invertir 500 millones de euros en proyectos agrícolas en España y Portugal, a través de la plataforma Atgro, una sociedad de capital riesgo enfocada en frutos secos y frutas.
Estas firmas, además, desarrollan una estrategia laboral diferente. “El modelo tradicional, donde hay un propietario con unos trabajadores, no es el de los fondos, que suelen contratar una empresa de servicios que tiene su propia plantilla”, explica el director técnico de COAG. Eso, ahonda, influye en la transformación del campo donde cada vez es más difícil el relevo generacional.
“La única fórmula es apoyar el modelo tradicional. Si se ponen las cosas fáciles al agricultor será más fácil que los jóvenes quieran seguir en el campo”, añade. Ahí está pendiente la Ley de la Agricultura Familiar, que se recogía en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar, por considerar que “genera mayor valor social y vinculación con el territorio”. Una ley que reclaman las organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Las explotaciones familiares seguimos siendo mayoritarias en España”, explican desde UPA, “pero nuestro futuro está comprometido y necesitamos un marco legal que contribuya a nuestra continuidad”, asevera esta organización.