18 años después de la aprobación de la norma, entonces pionera, el sistema trata de levantar cabeza con sucesivas inyecciones de financiación por parte del Estado; con todo, 126.133 personas han fallecido desde 2020 a la espera de su prestación y solo dos comunidades cumplen con los tiempos
La reforma de la ley de dependencia amplía las ayudas por cuidado familiar a los amigos
Noviembre de 2006, primer mandato del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados: “Ningún español estará solo”, dijo Jesús Caldera, sobre la “norma social más importante de principios de este siglo”. Se refería a la nueva ley de dependencia y promoción de la autonomía personal que entraría en vigor un mes después. La norma que reconoció por primera vez en toda España el derecho universal a una ayuda para las personas que hubiesen perdido la independencia se ha hecho mayor de edad y se prepara para su primera reforma de calado. Si las cosas salen como están previstas por el Ministerio de Derechos Sociales, será este año.
La “verdadera revolución desde el punto de vista social” que vendía Caldera no ha sido un camino de rosas, sino más bien una montaña rusa de éxitos y fracasos, describe Julia Montserrat, doctora en Economía y experta en el ámbito de la atención a la dependencia. “Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, resume la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe, que hace balance de estas dos décadas.
Desde 2020 han fallecido 126.133 personas a la espera de su ayuda, según los datos oficiales recogidos por la asociación, que estima que desde que entró en vigor la ley la cifra puede ascender hasta las 900.000. Los expedientes tardan 330 días de media en tramitarse cuando por normativa el plazo no debería exceder los 120, subraya el informe, aunque la demora se ha reducido en casi 100 días desde 2019. Con todo, 18 años después, solo hay dos comunidades, Euskadi y Castilla y León, que cumplen con los tiempos marcados. El número de personas aguardando su resolución está en descenso, pero es lento: 2024 va a cerrar con más de 290.000 usuarios desatendidos, a la espera de algún tipo de trámite. Son 4.782 menos que en 2023.
“El daño que se produce a las personas que han muerto en una lista de espera no es de recibo”, evalúa Pilar Rodríguez, que estuvo en la elaboración en 2004 del libro blanco de la atención a las personas con dependencia, la antesala de la ley, y ahora es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. El Tribunal Supremo abrió la puerta este año por primera vez a reconocer las ayudas post-mortem, de manera que se reintegren a los herederos los gastos que estuvieran pagando con sus recursos por no haberse garantizado el acceso a las prestaciones. Las largas esperas, apunta Rodríguez, son disuasorias para algunas familias: “La gente a veces ni lo pide porque saben de antemano que tarda y que es lioso. Parece que se tiene asumido cuando es un derecho que hay que reclamar”.
En positivo, como contrapunto, recuerda que “España fue parte de un movimiento en Europa de consolidación de derechos, a la par que Alemania o Francia”. “Fue un hito importantísimo pero nació un poco manga por hombro. La idea era buena, aunque quizá fue precipitado”, continúa. “Si se mira con perspectiva, en 2006 apenas había 300.000 personas con algún tipo de prestación y ahora estamos en el millón y medio. Hay un salto importante que se debe resaltar. No todo son fracasos, aunque quizá no ha funcionado como deseábamos”, analiza Julia Montserrat. Antes de la ley, la cobertura dependía de los servicios sociales. No había obligaciones homogéneas en todo el Estado.
La ley tardó en arrancar –hasta 2015 no se cubrió a los usuarios de los grados menos dependientes– y con apenas cinco años sufrió recortes durísimos que la han condicionado hasta hoy. Todavía siguen en vigor cláusulas que son herederas de aquella crisis. Por ejemplo, la ayuda económica para cuidados en casa se puede retrasar hasta dos años sin ninguna penalización, aunque en la mayoría de las comunidades se ha derogado.
En 2006 apenas había 300.00 personas con algún tipo de prestación y ahora estamos en el millón y medio. Hay un salto importante que se debe resaltar. No todo son fracasos aunque quizá no ha funcionado como deseábamos
El Gobierno pretende desterrar definitivamente esta medida en la reforma de la ley que ya está redactada, aunque todavía no se ha llevado al Consejo de Ministros. Sumar acusa a la parte socialista de la coalición de demorar este paso. Otro de los residuos todavía operativos de aquel real decreto de crisis fue la incompatibilidad de prestaciones, a la que también se pone fin. “No puede ser que con un enfoque comunitario una persona tenga derecho solo a un servicio. Necesita tener derecho a la combinación de servicios porque el ámbito comunitario exige un centro de día, exige un tiempo de ayuda a domicilio, exige una teleasistencia”, aseguró hace unas semanas la directora general del Imserso, Mayte Sancho. Varias comunidades habían suprimido esta medida, pero no todas.
El “estrangulamiento” de 2012
“El estrangulamiento financiero, que se inició en 2012 como consecuencia de la política de recortes aplicada por el Gobierno de Rajoy y se prolongará por casi cuatro años hasta 2015, supuso un auténtico desastre”, analiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales. No solo fueron las “restricciones presupuestarias” sino que estas se combinaron con “medidas de restricción de derechos”, como el periodo de carencia de dos años, la reducción de horas de la ayuda a domicilio –que no volvió a subirse hasta 2023– o el fin de la compatibilidad entre diferentes prestaciones.
El sector de la dependencia es, casi dos décadas después, una olla a presión que debe responder a una demanda imparable, que se sostiene con profesionales en la precariedad y que mantiene a los usuarios –a las personas dependientes y sus familias– ahogados económicamente. Solo una pequeña parte de las personas dentro del sistema de la dependencia español están institucionalizadas –concentran el 42% de los recursos económicos aunque son una minoría del 12,3%–; las que no, también necesitan ser cuidadas y la cobertura pública “no llega a todos los días todas las horas suficientes”, advierten las expertas.
En España, el sistema se ha ensanchado por la parte privada y “siempre hay que complementar: o bien alguien de la familia deja de trabajar o si tienes dinero contratas a alguien por tu cuenta para que te cubra donde lo público no alcanza”, recuerda Montserrat. Esta situación se repite en el 80% de los casos, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Gobierno. Hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España, según los últimos datos. La cifra ha crecido un 12% en cinco años.
Baja el gasto público por dependiente
El Gobierno lanzó en 2020 un plan de choque cuyos resultados ya se reflejan en los datos: el sistema ha atendido, desde que se implantó, a 287.636 personas más. El Ministerio de Derechos Sociales ha inyectado 600 millones de euros más al año a las consejerías entre 2021 y 2023. La financiación estatal se había desplomado hasta el 15% en 2015 después de acumular años y años de caídas. Ahora se sitúa en el 30%, aunque no llega todavía al porcentaje de 2019. La competencia es autonómica, pero la financiación es tripatita: las comunidades, el Estado y los usuarios, que cargan con un copago desde el arranque de la ley de dependencia. Nunca se planteó como un derecho universal y gratuito como la sanidad o la educación.
Sin embargo, el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales resalta que el promedio de gasto público por persona dependiente se ha reducido en 121 euros en el último año: “Se situará en 5.982 euros, lo que confirma la deriva low cost emprendida por las comunidades autónomas en las prestaciones y servicios que ofrecen”. “Detectamos que se están recetando prescripciones más baratas porque lo que paga el Estado no viene en función del coste de la prestación sino del grado de dependencia de la persona. Es decir, se financia lo mismo un centro de día, una plaza residencia o 30 horas de ayuda a domicilio”, desarrolla la experta Julia Montserrat.
“Darle la vuelta a este trasatlántico que es los servicios de dependencia es difícil, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir intentándolo”, traslada la presidenta de la Fundación Pilares. La reforma de la ley, defiende el Ministerio de Derechos Sociales, busca avanzar en un cambio de modelo –por ejemplo, se equipara la familia al entorno relacional como una consecuencia de los cambios en los modelos familiares– junto con una estrategia de desinstitucionalización que el equipo del ministro Pablo Bustinduy presentó antes de verano para priorizar la permanencia en casa frente a las grandes residencias.
Gráficos de Raúl Sánchez.