La magistrada cursa una comisión rogatoria solicitando información de la empresa francesa que fabricó uno de los dispositivos de seguimiento que habrían utilizado los agentes sin autorización judicial
Operación Bali 23: las balizas ilegales que delatan a los guardias civiles del caso 8M
La jueza que investiga a seis guardias civiles de Madrid por utilizar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico ha acordado tomar declaración como testigo al titular del DNI con el que los agentes compraron balizas de seguimiento que luego habrían utilizado ilegalmente. Según apuntan los investigadores, el titular del documento lo habría extraviado, circunstancia que utilizaron los guardias para ocultar que eran ellos quienes adquirían las balizas.
Los seis guardias civiles pertenecían al Equipo de Delitos Económicos –cinco siguen en él destinados– que se encargó del caso conocido como 8M, la causa abierta en un juzgado de Madrid, a instancias de un abogado ultra, y que responsabilizó indiciariamente al Gobierno central de la expansión del Covid por permitir la marcha feminista de 2020. Pese a las falsedades, bulos y tergiversaciones que incluían los atestados redactados por los guardias civiles, su imputación no responde a aquellos hechos sino a las irregularidades cometidas en una investigación por narcotráfico a la organización que presuntamente integraba Borja Villacís antes de ser asesinado.
Uno de los investigados en la misma causa por tráfico de drogas encontró dos balizas en su coche y su motocicleta antes de estar imputado en la Audiencia Nacional. Acudió con ellas al juzgado y una investigación de la Policía Nacional ha demostrado que detrás de su compra y utilización están seis guardias civiles del Equipo que manipuló los informes en el conocido como caso 8M. El 28 de septiembre de 2023, el juez Santiago Pedraz ordenó en secreto a los policías nacionales adscritos a la Audiencia Nacional que investigaran el origen de las balizas.
En poco tiempo, los policías nacionales identificaron al individuo que habría comprado las tarjetas a dos ciudadanos de origen árabe que regentan sendos locutorios en Colmenar Viejo (Madrid). Era un madrileño de 55 años, de nombre Jesús, sin antecedentes. Posteriores comprobaciones permitieron a los investigadores constatar que el titular del documento lo había extraviado antes de la compra de las balizas.
A través del posicionamiento de los móviles de los guardias, los policías nacionales han logrado situarlos “en la zona, día y hora, del día y lugar de compra y activación de la SIM”, según recoge el informe que ha dado pie a su imputación.
Comisión rogatoria a Francia
De otro lado, una página web ofrece dispositivos que se pueden colocar en objetos de valor para saber en todo momento dónde se encuentran. Para ello hay que colocar una pequeña caja y esperar a que envíe señales de movimiento al móvil donde se ha descargado la aplicación de la marca. A cambio hay que pagar una suscripción. El dispositivo fue localizado en una Kawasaki Ninja por el denunciante.
Los policías solicitaron colaboración a la empresa francesa que vende el dispositivo, pero no recibieron respuesta. El caso ya está en un juzgado de Madrid, competente para investigar a los guardias, y su titular, la magistrada Marta Gutiérrez del Olmo ha dictado una Orden Europea de Investigación para que las autoridades francesas obliguen a la marca Invoxia, fabricante de la baliza, a que facilite los datos que requiere la Policía española.
La jueza Gutiérrez del Olmo aún no ha establecido fecha para la declaración del ciudadano que extravió su DNI pero sí ha vuelto a señalar un día para que declaren los agentes, el 10 de febrero próximo. En un primer momento, estaba previsto que declararan el pasado 25 de noviembre, pero cinco de ellos alegaron que habían solicitado ser defendidos por la Abogacía del Estado y que estaban aguardando una respuesta. Fuentes del caso informan de que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia ha rechazado representar a los agentes a instancias de la propia Guardia Civil.
El sexto guardia civil que compareció el 25 de noviembre fue el jefe del Equipo, un brigada que había sido imputado en septiembre del pasado año. Se trata del guardia civil que confiesa en unas grabaciones las ilegalidades que comete junto a sus subordinados y con conocimiento de su superior, hoy capitán.