Un alcalde del PP adjudica tres contratos menores de asesoría urbanística al bufete de un exdiputado condenado en Gürtel

El Ayuntamiento de Polop, gobernado por José Luis Susmozas, contrata al despacho de David Serra, expolítico cercano a Carlos Mazón, y asegura que se trata del «procedimiento más adecuado»

Hemeroteca – El ‘número dos’ del PP valenciano adjudica 192.000 euros al bufete de un exdiputado condenado en ‘Gürtel’ a casi cuatro años

El Ayuntamiento de Polop, gobernado por el popular José Luis Susmozas con el apoyo de una edil de Compromís, ha adjudicado cuatro contratos menores al bufete de abogados del que forma parte David Serra, exdiputado autonómico del PP condenado en el ‘caso Gürtel’ por delito electoral y por falsedad en documento público a tres años y ocho meses de prisión. Por el contrario, en el juicio por la última pieza separada del ‘caso Gürtel’, relativa a los contratos menores de la trama, fue absuelto. Tres de los contratos tienen un objeto similar: el asesoriamiento jurídico al consistorio y la redacción de convenios en relación con varios sectores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de la comarca de la Marina Baixa. El cuarto contrato menor, con un objeto más amplio, incluye el servicio de representación y defensa del ayuntamiento en tres procedimientos contencioso-administrativos.

Estudi General Advocats i Assessor SLP, el despacho del que Serra es apoderado, ya resultó adjudicatario de un contrato de asesoría jurídica externa, por un importe de 192.000 euros, por parte del Ayuntamiento de Finestrat, gobernado por Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz popular en el Parlamento autonómico y ‘número dos’ de Carlos Mazón en el PP valenciano.

El Ayuntamiento de Polop, uno de los puntos negros del urbanismo valenciano, colgó el pasado 14 de enero en la Plataforma de Contratación del Sector Público las actas de resolución de los tres contratos menores, adjudicados a la misma firma. Dos de ellos fueron firmados por el alcalde y por la secretaria accidental el 21 de octubre mientras que el tercero se firmó dos días después.

El primero, por un valor estimado de 14.750 euros (sin IVA), tiene como objeto el asesoramiento jurídico al ayuntamiento en relación con las unidades de ejecución 2 y 3 del sector 2 ‘Novapolop’ del PGOU. Se trata, según fuentes municipales, del más complejo. La resolución del alcalde indica que “dadas las características del servicio/suministro parece que el procedimiento más adecuado es el del contrato menor”. El acta de resolución alude al informe que motiva la necesidad del contrato y “del no fraccionamiento”, emitido por el órgano de contratación el pasado 18 de octubre.

También alude al informe-propuesta de los servicios jurídicos del 21 de octubre, “por el que informa del procedimiento a seguir para el presente contrato menor así como la legislación aplicable”. Mientras que los contratos tengan un valor estimado inferior a 15.000 euros (sin IVA), “podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación”.

El segundo contrato, por un valor estimado de 4.000 euros, se refiere al asesoramiento jurídico y la redacción de convenio en relación con el sector 9 del PGOU. Y el tercero, para la asesoría sobre las unidades de ejecución 4 y 5 del sector 2 del PGOU, tiene un valor estimado de 14.750 euros. Todos los contratos menores tienen una duración de un año.

Finalmente, el cuarto contrato menor (firmado el pasado 2 de diciembre por 4.000 euros), incluye el servicio de representación y defensa del consistorio en primera instancia en tres procedimientos contencioso-administrativos que afectan al ayuntamiento en dos juzgados. El acta de resolución considera que el contrato menor es la “forma más idónea” y “eficiente”.

El consistorio “necesita asesoramiento y asistencia jurídico y defensa procesal en la defensa técnica de los intereses en cualquier pleito surgido en el marco de todas las jurisdicciones y órganos (…) que se pudieran interponer por o contra el Ayuntamiento de Polop, en el desempeño y ejercicio de sus potestades administrativas y actividades ordinarias”.

Fuentes municipales explican a preguntas de elDiario.es que, aunque el objeto de los tres contratos de asesoría en materia urbanística sea similar, “son muy diferentes” y se refieran a “distintas situaciones”. Por su parte, el letrado David Serra no ha contestado los mensajes de este diario.

El bufete acumula experiencia en materia de asesoría jurídica externa a consistorios de diferente color político. Desde 2019, ha obtenido contratos de un ayuntamiento gobernado por Esquerra Unida (Monforte del Cid) y de cuatro del PP (Benissa, Santa Pola, Finestrat y Polop).

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