El magistrado desestima la petición de Alberto González Amador de buscar e incautar los mensajes que varios periodistas pudieron mantener con el fiscal general: «En ningún caso se accederá a diligencia alguna que puede suponer afectación al secreto periodístico», explica
Archivo – La pareja de Ayuso plantea investigar las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha frenado el intento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de recabar e investigar las comunicaciones de los periodistas de elDiario.es que investigaron y destaparon su caso de doble fraude fiscal. En un auto, el magistrado pone en marcha más diligencias para intentar recuperar el contenido del teléfono del fiscal general del Estado pero rechaza su petición de recabar las conversaciones que varios periodistas de este medio pudieran haber tenido con Álvaro García Ortiz o el resto de investigados: “En ningún caso cabe acceder a lo solicitado, dada su condición de periodistas en activo, y la afectación que la medida pudiera tener para su secreto profesional, y la especial protección que merecen las fuentes de información”, contesta el juez.
Alberto González Amador presentó a finales de diciembre una batería de peticiones de diligencias para averiguar con quién había hablado por teléfono o cruzado mensajes en marzo de 2024 el fiscal general o la fiscal provincial de Madrid. En esa lista, la pareja de Isabel Díaz Ayuso incluía las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es: el director del periódico y los tres que firmaron la exclusiva que destapó su caso de fraude fiscal. La mayor parte no relacionados con la publicación de su confesión entre el 13 y el 14 de marzo, verdadero objeto de la causa.
El juez Hurtado, que tomará declaración al fiscal general el próximo 29 de enero en calidad de investigado, ha aceptado poner algunas diligencias en marcha relativas al teléfono de Álvaro García Ortiz: pedir información al Ministerio Público sobre los protocolos internos sobre protección de datos y el uso de teléfonos móviles o correos electrónicos. Todo después de que la Guardia Civil no pudiera encontrar mensajes en el teléfono requisado durante los registros de octubre porque García Ortiz había cambiado de teléfono, según la Fiscalía en el marco de un protocolo de seguridad.
El auto acepta algunas de estas diligencias pero es tajante a la hora de negarse a recabar información sobre las comunicaciones de periodistas con los investigados, en caso de que existieran: “En ningún caso, y cualquiera que fuere ese resultado, se accederá a diligencia alguna que puede suponer afectación al secreto periodístico”, explica. La petición de información de Alberto González también alcanzaba, entre otros, a los periodistas Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, y Cynthia Coiduras, de El Plural, que han testificado en la causa.
Las acusaciones también habían pedido al juez que avanzara en la línea de investigación sobre la posible implicación de Moncloa en el asunto, después de que Juan Lobato testificara y entregara mensajes que revelar que una asesora de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, había tenido acceso a la confesión del empresario antes de que fuera publicada de forma íntegra por un medio de comunicación en la mañana del 14 de marzo.
Habían solicitado, entre otros, la declaración de Francesc Vallés o Ion Antolín, entonces responsables de comunicación en el Gobierno y el PSOE, pero el juez deja esa decisión para más adelante: “Sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la instrucción, entre lo cual conviene valorar, previamente, hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos, que deberá ser ponderado en resolución aparte”. El juez, por tanto, no cierra la puerta pero afirma que por el momento no llamará a declarar a estas personas vinculadas a Moncloa y el PSOE.