El comisario jubilado Manuel Vázquez intenta desvincularse de la guerra sucia al partido ante el juez que investiga los hechos en la Audiencia Nacional; otro comisario asegura que él no miraba en el interior de los «sobres cerrados» que pasaban por sus manos
Pedraz cita a los jerarcas venezolanos a los que la brigada política del PP reclutó para la guerra sucia contra Podemos
El juego del gato y el ratón en el que se han convertido algunas de las declaraciones de mandos policiales en la investigación por la guerra sucia contra Podemos alcanzó una de sus cotas este miércoles con la testifical del comisario Manuel Vázquez, ya jubilado y conocido en la Policía como ‘Fiti’. Jefe de la Unidad contra la Investigación Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía durante el Gobierno del Partido Popular, Vázquez defendió ante el juez que sus agentes nunca investigaron a Podemos ni a ningún otro partido político y que las pesquisas acreditadas documentalmente aludían a posibles delitos fiscales de una empresa que la propia Policía había vinculado en el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) con una presunta financiación ilegal de la formación morada.
Una antigua subordinada de Vázquez ha admitido en un informe al juzgado que la UDEF abrió la denominada ‘Operación Venus’ para comprobar la veracidad de las afirmaciones contenidas en un dosier que les llegó desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el Informe PISA, cuya difusión en algunos medios de comunicación fue utilizada para intentar sabotear las negociaciones para formar Gobierno que mantenían en la primavera de 2016 Podemos y PSOE.
El juez Santiago Pedraz, que investiga las maniobras contra Podemos en la Audiencia Nacional, accedió a citar como testigo a Vázquez a petición del partido político, que ejerce la acusación particular, y con el apoyo de la Fiscalía. En su declaración de este miércoles, Vázquez ha intentado hacer creer a los presentes que la investigación de la UDEF que él dirigía iba sobre las cuentas de 360 Global Media, el instrumento a través del cual Podemos habría sido financiado por el régimen iraní, según el informe PISA.
Lo cierto es que el dosier parapolicial terminó por convertirse en un problema para aquella Policía a las órdenes de Jorge Fernández Díaz. El Tribunal Supremo, primero, y después la Audiencia Nacional rechazaron abrir una investigación judicial a partir de las conjeturas que presentaba. Sin firma de un funcionario ni sello de ninguna unidad, el dosier se convirtió en una ‘patata caliente’ a la que había que dar salida. Como ocurrió en las maniobras contra el proceso soberanista en Catalunya, reproducidas después con Podemos, la Dirección Adjunta Operativa del comisario Eugenio Pino utilizó a la UDEF para intentar blanquear las acusaciones sin pruebas que allí se vertían.
En pocos meses, la UDEF se vió obligada a cerrar la Operación Venus sobre lo que decía el informe PISA, pero aún se buscó una nueva vida al dosier: el Tribunal de Cuentas. Este órgano administrativo que analiza, entre otros, la financiación de los partidos, también lo archivó con el tiempo, ya pasado el ruido que había supuesto la publicación de su contenido. Vázquez ha reconocido este miércoles ante el juez que se encargó de remitir el dosier al Tribunal de Cuentas.
Manuel Vázquez telefoneó a magistrados del Tribunal Supremo para que valoraran el pseudoinforme PISA contra Podemos, elaborado por la brigada política, que había aportado Manos Limpias en una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Fue recompensado en sus últimos años en activo con la Jefatura Superior de Galicia, tierra natal del comisario.
La jornada en el caso de la guerra sucia a Podemos se ha completado con la declaración del secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en aquellos momentos, José María González. La defensa de este comisasrio ha sido que él desempeñaba un puesto “administrativo”, pese a ser el número dos de la DAO, justo por debajo del artífice de la brigada política, Eugenio Pino, y que si su nombre aparece en el trasiego de dosieres parapoliciales o los documentos para conceder la residencia a un venezolano autor de un bulo contra Pablo Iglesias, él se limitaba a firmar. Ha llegado a decir que él daba traslado a “sobres cerrados” de los que ni siquiera consultaba su contenido.