Junts se enreda con datos falsos para justificar su voto en contra y los socios progresistas del Gobierno exigen mantener el escudo social intacto
Ni consejos de ministros extraordinarios ni decretos con medidas sueltas para restablecer de forma urgente la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. La orden del presidente del Gobierno a su gabinete y a su partido es volver a negociar con Carles Puigdemont el paquete de medidas completo que fue tumbado por la pinza de PP y Junts esta semana en el Congreso. Pedro Sánchez no cierra la puerta a incluir en ese texto alguna demanda concreta de los independentistas catalanes que pueda servir para arrancar su apoyo parlamentario, pero rechaza excluir el contenido del denominado escudo social y redobla la presión sobre los partidos que lo rechazaron.
“Esas medidas no son ninguna recompensa para el Gobierno, lo son para los españoles que se lo han ganado con el sudor de su frente. Y ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente”, señaló este viernes el presidente durante su intervención en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
A pesar de la voladura de puentes que llevó a cabo Junts esta semana en boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, que profirió toda una retahíla de insultos y descalificaciones al PSOE durante la intervención en la que justificó su voto en contra, los planes de la Moncloa no se han alterado. La consigna es volver a picar piedra y llamar una vez más a la puerta de Carles Puigdemont después de la infructuosa reunión de esta semana en Bruselas con Santos Cerdán. Y en el PSOE insisten, para sorpresa incluso de muchos aliados parlamentarios, que aún existe margen para el acuerdo.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró de hecho este jueves que ese acuerdo ya llegó a cerrarse en el mes de diciembre sobre el contenido exacto del texto que ahora se ha tumbado. “Teníamos 179 votos. Antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros nosotros teníamos un acuerdo para que saliera adelante. Luego vino la cuestión de confianza de Junts”, expuso durante una entrevista en Televisión Española.
El golpe de esta semana, que dolió especialmente entre las filas socialistas por el fondo pero también por las formas de los de Puigdemont, provocó altas dosis de incertidumbre en los equipos de los ministerios implicados en las medidas que decayeron. Pronto quedó descartada la idea de un Consejo de Ministros extraordinario para volver a impulsar de manera urgente la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. El convencimiento en la mayoría de departamentos afectados era que el decreto ómnibus sería troceado, como reclamaban el PP y Junts, en busca de los votos necesarios en el Congreso para poder restablecer las medidas. Pero entonces llegó la orden de Pedro Sánchez de echar el freno y de volver a negociar el decreto para aprobarlo íntegro.
El mensaje que se traslada desde la Moncloa es que el Gobierno ahora no tiene prisa y que son quienes votaron en contra quienes tienen que mover ficha. “El Gobierno ya ha hecho su trabajo. Son aquellos grupos parlamentarios que no pensaron en el interés general quienes tienen que responder ahora a cuál va a ser su posición”, dijo el presidente el jueves durante su visita a Valéncia.
La estrategia se basa una vez más, por tanto, en la especialidad de Pedro Sánchez: convertir un varapalo en una oportunidad política. Y por eso la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno que mantiene la legislatura en modo colapso intenta ser reconvertida en una ofensiva contra el PP por la bandera de las pensiones. “Que el Partido Popular no nos cuente rollos, que siempre vota en contra de la subida de las pensiones”, dijo Bolaños en TVE. Un arma contra los de Feijóo que podría seguir vigente en el futuro en el caso de que el Ejecutivo consiguiera sumar a Junts al apoyo al decreto ómnibus y el PP se mantuviera firme en su rechazo.
Pero el camino hacia ese acuerdo no será sencillo. Hay dirigentes del PSOE que creen que el impulso de al menos uno de los pactos pendientes de concreción con Junts podría servir de palanca para sacarles de la actual actitud de bloqueo. Pero cada vez son más también las voces escépticas. “Lo primero que está por demostrarse es que Puigdemont siga teniendo interés en cooperar con nosotros”, señala una dirigente, que también alerta del desgaste que ya suponen las continuas humillaciones de los independentistas catalanes y el poco margen de maniobra que dejan a la negociación sus planteamientos públicos y privados que trasladan desde el mes de diciembre.
Descartada la foto de la moción de censura junto al PP y Vox, en el PSOE son conscientes de que la forma más directa de Junts de dinamitar la legislatura es exigir lo que el Gobierno no le puede dar. Justo lo que hacen desde que se descolgaron antes de Navidad con una cuestión de confianza a Pedro Sánchez inasumible para el Ejecutivo. En las negociaciones sobre las competencias migratorias, que Sánchez se comprometió a delegar a Catalunya a cambio de aprobar otro decreto económico hace justo un año, Puigdemont se muestra inflexible ahora sobre el control exclusivo por parte de los Mossos D’esquadra de los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios. Otra línea roja en este caso para el Ministerio del Interior.
En las reuniones con la cúpula del PSOE, además, de la larga lista de reproches de incumplimientos a la que alude siempre Junts, es habitual que Carles Puigdemont ponga el foco en uno de ellos por encima del resto: su propia situación personal respecto a la ley de amnistía, de cuyos beneficios el Tribunal Supremo decide excluirle por el momento en referencia al presunto delito de malversación, algo de lo que el expresident culpa directamente al Gobierno. “Hay cosas que no dependen directamente de nosotros, como la aplicación de la ley de amnistía, que depende de la Justicia. Nosotros no somos quiénes para que esa aplicación sea inmediata, debe ser la Justicia la que la aplique. Pero el compromiso es cumplir con lo acordado”, respondió Santos Cerdán en una entrevista en elDiario.es.
Creen en el PSOE, sin embargo, que empiezan a producirse señales de que no es descartable que los partidos que votaron esta semana en contra del decreto acaben por rectificar. Y aluden para ello a la maraña de justificaciones, alguna de ellas inventadas, que han ofrecido los días posteriores a tumbar la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, el salario mínimo interprofesional o las ayudas para la luz y el agua a consumidores vulnerables.
Este viernes, sin ir más lejos, la portavoz de Junts llegó a afirmar en una entrevista en la Cadena SER que uno de los motivos por los que su partido votó ‘no’ era impedir que subiera el IVA del aceite de oliva o el pan. “Sentémonos. Me explicarás las medidas que quieres aprobar y yo te diré que no quiero que suba el IVA del aceite y del pan. ¿Por qué nos tenemos que tragar el IVA a la energía en pleno invierno?”, dijo Míriam Nogueras en una argumentación calcada a la del PP. Entre las 140 páginas del decreto ómnibus que Nogueras y el resto de diputados de Puigdemont tumbaron el miércoles no se encuentra mención alguna a la subida del IVA de los alimentos, que ya se produjo el 1 de enero por decaer a final de 2024 las medidas excepcionales contra la inflación impulsadas desde el ministerio de Hacienda.
También en línea con el PP y Vox, Junts ha alegado que el decreto del Gobierno contemplaba medidas que favorecen a “las mafias de la okupación”, en alusión directa al artículo que protege a ciudadanos declarados vulnerables por los servicios sociales de su municipio en caso de desahucio sin alternativa habitacional. Una iniciativa, en cualquier caso, que se encuentra en vigor desde la pandemia de la COVID y que el actual se limitaba a prorrogar.
El conjunto de socios progresistas del Gobierno, como EH Bildu, ERC, Podemos o BNG ya han avisado a Pedro Sánchez de que no aceptarán que se trocee el escudo social para excluir medidas como la de la protección a personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o las familias sin recursos para afrontar el recibo de la luz, el gas o el agua.