Los docentes crean plataformas en Barcelona y otros municipios catalanes para denunciar cómo la emergencia habitacional socava el derecho a la educación de cientos de menores
Multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que se salten la ley de Vivienda
La vida de Fátima Limlahi, su marido y sus tres hijas dio un vuelco el pasado 15 de enero. Diez furgonetas de los Mossos d’Esquadra acudieron a su piso para desahuciarlos y desde entonces viven en una pensión. A su hija pequeña, de tres años, le han dicho que se están mudando a un sitio mejor. La mediana, de nueve, está triste y no come. Y la mayor, de 13, que conoce la situación, hace los deberes estos días en la sala de las lavadoras del albergue. “Nos han destrozado”, se lamenta la mujer.
La mañana del desahucio, relata Fátima, sus hijos estaban en el colegio, el Mossèn Jacint Verdaguer del barrio del Poble-sec, en Barcelona. Mientras, en la calle, un puñado de docentes del centro se sumaron a la concentración para paralizar su desahucio. “No podíamos seguir de brazos cruzados, es una brutalidad lo que está ocurriendo”, explica la directora del colegio, Anna Pérez.
Pérez es una de las impulsoras de la plataforma Docentes 080 por una vivienda digna, el primer colectivo de maestros en Barcelona que exige poner fin a los desahucios, y que ha celebrado su primera asamblea este martes en la escuela Drassanes de Barcelona. Pero no es el único. Se inspira en una iniciativa parecida presentada en Salt, en Girona, el pasado noviembre, y coincide en el tiempo con el surgimiento de más grupos de educadores contra los desalojos en municipios y comarcas catalanas como Lleida, Tarragona, Baix Llobregat, Maresme, Baix Montseny o el Bages.
“Hemos decidido dejar de ser maestros que contemplamos esta dura realidad como algo individual que hay que acompañar, porque está afectando gravemente al derecho a la educación”, denunciaba al inicio del acto Joan Artigal, maestro de Infantil en el Instituto Escuela Trinitat Nova. “Igual que un médico no puede operar sin anestesia, nosotros no podemos seguir haciendo nuestro trabajo si los alumnos no tienen asegurados unos mínimos, como un sitio donde vivir o una comida”, expresaba.
Igual que un médico no puede operar sin anestesia, nosotros no podemos educar si los alumnos no tienen asegurados unos mínimos, como un sitio donde vivir o una comida
Solo en lo que va de enero, en la escuela Mossèn Jacint Verdaguer, de unos 400 alumnos, han visto como desahuciaban a dos de sus familias. La última, este mismo lunes. Lo comentaban la directora del colegio y Fátima en el vestíbulo, durante una charla con otra madre de dos niños, Rahma, recién desalojada también del piso que ocupaba sin contrato.
“Es un goteo constante”, denuncia Pérez, que añade que hay casos de los que no se enteran porque las familias no se atreven a comunicarlo al centro. “Sienten una culpa y una vergüenza que deberían sentir los que permiten que esto ocurra”, dice.
Estos días, en el Mossèn Jacint Verdaguer están muy encima de las hijas de Fátima, especialmente la mediana, que cursa 4º de Primaria. “El otro día me dijeron que había pegado a una niña en el casal y nunca lo hace, es por los nervios”, confiesa la mujer. “Ella sufre mucho, tiene miedo de perder su habitación, su casa, su escuela, su barrio, todo”, explica.
Hasta que se les acabó el contrato de alquiler y la propiedad no les quiso renovar, pagaban 650 euros al mes con unos ingresos de 1.300 (el sueldo de su marido, conductor de Cabify). Ahora tienen que buscar piso en un barrio donde la media supera los 1.000. El Ayuntamiento les ha alojado en una pensión al lado del Hospital de Sant Pau, a cinco kilómetros del colegio al que acuden cada día. Duermen en dos habitaciones separadas, no pueden cocinar y los horarios del comedor son estrictos. Además, la estancia máxima en uno de estos alojamientos es de seis meses.
Primera asamblea del colectivo ‘Docents 080 por el derecho a la vivienda’ en la escuela Drassanes, en Barcelona
Como la de Fátima, a día de hoy hay 3.000 familias alojadas en estas pensiones y albergues de emergencia en Barcelona, fruto en su mayoría de unos desahucios que sigue contándose por centenares (1.255 solo en la ciudad en 2023) y que afectan muy a menudo a menores de edad. Según un informe de Save The Children, entre el 70% y el 80% de los desalojos son de hogares con niños y niñas.
Datos y protocolos
La organización docente comenzó a tomar forma el pasado mes de noviembre, cuando pusieron en circulación un manifiesto por el derecho a la vivienda de sus alumnos que ya suma 1.000 adhesiones. “Los apoyos en pocos días significan la preocupación que existe en los centros educativos”, advierte Artigal.
Su primera asamblea este martes congregó a más de un centenar docentes, muchos de ellos en representación de sus respectivos colegios e institutos. A ella acudió también Josep Torrent, el profesor que justo este viernes tiene fecha de desalojo del piso en el que ha vivido los últimos 22 años, en la Casa Orsola del Eixample.
Entre las reivindicaciones iniciales, presentadas antes de la reunión, se encuentran vetar la presencia de antidisturbios en desahucios con menores, ampliar el parque de vivienda pública, asegurar los suministros básicos en todos los hogares o aumentar los equipos de educadores de las escuelas para poder dar respuesta a las necesidades del alumnado más vulnerable.
A corto plazo, los docentes se han puesto dos objetivos. El primero, poder mapear o conseguir datos de todos los desahucios que afectan a menores en edad escolar. Ya sea con medios propios o exigiéndolo a la Administración. Por otro lado, extender protocolos en todos los claustros para detectar situaciones de emergencia habitacional. Y para hacer llegar a las familias que el centro es un “espacio seguro” en estos casos.
Tenemos casos de chicos que no vienen al instituto y con el tiempo ves que es porque están en un hostal y están mal
El encuentro ha servido también para que los docentes pusieran en común algunos de los problemas que acarrean los desahucios para sus pupilos. Como los largos desplazamientos desde pensiones y albergues que les quitan horas de sueño o la posibilidad de hacer extraescolares. O el absentismo. “Tenemos casos de chicos que no vienen al instituto y con el tiempo ves que es porque están en un hostal y están mal”, explica Nahuel Quimasó, del instituto barcelonés Consell de Cent.
El último ejemplo de la presentación lo puso el maestro Joan Artigas con un alumno de Infantil: “En el primer intento de desahucio su madre no estaba en casa y los Mossos d’Esquadra sacaron al niño de la cama sin zapatos. Pues ahora duerme con zapatos porque piensa que lo vendrá a buscar la policía”. “No puede ser que defendamos los derechos de un fondo buitre con sede en Nueva York y que luego los políticos no apliquen las leyes que ellos mismos han creado”, zanjaba el educador.