Los populares tratan de ganarse la complicidad de extrema derecha para minimizar las críticas al president y lograr un frente común para pactar un calendario y unos comparecientes que trasladen el grueso de la responsabilidad a Sánchez y su Ejecutivo, quienes no tienen obligación legal de presentarse a declarar
Constituida la comisión de investigación de la DANA en las Corts con la presidencia de Vox apoyada por el PP
Cuando se cumplen tres meses de la fatídica DANA que el pasado 29 de octubre dejó 224 víctimas en la provincia de Valencia, los diferentes grupos parlamentarios de las Corts se preparan para afrontar la comisión de investigación que quedó constituida este lunes 27 de enero con una sorpresa que se destapó horas antes: la cesión de la presidencia de la mesa por parte del PP a Míriam Turiel, de Vox. La vicepresidencia quedó a cargo del popular Vicente Betoret y la secretaría fue para la socialista Alicia Andújar.
¿A qué se debe esa concesión del PP al partido de extrema derecha negacionista del cambio climático, hasta meses antes de la DANA socios del Gobierno de Mazón? Consultadas fuentes populares por elDiario.es, tratan de quitarle importancia y lo enmarcan en un gesto “para demostrar neutralidad, teniendo en cuenta que Vox no deja de ser un partido actualmente de la oposición”, al tiempo que recuerdan que todas las comisiones que se realizaron en la etapa del Gobierno del Botánico “estuvieron presididas por el PSPV o por Compromís”, es decir, nunca por partidos de la oposición.
Sin embargo, a nadie de le escapa que la maniobra de los populares va más allá. Y es que, aun sabiendo que la extrema derecha pueda llevar una línea crítica con el Gobierno valenciano, la cesión de la presidencia es una forma de ganarse su complicidad para minimizar los ataques contra el presidente Carlos Mazón y, al mismo tiempo, lograr una mayoría que permita hacer frente común para pactar un calendario de trabajo y un listado de comparecientes cuyo objetivo sea trasladar el grueso de la responsabilidad de lo sucedido a Pedro Sánchez y su ejecutivo. En este sentido, el próximo lunes 3 de febrero se reunirá la mesa de la comisión para fijar el plazo que tendrán los grupos parlamentarios para presentar su plan de trabajo y la solicitud de documentación.
Así pues, si bien es cierto que desde Vox ya han dejado claro que pedirán la comparecencia de Mazón (también Compromís y el PSPV), también han advertido de que plantearán que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la exministra Teresa Ribera. Por su parte, el PP se ha mostrado partidario de llamar “a todo el mundo” y ha apuntado particularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), lo que evidencia que se tratará de desviar el foco hacia el Gobierno central pese a que las competencias en Emergencias son de la Generalitat Valenciana. Uno de los argumentos que más están agitando los populares en los últimos días para tratar de invertir el relato es la no ejecución de las obras de encauzamiento del barranco del Poyo.
Sin embargo, la realidad es que en esta cuestión tiene gran parte de la responsabilidad el ejecutivo de Mariano Rajoy, que dejó caducar la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto entre los años 2011 y 2018, al no poner en marcha las obras. Esto obligó a iniciar de nuevo la costosa y farragosa tramitación ambiental. Además, uno de los redactores del proyecto, Ramiro Martínez Costa, ya ha advertido que la obra hubiera reducido en un 30% los daños materiales, pero que las pérdidas humanas tienen que ver con las medidas de prevención. También ha descartado que la Ley de l’Horta haya bloqueado la actuación, otro de los argumentos recurrentes de la derecha.
La estrategia de populares y ultras dependerá en gran medida de las comparecencias de los representantes del Gobierno y de sus organismos, como la CHJ o la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, está por ver que se presenten a las comparecencias, puesto que según diversas fuentes consultadas, no tienen obligación legal. Tan solo están obligados las entidades los representantes de entidades autonómicas y los particulares, como sería el caso en estos momentos de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas.
Al otro lado del cuadrilátero político estarán el PSPV y Compromís, profundizarán en las enormes grietas existentes en la gestión de la emergencia durante la jornada del 29 de octubre, cuando el Centro de Coordinación de Operativa Integrada (Cecopi) se convocó a las 17.00 horas, casi 10 horas después del aviso rojo de Aemet, cuando ya había desaparecidos y rescates en las zonas afectadas aguas arriba, y la alerta a los móviles de la ciudadanía se envió tres horas después, a las 20.12 horas, con miles de personas ya atrapadas. Todo ello sin olvidar que Mazón se fue de comida y no apareció por el Cecopi hasta pasadas las 19.30 horas.
El síndic socialista, José Muñoz, comentó sobre las comparecencias que Les Corts deben fiscalizar la labor de los gobiernos autonómicos y en que las competencias en materia de emergencias dependen de la Generalitat: “Si Carlos Mazón es citado tiene que comparecer”. Desde el PP han criticado esta postura al asegurar que el resto de administraciones implicadas también deben de dar explicaciones.
El socialista, preguntado sobre si aceptarán que comparezcan Sánchez o responsables de la CHJ, ha emplazado a las comisiones del Senado o el Congreso sobre la DANA. “Presentaremos nuestro propio plan de trabajo”, se ha limitado a decir, sin “desviar el foco de que la presidencia de la comisión la ostenta la extrema derecha”.
Para Joan Baldoví, síndic de Compromís, Mazón tiene que comparecer porque “él mismo dijo que daría explicaciones donde las tenga que dar, aunque no ha dado ninguna”, para que explique “de una vez dónde estuvo”, las llamadas que realizó o los trayectos de su coche oficial. También considera que deben comparecer los consellers de Servicios Sociales, Susana Camarero; Educación, José Antonio Rovira, y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para que aclaren, respectivamente, por qué “no se activaron los planes que hubieran salvado vidas en residencias”, por qué “no se suspendieron las clases” y por qué “continuó circulando el metro mientras ya había inundaciones”. También las exconselleras de Justicia Pradas (PP) y Elisa Núñez (Vox).
La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha denunciado que la comisión esté presidida por un partido negacionista del cambio climático y que se haya tardado tres meses en constituir, además de exigir que comparezca en ella “el dueño de El Ventorro”. Veremos si Vox acepta esta petición. Ahí se verá el interés de la ultraderecha por conocer la verdad de todo lo que pasó justo este miércoles hace tres meses.