La denuncia archivada relataba que García Urbano forzó bajo amenaza diversos encuentros sexuales con un agente de policía local y su mujer, quien a su vez fue contratada sin ir a trabajar, según contó ella
El turbio escándalo sexual que cerca a García Urbano, el “alcalde milagro” del PP con poder absoluto en Estepona
El juzgado que investigaba a José María García Urbano, alcalde de Estepona (76975 habitantes), por presunto acoso sexual y coacciones contra un agente de policía local y su mujer, ha archivado esta causa, en la que trataba de aclarar si los supuestos encuentros sexuales entre el regidor, el agente y la entonces pareja de este habían sido forzados bajo amenazas.
En cambio, el mismo juzgado de instrucción de Estepona mantiene abierta otra causa, desgajada de esta, en la que investiga la presunta malversación cometida al contratar como cargo de confianza del ayuntamiento a la mujer, quien declaró que, en realidad, nunca acudió a trabajar. Está previsto que el concejal Blas Ruzafa declare como testigo en esta investigación el próximo 20 de febrero.
El archivo de la investigación por el supuesto acoso sexual, adelantado por Sur y confirmado por este medio, llega después de tres meses de investigación por el juzgado de instrucción 5 de Estepona. El juez admitió a trámite la denuncia el 29 de octubre, una semana después de recibirla.
García Urbano sostuvo desde su imputación que se trataba de una “denuncia falsa” que buscaba dañar su dignidad personal y su trayectoria, con una “única y clara finalidad espuria”. El denunciante decía contar con pruebas gráficas de su denuncia.
El asunto sacudió a la ciudad, gobernada desde 2011 y siempre con mayoría absoluta por García Urbano, cuya popularidad se ha visto resentida. Más allá de la existencia o no de delitos, que el juez ahora descarta, la presunta participación en un escándalo de naturaleza sexual no suma votos.
Sin embargo, y a pesar de sus intentos para que fuera archivada de plano y después de cada declaración, el juez la admitió a trámite y fue practicando sucesivamente diligencias: primero oyó al denunciante (quien ratificó la denuncia), luego al alcalde (como investigado) y finalmente citó de oficio a la mujer. Tras oírla, le ofreció transformar su situación procesal de testigo (como fue citada) a presunta víctima y denunciante, cosa que ella aceptó.
“Respetamos pero no compartimos la decisión del instructor”, señala Antonio Granados, abogado del denunciante, quien anuncia que apelarán el auto de sobreseimiento. “Creemos que se han aportado pruebas testificales, documentales y gráficas que acreditan los hechos. La denuncia está avalada por pruebas veraces, aunque el instructor considera que no son suficientes. Hay más de 400 folios de documental”, señala.
A su juicio, la declaración del alcalde dejó “muchas lagunas por resolver que podrían haber cambiado el curso de la instrucción”. Ese día, García Urbano no respondió ni a la Fiscalía ni a la acusación.
Concejal citado por la presunta malversación
El archivo provisional de la investigación supone un alivio para el regidor esteponero, en el disparadero político desde que se conoció su imputación. PSOE y Vox le habían pedido explicaciones y que se retirara al menos mientras duraba la investigación.
Ambos partidos están personados como acusación popular en la otra investigación, por malversación, abierta precisamente a raíz de la declaración de la mujer, C.P.B., en la investigación por el acoso sexual. Allí contó que había sido contratada por el alcalde esteponero para ejercer como cargo de confianza durante unas semanas, aunque en realidad nunca trabajó. Le pagaron unos 5.200 euros por 48 días de trabajo.
Tras oírla, el juez desgajó la causa y abrió pieza separada, precisamente para salvaguardar la intimidad del alcalde: rechazó que PSOE y Vox pudieran intervenir en el caso de naturaleza sexual, pero lo admitió en la malversación, pues afecta a fondos públicos.
García Urbano acudió a declarar como investigado por malversación hace un par de semanas, eludiendo contestar al juez, al fiscal o a las acusaciones populares. El 20 de febrero será Blas Ruzafa, concejal del área a la que se asignó a C.P.B., quien declare como testigo. En cambio, el juzgado ha rechazado la citación del secretario municipal, quien certificó la contratación de la mujer.
Sin informe de Recursos Humanos
Por ahora, la versión del alcalde y el concejal es contradictoria con la de la mujer, quien sostiene que fue contratada para que no se enfriara su relación con el alcalde y que nunca se le dieron tareas ni acudió a trabajar. “Me dijo que él hacía y deshacía en su cortijo”, declaró al juez.
Por el contrario, Ruzafa entregó un informe en el que escribe que sus tareas como cargo de confianza eran “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Algo parecido declaró el alcalde. “No son [tareas] especialmente complejas, pero sí eran muy importantes en ese momento”, comentó al juez, asegurando que la mujer estaba tergiversando los hechos.
A pesar de que el juzgado requirió todo su expediente de contratación, el ayuntamiento no le entregó el informe de Recursos Humanos que, supuestamente, precedió a su nombramiento, en el que tampoco existe motivación.