Las especulaciones de nuevas elecciones han circulado estos días por las redes tras una publicación en el BOE
Runrún de adelanto electoral (en la prensa de derechas)
En los últimos días ha circulado en redes sociales un documento del Boletín Oficial del Estado (BOE) que ha desatado especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones generales en otoño. Se trata de la publicación de una licitación de la Dirección General de Política Interior para el suministro y distribución de sobres electorales, manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales.
En realidad es un contrato marco que la administración está obligada a firmar cada cuatro años, haya o no convocatorias electorales, para poder disponer de esos materiales en el caso de que se produzca un proceso electoral. Por eso, fuentes del Ministerio del Interior aclaran que se trata de un “proceso administrativo habitual”.
Algunos usuarios de redes sociales como X han interpretado la licitación como una señal inequívoca de que habrá elecciones en otoño, argumentando que el Gobierno estaría preparándose con antelación para un posible adelanto electoral.
Según la información publicada en el BOE, la licitación se enmarca en un contrato marco para garantizar el suministro de material electoral en los próximos años. El expediente prevé un acuerdo con los proveedores con una duración de cuatro años y un presupuesto estimado de 10,7 millones de euros.
Desde el Ministerio del Interior han reiterado que la renovación de este contrato responde a la necesidad de preparación con antelación y que “no hay a la vista ninguna convocatoria electoral”. Además, han explicado que el contrato marco anterior estaba llegando a su final y debía ser reemplazado en los plazos administrativos correspondientes.
El anuncio de la licitación especifica que el plazo para la recepción de ofertas estará abierto hasta el 14 de febrero de 2025, con la apertura de ofertas prevista para el 25 de febrero y el 11 de marzo de 2025. Este tipo de procedimientos suelen realizarse con margen de tiempo suficiente para garantizar que, en caso de celebrarse cualquier proceso electoral, el material esté disponible sin contratiempos.