La Fiscalía ha tomado declaración al denunciante, quien considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de fraude, falsedad, malversación y prevaricación en dos adjudicaciones a una UTE formada por Miguel Quintanilla
La Generalitat elige a dedo para la polémica campaña de la DANA a un empresario cercano a Mazón
La Fiscalía Anticorrupción investiga contratos superiores a los dos millones de euros adjudicados en la Diputación de Alicante por Carlos Mazón y por su sucesor, Toni Pérez, a un empresario del sector de la comunicación amigo del president de la Comunitat Valenciana. El Ministerio Público, según ha podido saber elDiario.es, ha abierto diligencias de investigación penal y ha citado a declarar al denunciante, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles. La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación.
Se trata de dos contratos por una suma de más de dos millones de euros para el servicio de planificación, negociación y compra de espacios e inserción de publicidad en medios de comunicación para la difusión de las campañas de publicidad institucional de la Diputación de Alicante. Ambas adjudicaciones recayeron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las agencias de comunicación y publicidad Buena Suerte Señor Gorky SL e Idex Ideas y Expansión SL, ésta última propiedad de Miguel Quintanilla, quien también ha obtenido recientemente dos contratos a dedo de la Generalitat Valenciana (uno de ellos para la campaña de publicidad sobre la respuesta a la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre).
Una portavoz de la Diputación de Alicante, a preguntas de este diario, ha expresado el “total respeto” de la institución provincial al “trabajo de la Fiscalía”. “La Diputación se pone a su disposición para colaborar en lo que sea necesario”, según la misma fuente. Presidencia de la Generalitat Valenciana no ha hecho ningún comentario. Por su parte, Miguel Quintanilla afirma que no tiene “ningún conocimiento” sobre la denuncia y emplaza a hacer comentarios cuando se le notifique y conozca el contenido.
Carlos Mazón y el empresario participaban asiduamente en una cena mensual de amigos —una suerte de cita gastronómica privada formada por políticos, empresarios y periodistas— en un restaurante de Mutxamel (Alicante). Quintanilla incluso celebró la investidura de Mazón como presidente de la Generalitat, acompañado, entre otros, por Santiago Lumbreras, actual secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia y uno de los altos cargos más cercanos al líder popular.
La denuncia de Compromís asegura que la UTE de la cual formaba parte Quintanilla supuestamente “aportó una oferta económica falsa” al proceso de licitación y que, desde la Diputación de Alicante, se habría “maquinado con la intención de manipular los procesos de contratación para adjudicar distintos contratos a una mercantil en particular, soslayando así los principios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”.
Del análisis que la coalición valencianista ha hecho del expediente de contratación, “se desprende nítidamente cómo la UTE, en contraprestación a la adjudicación, inserta la publicidad institucional a medios afines al Partido Popular, para beneficiar mediáticamente” a la formación liderada por Carlos Mazón.
La denuncia considera que se habrían cometido los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, “al manipular los procesos de contratación para adjudicar el contrato de manera irregular y beneficiar a intereses políticos y económicos”; de falsedad documental, “al presentar documentación falsa y no verificable sobre los descuentos en tarifas de los medios de comunicación”; de malversación de fondos públicos, “dado que se adjudicó un contrato a una mercantil que, mediante sobreprecios y descuentos falsos, ha causado un perjuicio económico a la administración pública”, y de prevaricación, “por la posible implicación de funcionarios y responsables políticos en la manipulación del proceso de adjudicación”.
Fotografía exhibida en la sesión de control del Parlamento valenciano por el portavoz socialista, José Muñoz, en la que aparece Carlos Mazón con el empresario Miguel Quintanilla.
Los pliegos de los contratos establecían que la empresa finalmente adjudicataria sería la que presentara el mejor descuento sobre las tarifas oficiales de cada medio de comunicación (era el criterio clave que más puntuación otorgaba, el 70%).
“No consta que estos descuentos fueran negociados ni aceptados por los medios”, afirma la denuncia. De hecho, agrega, “algunos de estos medios han negado rotundamente haber ofrecido tales descuentos, lo cual fue constatado mediante correos electrónicos remitidos por el grupo político Compromís, que demuestran que dichos descuentos son falsos”.
La denuncia asegura que la UTE de Idex Ideas y Expansión SL y Buena Suerte Señor Gorky SL “incluyó información no verificable y potencialmente falsificada en su oferta”. “Los pliegos permiten que la adjudicataria negocie directamente con los medios sin un control adecuado, lo que abre la puerta a posibles sobreprecios en las campañas de publicidad y trato de favor a determinados medios de comunicación”, apostilla.
Una adjudicación “arbitraria”, según la denuncia
Compromís aporta un “reciente” correo electrónico remitido por una responsable de una de las empresas de la UTE que solicita a los medios las tarifas. El correo, reproducido en la denuncia, indica: “Para las campañas de Diputación de Alicante necesitamos que nos mandéis selladas y firmadas las tarifas de publicidad vigentes. (…) Deben ser las tarifas que el medio aplica en el mercado publicitario a todos los anunciantes. Por tanto, es importante que, junto a las tarifas firmadas y selladas, se incluya una carta en la que se indica que son las tarifas generales de publicidad que el medio aplica en el mercado publicitario y que se aplican también a Diputación de Alicante. Es importante que quede claro esta aplicación de tarifas en todos los anunciantes”.
La responsable de la adjudicataria agrega: “Además, en ese escrito, es necesario que se incluya un compromiso que el medio adquiere, por el cual se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en estas tarifas”. Y remata el correo electrónico: “Estas tarifas deben ser públicas, es decir, deben estar publicadas por el medio en su web o similar como indica el pliego de condiciones que la Diputación de Alicante publicó, cuestión necesaria para la inclusión de los medios en el plan de medios”.
La denuncia detecta supuestos “vicios” en los pliegos y en las ofertas y sostiene que la adjudicación sería “arbitraria”. Compromís también analizó la ejecución de la adjudicación, de la que “se desprende una clara tendencia a la contratación preferente de espacios publicitarios en medios con una línea editorial conservadora” en detrimento de otras cabeceras informativas de “gran relevancia” con una línea editorial “más progresista” o con “mayor neutralidad o diversidad ideológica”.
“Serias dudas” sobre la ejecución del contrato
Tras el análisis de la ejecución del contrato, la denuncia alude a medios que “aplican descuentos desproporcionadamente altos sobre sus tarifas oficiales” y plantea “serias dudas” sobre la “veracidad” de las tarifas brutas presentadas, con la “posibilidad de una inflación de tarifas iniciales con el fin de ofrecer descuentos inflados y, de esta manera, defraudar a la Administración”.
El primero de los contratos fue adjudicado por la presidencia de la Diputación de Alicante en 2020, durante el mandato de Mazón al frente de la institución provincial. En 2024, ya con el popular Toni Pérez de presidente de la Diputación, la misma UTE obtuvo el segundo contrato publicitario. El órgano de contratación de ambas licitaciones, por procedimiento abierto, fue la presidencia de la Diputación de Alicante, con delegación de la competencia en la Junta de Gobierno y con una mesa de contratación, en caso del primer contrato, de asistencia permanente al presidente de la Diputación, en aquel entonces Carlos Mazón.
Carlos Mazón y su sucesor en la Diputaciónó de Alicante, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en una imagen de archivo.
Para la valoración de los criterios de adjudicación automáticos o cuantificables mediante fórmulas, contó con el “asesoramiento técnico” del departamento del área de Presidencia de la institución provincial, que emitió un informe el 29 de enero de 2021. El segundo contrato fue aprobado en 2024 por la Junta de Gobierno y formalizado por el diputado provincial de Contratación, Juan de Dios Navarro, en delegación de competencias conferida por el presidente, Toni Pérez.
La denuncia se registró el pasado 25 de octubre, casi dos meses antes de que este diario desvelara que Mazón había adjudicado un contrato menor, a dedo, al empresario Miguel Quintanilla para la campaña institucional de la DANA. Quintanilla ha compartido cenas de amigos con el jefe del Consell, según se desprende de numerosas fotografías colgadas en redes sociales.
Una de esas fotografías, en las que Miguel Quintanilla aparece junto al jefe del Consell y al alto cargo Santiago Lumbreras, entre otros, en una celebración dos días después de la investidura de Mazón, fue exhibida en una sesión de control de las Corts Valencianes por el portavoz socialista, José Muñoz.