Pero todos los jueces son imparciales

¡Paren las máquinas!. La derecha política y mediática han descubierto que al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno. En puridad deberían explicar que es un nombramiento que hace el rey a propuesta del Ejecutivo y oído el Consejo General del Poder Judicial porque así lo establece la Constitución. Esa parte se la ahorran porque sólo les parece una atrocidad cuando gobierna la izquierda. Cuando lo hace la derecha, nada dicen sobre los perfiles, las actuaciones o el sistema de nombramiento con el que se elige al máximo responsable del Ministerio Fiscal porque todo forma parte de la normalidad democrática.

¡Paren las máquinas otra vez! A la derecha política y a sus altavoces mediáticos, que son los mismos a los que desde el Ministerio del Interior que albergó y financió a la mal llamada policía patriótica se les entregaba para su inmediata publicación los informes falsos con los que el beato Jorge Fernández Díaz desacreditaba y perseguía a los adversarios políticos, les parece sospechoso –cuando no incriminatorio– que el Fiscal General del Estado haya respondido en su declaración ante el Supremo sólo a las preguntas de su defensa. Hasta un estudiante de Primero de Penal sabe que el derecho de defensa recoge la posibilidad de guardar silencio y no declarar a cualquier investigado. Permite no contestar a las preguntas de las acusaciones o contestar solo a las que se planteen por su defensa porque de todos es sabido, menos para los amigos de MAR, que la presunción de inocencia sitúa la carga de la prueba en la acusación y en ningún caso se puede obligar al acusado a que sea él quien aporte los elementos para la (auto)incriminación.

¡Paren las máquinas una vez más! Porque quienes dicen estar entregados a la pureza de la política y los dedicados 24/7 a la investigación periodística, ya han dictado sentencia: Álvaro García Ortiz “cometió un delito de revelación de secretos” (sic).  Aún no ha acabado la instrucción y tampoco se ha encontrado una sola prueba concluyente de que el fiscal general revelase secreto alguno sino todo lo contrario, pero ellos ya subrayan que  fue el autor material de la filtración de un mail en el que la defensa  de Alberto Quirón –como identifica MAR al novio de su jefa– proponía a la Fiscalía un pacto de conformidad que librara a su cliente de la cárcel. Incluso ya hay quien, siempre con arreglo al argumentario del PP, desliza que el asunto salpicará incluso al mismísimo ministro de Justicia.

¿Ah, que nadie encontrará un mail o wasap en el que el Fiscal hiciera partícipe a Félix Bolaños de la investigación abierta a Alberto Quirón? Pues será porque los han borrado. Para todo tienen respuesta, menos para explicar o informar sobre el sorprendente éxito empresarial del novio de Ayuso, que pasó de “técnico sanitario” a “brillante empresario”. Ni sobre el pelotazo que dio con la venta de mascarillas en plena pandemia. Ni sobre las facturas falsas con las que burló sus obligaciones tributarias. Ni sobre las sociedades pantalla. Ni sobre cómo y quién pagó la vivienda o viviendas en las que vive la presidenta madrileña con su pareja. 

En el periodismo fetén, ese que acusa al resto del oficio de ser altavoz de La Moncloa mientras en sus opiniones se reproducen hasta los puntos y las comas de las intervenciones de los dirigentes de la derecha,  se ha pasado por alto, eso sí, que el Supremo ha rechazado anular el nombramiento de García Ortiz como fiscal general y rechazado por unanimidad –UNANIMIDAD– como pedía una asociación de fiscales que consideraba “no idónea” su designación para el cargo. 

Los magistrados subrayan el “amplio margen de discrecionalidad” que confiere la Constitución al Gobierno para los nombramientos discrecionales y recalcan que no se discutía que García Ortiz cumpliera las condiciones que exige la ley para acceder al cargo (ser un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión), sino su idoneidad. Por esta razón, según el tribunal, el examen judicial debe ser “prudente” para no privar al Gobierno de su competencia. 

Ya saben que las decisiones del Supremo son dignas de gran alarde tipográfico o susceptibles de materia de debate en tertulias según cómo y en función de a quién perjudican. Si son favorables al fiscal general o a un nombramiento del Gobierno no merecen comentario alguno. 

Sirva todo esto de recordatorio unas horas después de que García Ortiz negase este miércoles ante el Supremo haber filtrado u ordenado que se filtrara el correo electrónico por el que se le investiga, pese a que el magistrado Ángel Hurtado cree que hay “indicios consolidados” de lo contrario. El fiscal general sólo ha contestado a las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, tras explicar que no respondería al juez ni a las acusaciones porque consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho de defensa y debía declararse nula. 

García Ortiz ha hecho un relato pormenorizado de lo sucedido desde el 7 de marzo, cuando tuvo conocimiento del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en el que la Fiscalía difundió una nota de prensa en la que explicaba que no había sido el Ministerio Público el que había propuesto un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el letrado quien había escrito al fiscal del caso para buscar el acuerdo. Y su versión coincide con la de una docena de personas que antes habían  declarado como testigos en la causa, entre ellos varios periodistas que acreditaron tener en su poder el mail varias horas e incluso días antes de que la Fiscalía emitiera la nota de prensa.

Da igual. El juez no ha tenido a bien considerar esos testimonios y el periodismo aguerrido, el pata negra, el de las investigaciones –siempre de parte y a veces sostenidas con informes y filtraciones falsas– ya ha declarado culpable al fiscal general, como lo ha hecho también la derecha política para bailar al son que toca Isabel Díaz Ayuso. Antes, sin necesidad de llegar a los tribunales ni pasar por una investigación como la de García Ortiz que destila más intencionalidad política que fundamentos de derecho, hicieron lo mismo con Pablo Casado. Y lo volverán a hacer con cualquiera que ose indagar en los negocios del entorno de Ayuso. 

De filtraciones ha vivido siempre la prensa. Lo saben bien quienes hoy se escandalizan por las informaciones publicadas sobre los negocios del novio de la presidenta madrileña –todas acreditadas– y antaño, sin embargo, difundían informes policiales falsos filtrados por las cloacas del Estado y en los que se atribuían delitos nunca cometidos a los líderes del independentismo o de Podemos. Lo que haga falta para proteger a ese ciudadano ejemplar al que se le ha causado un “daño reputacional”, según denuncia en su último escrito el juez Hurtado. Incluso irrumpir en el despacho del fiscal general para proceder a un registro que se prolongó durante casi 10 horas como si fuera el jefe de una organización criminal y que, por cierto, ha cuestionado hasta el último penalista de este país. 

De esto hablamos, no de un mail, no de una filtración, no del fiscal general, sino de desviar la atención sobre lo nuclear, que es el enriquecimiento de la pareja de la presidenta regional, la propiedad de su vivienda, sus negocios con el principal proveedor de sanidad privada de la Comunidad y del empeño de tapar todo ello con la fábula de una conspiración de La Moncloa contra Ayuso. 

Ya ha declarado el fiscal general, ahora toca –sin más aplazamientos que valgan– que haga lo propio Alberto Quirón, que es quien envió el mail a MAR y este lo distribuyó antes que el fiscal general emitiera la nota de prensa por varias redacciones. Un detalle menor, para el instructor, y que es donde está la clave de todo este embrollo político, periodístico y judicial. Pero los jueces, ya saben, son todos imparciales y no hacen política. ¡Vamos, anda!