La gestión del transporte sanitario del grup La Pau en Euskadi dejó un reguero de sanciones laborales, multas por incumplir el servicio e impagos de nóminas a cientos de trabajadores
El legado de La Pau en Euskadi: 55 actas de la Inspección de Trabajo y 0,8 millones de multa por mal uso de ambulancias
“Pobrecitos, la que les espera”. Esto fue lo que pensó Ieltxu Tejedor, representante del sindicato vasco LSB-USO, cuando se enteró de que el Grup La Pau era la empresa mejor posicionada para gestionar el mayor contrato de ambulancias de Catalunya, cuyo presupuesto base de licitación es de 384,7 millones de euros.
Tejedor es empleado del servicio de ambulancias en Euskadi donde, hasta el pasado noviembre, la cooperativa Grup La Pau gestionó una parte de este servicio hasta que acabó abandonando el País Vasco con un historial de infracciones laborales, deudas con los trabajadores y encontronazos con el Ejecutivo vasco.
Lucio Conde, responsable de transporte sanitario de UGT en Euskadi, pensó de manera similar. “Me vino a la cabeza la cantidad de familias a las que pueden dejar desamparadas”, sostiene en conversación telefónica.
La opinión de estos dos representantes sindicales ilustra hasta qué punto llegó el conflicto de esta cooperativa con sus empleados durante los años en los que se le adjudicó parte del transporte sanitario en el País Vasco, hasta el punto de que el Gobierno vasco optó por resolver el contrato y buscar una nueva adjudicataria.
Ahora, el Grup La Pau ha obtenido junto a otra compañía la mayor puntuación en el concurso para gestionar el transporte sanitario en el ámbito metropolitano del norte de Barcelona. Se trata del mayor lote de los 10 que forman parte de un concurso de casi 2.000 millones de euros para adjudicar el transporte sanitario de los próximos años en toda Catalunya.
Según fuentes del Servicio de Emergencias Médicas, el Ejecutivo catalán prevé anunciar a principios de febrero a quién ha adjudicado cada uno de los 10 lotes después de analizar la solvencia económica de todos los potenciales adjudicatarios.
La probable adjudicación del contrato al grupo La Pau también ha puesto en alerta a los sindicatos de Catalunya: UGT, CCOO, USOC y TS-TES emitieron un comunicado conjunto en el que trasladaron su “malestar” ante la posible adjudicación de un servicio esencial a una compañía que, según estas organizaciones, “no dispone de la confianza ni de la solvencia económica ni empresarial” para operar el transporte sanitario en esta zona.
Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario al respecto y se limitan a explicar que el proceso de adjudicación no estará cerrado hasta que todas las empresas acrediten su solvencia económica.
Deudas a trabajadores, multas y “riesgo grave” para los empleados
Entre el 31 de enero de 2019 y el 25 de noviembre de 2024, periodo en el que esta cooperativa gestionó parte de las ambulancias en el País Vasco, el Grup La Pau fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades.
Los motivos de las actas fueron varios. Se constató que la cooperativa utilizaba los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud para otros contratos con clínicas privadas, también que La Pau acumulaba deudas con la plantilla: a la mayoría de los trabajadores todavía se le debe dinero de la paga extra de verano y de un plus salarial que la plantilla ganó en los tribunales.
“A día de hoy todavía se le debe esa paga al 75% de la plantilla”, asegura Conde, de UGT. “Las he visto de todos los colores, pero una gestión tan desastrosa como esta no la había visto nunca”, añade.
El Departamento de Salud de Euskadi también interpuso varias sanciones por no cumplir el pliego de condiciones de la adjudicación. Inspección de Trabajo, por su parte, también constató que solo una quinta parte de la plantilla había recibido la formación adecuada sobre el manejo de equipos de protección integral o de “manipulación de cargas”.
La compañía, en respuesta a elDiario.es, asegura que la mayoría de problemas en el País Vasco se debieron al “comportamiento sindical” y cita las huelgas de los empleados y los “sabotajes masivos” que dañaron más de 300 vehículos como algunos de los motivos del deterioro de la situación financiera de la cooperativa.
“La trayectoria de nuestra cooperativa en Catalunya ha sido modélica y se ha consolidado como un referente en el sector”, señala un portavoz oficial, que también defiende la “situación financiera” de la cooperativa como “absolutamente solvente” y recuerda que se han presentado junto a otra compañía en el concurso en Catalunya.
Tejedor, del sindicato LSB-USO, es muy crítico con la gestión de la empresa durante la adjudicación. “Aquí ha habido gente trabajando durante meses sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social”, afirma. “Ha sido un descontrol absoluto”.
Uno de los últimos informes de inspección llevado a cabo tras visitar una de las bases de la empresa en el que trabajaban 400 empleados es muy duro con la cooperativa. El documento, al que tuvo acceso elDiario.es, asegura que los cinturones de seguridad de las ambulancias o las sillas de ruedas se “apañaban” con cinta aislante.
Según el informe, una de las empleadas vio cómo su mano quedaba atrapada por los problemas de unos de estos sistemas en una ambulancia en mayo de 2021. A otro operario se le cayó encima una camilla de otra ambulancia. La documentación muestra también zonas de la empresa que se inundaban e irregularidades en el almacenaje de las bombas de oxígeno, con los dispositivos usados y los nuevos mezclados y sin amarrar. Las taquillas de los empleados tenían riesgo de desplome.
“Cabe concluir que las personas trabajadoras [del Grupo La Pau] han estado y están expuestas a un riesgo grave para la seguridad y la salud en tanto en cuanto no se acredita que se hayan adoptado medidas preventivas suficientes que impidan los riesgos”, concluyó Inspección de Trabajo. “Queda constatado que la empresa no llevaba a cabo todos los mantenimientos preventivos y/o periódicos necesarios en las instalaciones del centro de trabajo”.
12 millones en avales embargados
El organismo responsable de la ejecución de los contratos públicos en el País Vasco y la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias decidieron, el pasado noviembre, rescindir el contrato con el Grup La Pau ante su “deficiente gestión”. Tanto el Ejecutivo Vasco como la cooperativa acordaron una “salida ordenada” de la empresa en Bizkaia y Álava, las provincias en las que prestaba su servicio.
La cooperativa, sin embargo, solicitó para acordar su salida que el Gobierno vasco pagara íntegramente las nóminas del mes de noviembre así como el resto de dinero adeudado a los empleados y renunciara a “ulteriores reclamaciones por cualquier concepto”.
El Ejecutivo vasco se negó alegando que no podía asumir, “de manera arbitraria”, los gastos que le competen a uno de sus contratistas “por el simple hecho de que dicho contratista esté en una situación económica complicada”.
Ante el riesgo de impago, el Gobierno de Euskadi dictó a finales de noviembre una orden para incautar los avales depositados por el Grup La Pau cuando ganó el concurso en el país vasco y utilizar ese dinero para pagar las deudas que ha dejado la cooperativa.
La suma asciende a 12 millones de euros de los cuales 5,5 millones son del Institut Català de Finances, una entidad financiera pública que impulsa y facilita el acceso a la financiación de las compañías catalanas.