Un informe señala que la mitad vive con tres o más personas, el 41% comparte piso para repartir gastos y, aún así, el 48% de los menores de 30 años que están de alquiler realizan lo que los organismos nacionales e internacionales consideran un «sobreesfuerzo» para pagar la renta
“Y el mes de agencia”: la trampa de las inmobiliarias para seguir cobrando honorarios por el alquiler
Cuando cuatro de cada diez jóvenes emancipados miran su cuenta bancaria a final de mes, la cifra que encuentran no supera los dos dígitos. La precariedad económica que padecen y la crisis de la vivienda lastra la capacidad de ahorro de un colectivo cada vez más mermado. Según los datos del Consejo de la Juventud de España, en el primer semestre de 2014, solo el 14,8% de la población menor de 30 años consiguió abandonar el hogar familiar. La entidad ha presentado este jueves un informe, ‘Radiografía de la juventud emancipada. Una generación inquilina’, en el que analiza la situación en la que viven estas personas.
Según los datos del informe, el 69% de las personas jóvenes emancipadas viven de alquiler, frente al 25,6% que tiene una vivienda en propiedad, pagada o no, y el 5,5% que viven en un inmueble cedido de forma gratuita. Y la mayoría lo hace compartiendo piso. Solo el 13% de quienes han logrado formar un hogar propio viven solas, mientras el 42% comparten casa con tres o cuatro personas y casi el 7% con más. El 51% vive con su pareja pero, según los datos de la encuesta, en muchos casos tienen que vivir con más gente: solo en el 38% de los hogares de jóvenes emancipados viven dos personas.
“La mayoría de las personas jóvenes emancipadas no comparten vivienda por gusto, sino que lo hacen para compartir gastos, lo que sugiere que la actual crisis de acceso a la vivienda puede estar modificando los modos de emancipación juvenil”, indica el informe. En concreto, el 41% de los encuestados señala que comparte piso por compartir gastos. Es el mismo porcentaje que indica que no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes —superior al 34,4% que salva entre 100 y 300 euros y el 24,5% por encima de 300—, lo que dificulta hacer frente a gastos imprevistos.
La capacidad de ahorro está ligada con los gastos en vivienda, pero también con los ingresos. En el apartado de lo que entra: el 34,5% ingresa menos de 1.000 euros netos al mes; el 41,7%, entre 1.000 y 2.000 euros netos; y solo el 18,6% tiene un sueldo neto por encima de esta cantidad. Y lo que sale por el techo: cerca de cuatro de cada diez personas jóvenes emancipadas en municipios pequeños de menos de 10.000 habitantes pagan menos de 500 euros por la vivienda completa, pero en ciudades como Madrid y Barcelona siete de cada 10 menos de 30 años destina más de 700 euros al mes por su vivienda habitual.
El informe toma como referencia las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España o la OCDE, que consideran un “sobreesfuerzo” dedicar más del 40% de la renta al pago de la vivienda. Con este baremo, la mitad de los jóvenes que vivien de alquiler están en esa situación, frente al 22,5% de quienes tienen una casa en propiedad. Por grupos de edad, las personas entre 18 y 21 están más apretadas (56,7% en sobreesfuerzo) que las de 22 a 26 (42,7%) y las de 27 a 30 (32,6%).
El Consejo de la Juventud de España ha ido un paso más allá de lo económico, al analizar las condiciones de las viviendas de las personas emancipadas que son, “en general, precarias”. “Suelen ser más pequeñas, con peores condiciones de mantenimiento y menos seguras que a las que podrían optar otras franjas de población” y “a menudo se encuentran en mal estado en términos de reparaciones y de instalaciones, al no cumplir con estándares básicos de habitabilidad” indica.
Además, el informe denuncia una “grave desprotección de la juventud en el mercado del alquiler”. “Muchos jóvenes enfrentan problemas con los caseros, como falta de mantenimiento, reparaciones pendientes y subidas de alquiler injustificadas” y “gastos añadidos, como las comisiones inmobiliarias”, prohibidas por ley, “o el pago de finazas abusivas” que suponen “una barrera económica” que dificulta aún más el acceso.