Las deudas que el Grup La Pau dejó en Euskadi tras una polémica gestión llevan al Servicio de Emergencias a pedir garantías y más documentación a la compañía antes de decidir la adjudicación
El polémico pasado de la empresa favorita para ganar el mayor contrato de ambulancias de Catalunya
A pesar de haber obtenido la mayor puntuación en el concurso para gestionar parte del transporte sanitario en Catalunya, el Govern no ve claro adjudicárselo al Grup La Pau debido a su historial de impagos, infracciones laborales e incumplimientos durante los cinco años en los que prestó este servicio en Euskadi.
Las dudas sobre la solvencia de esta cooperativa han llevado a los miembros de la mesa de contratación a aprobar, por unanimidad, la solicitud de más documentación a esta empresa, que se presentó junto a otra compañía al concurso para gestionar el transporte sanitario en la zona norte del área metropolitana de Barcelona.
El lote al que aspira esta compañía de Badalona es el mayor de todo el concurso y cuenta con un presupuesto base de más de 384 millones. Forma parte de la licitación más grande que prevé hacer el Govern en esta legislatura: casi 2.000 millones para repartir entre los diversos adjudicatarios de este servicio en toda Catalunya.
Las polémicas del Grup La Pau en Euskadi, reveladas durante meses por elDiario.es, han sido el motivo que ha llevado a la Generalitat a mostrar dudas sobre la idoneidad de la adjudicación a pesar de la puntuación obtenida, según figura en el acta de la mesa de contratación.
La cooperativa acordó rescindir el contrato con el Gobierno vasco el pasado noviembre tras recibir sanciones y más de una cincuentena de actas por parte de Inspección de Trabajo.
El Grup La Pau también dejó nóminas y pagas extras sin pagar, motivo por el cual el Ejecutivo de Euskadi le acabó incautando los 12 millones que había depositado como aval al ganar la adjudicación. Cinco millones y medio de ese aval incautado son del Institut Català de Finances (ICF), un ente público de la Generalitat.
El secretario de la mesa de contratación informó al resto de miembros que el Ejecutivo vasco, en el expediente que abrió al Grup La Pau, señala que la cooperativa se encontraba “en una situación económica complicada”. La propia cooperativa, en una memoria elaborada el pasado junio, aseguró que estaba cerca de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones en pérdidas entre 2021 y 2024.
La situación descrita por el Gobierno vasco ha llevado a la mesa de contratación a pedir al Grup La Pau toda la contabilidad de 2024 así como balances, la cuenta de pérdidas y ganancias, los movimientos de patrimonio neto y una memoria detallada para esclarecer todos los números.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) también ha exigido un plan de negocio para los dos próximos años que “garantice el principio de compañía en funcionamiento”. Es decir: todos los ingresos y gastos y movimientos de patrimonio que la cooperativa pretende hacer entre 2025 y 2027.
El requerimiento llega al Grup La Pau después de que la cooperativa, al igual que todas las demás empresas que se presentaron al concurso, aportara inicialmente la documentación necesaria para garantizar su solvencia económica. A otras empresas del concurso también se les ha requerido documentación adicional, pero a ninguna de ellas por dudas sobre su solvencia.
El pasado domingo, un portavoz de la cooperativa remitió un escrito a elDiario.es en el que aseguraba que la situación financiera de la empresa era “absolutamente solvente” y recordaba la “trayectoria modélica” de la cooperativa que le ha consolidado como “un referente en el sector”.