El instructor Ángel Hurtado rechaza las quejas de Álvaro García Ortiz contra las filtraciones de su investigación y critica que apunte solo a las acusaciones: «Se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables»
El juez se salta el criterio inicial del Supremo para investigar la nota de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso
El juez Ángel Hurtado ha rechazado las quejas del fiscal general sobre las filtraciones de la investigación en la que está imputado. El magistrado ha rechazado imponer algún tipo de limitación a las acusaciones populares del caso, remite nuevamente a los juzgados de Madrid las denuncias de revelación de secretos de Álvaro García Ortiz, y critica que la Abogacía del Estado apunte solo a las filtraciones de información que, entiende, se traducen en titulares desfavorables para él: “Si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso”.
El fiscal general denunció a principios del mes de enero que sus derechos se estaban viendo vulnerados por las constantes filtraciones de información de la causa, quejándose también de la existencia de un “juicio paralelo” a través de las acusaciones populares y particulares del caso. Además de la acusación que ejerce la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el caso también están personados Manos Limpias, la asociación de fiscales APIF, el Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
El juez Hurtado ha remitido a los juzgados ordinarios de la Plaza de Castilla la queja de García Ortiz por una posible revelación de secretos en la causa pero rechaza la mayor parte de sus alegaciones. Sobre un posible juicio paralelo, dice, “no hay nada que temer” por no tener “ninguna incidencia” en el proceso judicial en el que declaró como imputado la semana pasada. Rechaza el instructor poner “coto” a lo que se pueda llegar a afirmar en los medios sobre el caso.
El juez reprocha al fiscal general que atribuya estas filtraciones o sesgos informativos sobre el caso en exclusiva a las acusaciones. Este tipo de alegaciones, añade, deben ser estudiadas con “la suficiente cautela” porque en casos mediáticos como éste “se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables”.
El fiscal general también se quejaba de que los datos de su teléfono móvil, entre ellos el código IMEI o su número, hubieran figurado expresamente en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregados así a las partes y finalmente filtrados a la prensa. Solicitaba que fueran anonimizados en esos informes y el juez contesta que la UCO “no hacia sino cumplir con su deber de ir informando a este Instructor sobre el resultado sus pesquisas”. “La eliminación de esos datos hubiera supuesto una importante merma para el derecho de las partes personadas a conocer el avance de una investigación”.
Declaración del fiscal general
La causa contra el fiscal general y dos de sus colaboradores por la supuesta filtración del correo con la confesión de Alberto González Amador ha avanzado en las últimas semanas con la declaración de hasta 14 testigos y de dos de los imputados: Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El tercer imputado, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, comparecerá este miércoles como investigado.
Los dos imputados que han declarado hasta el momento han negado haber ordenado o ejecutado cualquier tipo de filtración sobre el caso de Alberto González Amador para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso o su pareja. Los dos relataron ante el juez Hurtado que en la tarde del 13 de marzo solicitaron toda la información de la causa al fiscal Julián Salto porque diversos medios estaban publicando una información falsa sobre el caso: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario pero que lo había retirado por “órdenes de arriba”.
La instrucción del caso ha revelado cómo esa afirmación falsa llegó a decenas de medios de comunicación. Fue Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien empezó a contactar con periodistas en la tarde del 13 de marzo para difundir el bulo. Posteriormente, a las 21.29 horas de esa noche, fue El Mundo quien publicó que el pacto había partido de la Fiscalía y, posteriormente, otros medios añadieron las afirmaciones falsas de Rodríguez sobre cómo la cúpula de la Fiscalía había retirado el pacto.
Los fiscales del caso han defendido ante el Supremo que esa noche se limitaron a recopilar la información de la causa para emitir un comunicado al día siguiente y desmentir las falsedades que se difundían desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso. El juez, por el momento, ha hecho suyas las deducciones de la Guardia Civil y varias acusaciones del propio González Amador para acusar a los fiscales de poner en marcha una “estrategia” para filtrar información de la causa y perjudicar a González Amador en connivencia, incluso, con la Moncloa.
El juez Hurtado, a lo largo de los últimos interrogatorios, explicó a las partes que el objeto de la causa ya no se ceñía solo a la investigación sobre quién filtró el correo con la confesión de la pareja de Ayuso: también abarca la filtración de su expediente de Hacienda y, en contra de lo que estableció la Sala de lo Penal cuando se hizo cargo del caso, la nota de prensa de la Fiscalía del pasado 14 de marzo.