Una inspección del Defensor del Pueblo avisa de los largos ingresos sin justificación médica, según publica el diario ‘El País’
Hemeroteca – El Defensor del Pueblo denuncia discriminación hacia las mujeres y destapa un caso de violencia sexual en el psiquiátrico de Conxo
Un informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en las vulneraciones de derechos que se dan en los sanatorios psiquiátricos gallegos. En esta ocasión se trata de un centro privado -que tiene concierto con la Xunta- situado en el municipio coruñés de O Pino, La Robleda, del grupo Hestia Alliance. Según publica el diario El País, una inspección sorpresa hecha en septiembre de 2024 detectó que hay pacientes atados durante semanas, a los que se encierra en sus habitaciones y también denuncias de agresión sexual, además de ingresos que se prolongan durante años sin una justificación médica y otras vulneraciones como cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones o restricciones para acceder a la tecnología.
El centro psiquiátrico funciona desde hace medio siglo, pero no se trasladó a su actual emplazamiento hasta 2007. Son estas instalaciones las que visitaron hace unos meses sin previo aviso los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo y centrado en las instalaciones en las que hay privación de libertad, como los psiquiátricos, las cárceles o los centros de menores. Las conclusiones se han remitido ya a la Consellería de Sanidade de la Xunta, a la Fiscalía y al sanatorio inspeccionado.
Entre las medidas que consideran “mala praxis” están el uso “habitual” de la llamada contención mecánica, es decir, atar al paciente, un recurso que organizaciones médicas y de derechos humanos piden evitar usar en personas con patologías psiquiátricas. Los responsables del Defensor del Paciente, que se entrevistaron con personas ingresadas en La Robleda y con los trabajadores, destacan que constan inmovilizaciones que se prolongaron durante semanas. Citan el caso de una persona a la que se ve “claramente tranquila” y sin mostrar “ningún signo de agresividad, colaborando en la retirada de su ropa y en el resto de instrucciones” a la que se ata. Lo vieron en grabaciones de las cámaras del centro. Otro paciente, añade la información de El País, estuvo inmovilizado nueve días y pasó luego otros tres encerrado con llave en su habitación, lo que es “una vulneración grave de los derechos básicos”
Esa práctica de aislar a un paciente es, según el informe, “muy común” en el sanatorio, pero no se recoge en las circulares ni en los documentos internos. Tampoco hay para ella “ningún soporte legal”, prosigue el Defensor del Pueblo. Analiza también el caso de una paciente que denunció que un trabajador la agredió sexualmente y la denigró cuando ella estaba siendo sometida a contención mecánica. Ella dijo que le había tocado “sus partes íntimas” y que la había insultado. Estas declaraciones aparecen en el historial médico. La reacción del centro fue anotar que se revisarían las grabaciones de las cámaras, pero no figuran las conclusiones o la activación de ningún protocolo a raíz de este caso. Otro paciente fue sorprendido mientras le tocaba el pecho a esta misma interna, algo que se registró solo en el expediente médico del hombre.
El informe considera “incuestionable”, a la vista de lo ocurrido, que “se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual”. La empresa Hestia Alliance respondió al respecto que hizo “las investigaciones pertinentes”, pero “sin poder dar validez a las afirmaciones de la persona en cuestión”. La información recoge también que el grupo, que tiene 14 centros sociosanitarios y de salud mental en varias comunidades, asegura que desarrolla su actividad con “criterios y supervisión médica” y que la inspección del Defensor del Pueblo “deja mucho que desear en su metodología”. Sostiene que hay “una notable e inevitable diferencia” entre “un trato médico diario y continuado en el tiempo” y la que “se deriva de una aproximación tangencial y esporádica, por muy bienintencionada que sea, en el transcurso de una visita”. Añade que la Xunta hace una supervisión “exigente”. El Gobierno gallego manifiesta en la información que vigila que se dé una atención “correcta” en el centro a los pacientes que le deriva, que son actualmente 26. En cualquier caso, dice que tendrá en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En las conclusiones del organismo que dirige Ángel Gabilondo se añade que, cuando se inmoviliza a algún paciente, se le pone “de manera rutinaria” un pañal porque hay una “ausencia de supervisión y falta de control”. En muchos casos, agrega, no se especifican los motivos, el profesional responsable ni la fecha final de una contención. Y se ha comprobado que hay pacientes que han sido inmovilizados en sus cuartos, algo que denuncian los inspectores por las posibles consecuencias: “Supone enfrentarse a la situación de tener que dormir en una cama y una habitación donde las personas ingresadas se han tenido que ver en momentos que pueden ser vividos de manera altamente traumática”.
El Defensor del Pueblo agrega que hay cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones, lo que puede suponer una violación del derecho a la intimidad; que a los pacientes fumadores se les limita el número diario de cigarrillos, lo que “contraviene la libertad individual”; y que los internos tienen prohibido el empleo de dispositivos tecnológicos. No hay ordenadores propios ni compartidos y el acceso a la televisión se hace de forma restringida. También considera que hay falta de personal para atender a todos los pacientes y apunta que la estancia media en el centro, de 187 días, está por encima de la media de hospitalización psiquiátrica en Galicia.
El BNG ha anunciado ya que va a exigir responsabilidades a la Xunta por lo que califica de “gravísima situación” en La Robleda. Lo hará, avanzó la diputada Iria Carreira, a través de iniciativas en el Parlamento en las que reclamará “transparencia y que salga a la luz todo lo que está ocurriendo” en ese centro. A su juicio, los hechos que recoge el Defensor del Pueblo son muestra de “la escasa preocupación de la Xunta por la salud mental y las pacientes psiquiátricas”. Recalca que esto sucede en una clínica con financiación pública.