Los magistrados señalan que «nada» apunta a una «intención de ofender, herir o perturbar los sentimientos religiosos» por parte de Carlos Martínez
El juzgado suspende la testifical del alcalde de Soria tras una denuncia de Abogados Cristianos por un disfraz de Papa
La Audiencia Provincial de Soria ha dictado el archivo de la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos contra el secretario general electo del PSOE en Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, tras su participación en una ‘procesión’ a bordo de un vehículo que simulaba el ‘papamóvil’ durante las fiestas patronales de Tardelcuende, en Soria, en agosto de 2024. El tribunal se ha adherido a la petición de la Fiscalía a la que también se había sumado la defensa.
Abogados Cristianos acusaba al edil de un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Los hechos denunciados señalaban que Martínez Mínguez bendecía a los asistentes usando una escobilla de baño como hisopo, que mojaba en un cubo con agua simulando ser agua bendita y lo lanzaba a modo de bendición. Todo ello, motivo para que la fundación ultracatólica entendiese que el líder socialista quería ofender y hace escarnio del cristianismo.
El Ministerio Fiscal, que interpuso un recurso de apelación contra la resolución inicial del Juzgado de Instrucción nº 4 de Soria de apertura de diligencias, argumentó que la conducta del alcalde carecía de los “elementos objetivos y subjetivos necesarios para constituir un delito”. Este un punto del fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido suscrito por los magistrados también.
La Fiscalía ha destacado que los hechos no reflejaban un “escarnio firme, porfiado y tenaz” ni un “inequívoco propósito de ofender”. En su informe, se ha defendido que la conducta del alcalde se dio en un “ambiente festivo” y que “no se desarrolló en un lugar destinado al culto ni interrumpió servicio religioso alguno”. Además, han apuntado que el acto no era “objetivamente ofensivo” en el sentido que define el tipo penal.
Según los magistrados, el derecho penal no debe ser utilizado para sancionar conductas que, aunque puedan resultar ofensivas para algunas sensibilidades, no cumplen con los requisitos de gravedad necesarios para constituir un delito. “No se advierte nada que apunte a una intención de ofender, herir o perturbar los sentimientos religiosos”, ha señalado el auto.
El fallo también hace hincapié en que la libertad religiosa protegida por el artículo 16 de la Constitución incluye tanto el ejercicio material del culto como el respeto a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso, se ha concluido que la actuación del alcalde no era suficientemente ofensiva para tener que ser castigado por la justicia.
Por todo ello, el tribunal ha decretado el archivo de las diligencias y ha declarado las costas de oficio. Asimismo, han señalado que contra el fallo no cabe recurso ordinario alguno, salvo en interés de ley ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.
La denuncia a Martínez estuvo parada durante meses en el juzgado hasta después de que presentara su candidatura para liderar el Partido Socialista, a principios de enero. El juzgado impuso una fianza de 6.000 euros a Abogados Cristianos para seguir adelante con el procedimiento, pero esa cantidad no fue abonada hasta el mes de enero. Desde el PSOE destacaron el “oportuno” depósito de la cantidad que se solicitaba, que coincidió con el anuncio del nuevo cargo de Martínez al frente de los socialistas de Castilla y León.
Dentro del fallo, el tribunal hace un reproche a la falta de seguridad vial, cuestión que la DGT saldó con una multa de 100 euros a Carlos Martínez por cometer una infracción contra la seguridad vial. Tras la sanción, el alcalde de Soria consideró que su actuación había sido “una gran torpeza” y pidió disculpas, aunque se negó a “consentir” que este hecho pudiera servir para “perjudicar la imagen de la ciudad y de la Alcaldía”. Martínez extiende sus disculpas a todo aquel que se pudo haber sentido ofendido, incluso desde el punto de vista religioso, insistiendo que no hubo ningún tipo de intencionalidad Tanto PP como Vox —en la oposición municipal— criticaron estas acciones: el PP se centró más en la infracción de tráfico y Vox, en la parodia religiosa.