Goteras, moho y mentiras: vecinos de un edificio de Madrid denuncian las presiones de una gestora para echarles

Los inquilinos de General Lacy 22 llevan casi seis meses conviviendo con humedades, roturas de tuberías y calderas averiadas a la espera de que la administradora de la finca se haga cargo de las reparaciones. Sospechan que se trata de un caso de ‘mobbing’ inmobiliario para que abandonen sus viviendas antes de que terminen sus contratos de alquiler

Una gestora intenta vaciar un edificio de Madrid donde viven 46 familias y una octogenaria que sufre un grave cáncer

El pasado mes de agosto apareció una gotera en el techo de la cocina de Blanca. Al principio no era alarmante, pero con el paso de los días empezó a crecer y cada vez dejaba escapar más agua. Rápidamente se puso en contacto con la empresa que gestiona la propiedad para contarles el problema y reclamarles asistencia técnica. Tramitaron la petición, pero la reparación nunca llegó. Casi seis meses después la cocina de Blanca se ha convertido en una estancia inhabitable y peligrosa, repleta de humedades y con un gran agujero en el techo por el que no deja de caer agua. 

Blanca cree que esta situación responde a algo muy concreto: la gestora quiere vaciar el edificio en el que vive. A mediados de 2024, los vecinos de General Lacy 22 recibieron un escrito en el que alguien, de forma anónima, les informaba de que la administradora de la finca había cambiado. Después de recibir esta carta, comenzaron a notificarles a través de burofaxes que no les renovarán los contratos de arrendamiento una vez terminen y que, por ende, en unos meses tendrán que abandonar sus viviendas. El silencio e inoperancia por parte de la empresa gestora respecto a la gotera junto a la amenaza de desalojo ha llevado a Blanca a plantearse que podría estar siendo víctima de un caso de mobbing inmobiliario. 

“El modus operandi de esta gente es bastante curioso. Están esperando a que los contratos de alquiler vayan cumpliéndose para vaciar los pisos poco a poco. Eso puede llevarles años, dependiendo de cuándo terminen los contratos. Mientras tanto, lo que están haciendo con los contratos aún vigentes es omitir su deber de asegurar la habitabilidad de las viviendas”, cuenta Blanca en conversación con Somos Arganzuela. Contestan a sus mensajes, pero nunca llegan a arreglar la avería, dejando que el problema vaya en aumento y la casa sea cada vez menos habitable para que, ante la desesperación, termine yéndose. 

“Buscan acelerar nuestra salida”, asegura Blanca. Lo dice convencida, porque ya lo han conseguido con una de sus vecinas. La situación en esos casos fue similar: aparecieron unas pequeñas humedades en otro de los pisos del edificio y los inquilinos informaron a la gestora. No enviaron a nadie y el problema se agravó, hasta tal punto que causó un problema de salud a la inquilina, que era asmática. Vivir allí se volvió insostenible y optaron por abandonar el piso, a pesar de que aún no había vencido su contrato. “Si no hubiera sido por esas humedades, no se habrían ido”, asevera Blanca. 

Pero con Blanca “no lo van a conseguir”, asegura ella. Aunque cada vez le resulte más difícil y agotador gestionar esta situación. “Mi estado de ánimo se encuentra bastante deteriorado, esto me está afectando más de lo que pensaba, es una guerra psicológica”, relata.  Desde que apareció la gotera en agosto, el estado de su cocina ha ido constantemente a peor hasta el punto de que ha tenido que trasladar todos los utensilios y alimentos al salón e instalar un pequeño hornillo de gas para poder cocinar. Ha tenido que amoldarse a esta nueva situación con tal de continuar viviendo en la que es su casa desde hace más de 20 años, pero no está siendo para nada fácil.


El salón de Blanca, donde ha tenido que improvisar una cocina

“Es un proceso interminable”, señala Blanca. En estos seis meses ha pasado por múltiples empresas subcontratadas, intermediarios y personas que simplemente no aparecen. La última vez que le aseguraron que iban a mandar un técnico fue a mediados de diciembre: “Me dijeron que podían venir antes de las fiestas o justo después. Les di múltiples opciones, pero no volvieron a llamarme”. De esto han pasado casi dos meses en los que no ha parado de insistir, hasta que por fin hace un par de semanas consiguió contactar con alguien. Desde la empresa administradora le indicaron que “la fuga de agua está en otro piso y que ellos ya no tienen nada que hacer”. Sin embargo, esta respuesta le resultó sospechosa y decidió preguntar a sus vecinos si habían recibido la visita de algún técnico. Y, efectivamente, nadie había ido al edificio para comprobar el origen de la fuga. 

Esto dejó a Blanca hecha un mar de dudas y a la vez confirmó sus sospechas. De hecho, se inclina a pensar que existe mala fe en la forma de actuar de la empresa administradora: “Me pregunto si los propios gestores o propietarios han dado de baja los servicios a propósito para boicotear el arreglo. No me extrañaría en absoluto”. La vecina considera que hay demasiadas cosas extrañas, como que, por ejemplo, la empresa con la que supuestamente están gestionando su caso, Grupo Soluzone, se dedica principalmente a tratar temas de pisos ocupados. “Cuando contacté con ellos, incluso el operario me dijo que su trabajo principal era ese, no arreglar fugas. Esto me hace pensar que han subcontratado a una empresa que no tiene nada que ver con lo que realmente necesito”, explica. 

Esta empresa, afincada en Murcia, se define en su página web como “la solución definitiva para evitar la ocupación de viviendas”. Además, son expertos en instalación de puertas “anti okupas” en menos de 24 horas en todo el territorio nacional. Este tipo de pistas llevaron a Blanca a pensar que, quizás, la gestora tenía otros planes bastante alejados del problema principal: arreglar la gotera. 


Estado en el que se encuentra actualmente la cocina de Blanca a causa de la gotera

Un par de días después de contactar con la empresa, volvió a recibir una llamada en la que le indicaron que por fin iban a ir a su casa los operarios. Sin embargo, le indicaron ciertas cosas que no habían mencionado antes, como que era necesario romper para buscar el origen de la fuga. En ese momento quedaban solo diez días para que terminase el contrato de Blanca. “Quedando tan pocos días para el fin de mi contrato, muestran ahora tanto empeño en buscar el origen de la fuga y en romper en mi vivienda. ¿No querrán dejarme la cocina llena de escombros para quitarme las ganas de seguir quedándome en este piso?”, se pregunta. 

La situación ha sido similar con cada una de las empresas que ha designado la gestora para solucionar la gotera: totalmente opaca. La última que le contactó indicó a Blanca que necesitaban aprobar un presupuesto para utilizar una técnica no invasiva con la que detectar la fuga, sin necesidad de romper nada. Sin embargo, la información sigue siendo contradictoria: le dicen que hay que romper y buscar, a pesar de que otra empresa ya confirmó anteriormente que saben exactamente dónde está la fuga, aunque nadie se ha personado para comprobarlo. 

“Lo más lógico sería que arreglen primero la fuga que supuestamente hay en el piso superior, que es donde ya saben que está el problema. Sin embargo, insisten en entrar a mi casa, aunque lo único que deberían hacer aquí es reparar los daños después de arreglar la fuga en el lugar correcto”, insiste. Blanca considera que es necesario que le informen del nombre de la nueva empresa que, supuestamente, va a arreglar la gotera, ya que se niega a dar acceso a la vivienda a ningún sin identificarse previamente. Teme que aprovechen que están dentro del piso para dejarla fuera. Ya ha pasado casi medio año desde que comenzó toda esta pesadilla y considera que esta “falta de claridad y coordinación” parece ser una práctica deliberada.

El modus operandi parece ser siempre el mismo: justo después de una visita técnica para evaluar los daños, cambian de empresa reparadora y todo el trámite tiene que empezar desde cero. Esto ha llevado a Blanca a pensar que lo hacen intencionadamente para alargar el proceso. “Además, la comunicación es pésima”, asegura. Cuando les pide aclaraciones o información, nunca contestan a lo que pregunta. Le envían respuestas genéricas, como pedir que indique día y hora para que sus operarios puedan ir, sin resolver los problemas de fondo.


Conversación entre Blanca y la propiedad en la que confirman que las empresas pertenecen a la gestora del edificio

Para Blanca, lo más indignante es que “estas prácticas están perfectamente calculadas”. No son errores ni confusiones, sino retrasos y plantones intencionados para hacerles la vida imposible. Les ha pedido varias veces que den su teléfono a los operarios para que puedan contactarle directamente y evitar más retrasos, pero no lo hacen. La situación de sus vecinos tampoco ayuda. “Una vecina me contactó recientemente porque tenía problemas con el calentador. Ella me preguntó cómo gestionar el problema, y yo le dije que si veía algo raro o retrasos, me avisara de inmediato. Esto parece ser una estrategia clara para forzar que los inquilinos se vayan. Es inhumano convivir en estas condiciones”, cuenta. 

Posiblemente lo más complicado de todo este proceso está siendo luchar contra un gigante sin nombre ni apellidos. La gestora utiliza correos genéricos para comunicarse con los vecinos y no firma las cartas que les envía, lo que dificulta rastrear quién está a cargo. Hace unos meses, cuando toda esta historia comenzó, consiguieron descubrir que detrás de todo está Savills, una compañía inmobiliaria presidida por el empresario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Sin embargo, hay cambios constantes en las empresas reparadoras y los intermediarios, lo que supone tener que empezar de cero cada pocas semanas y se traduce en un desgaste inmenso para Blanca.

Miedo a quedarse en la calle

Después de tantos meses así, Blanca ya se ha acostumbrado a vivir sin cocina. Tampoco tiene otra opción. Su contrato terminó el 1 de febrero y ya no puede continuar presionando a la gestora para que arreglen su gotera. En el caso de otros vecinos de la misma calle, en el número 22, a los que ya les cumplió el contrato, la presión mediática hizo su efecto y consiguieron ampliar los contratos hasta diciembre. Sin embargo, desde entonces la empresa administradora ha optado por el silencio. “Nadie nos dice nada, pero seguimos pagando el alquiler íntegro”, explica. 

En este contexto, la situación resulta bastante peculiar. Cuando los vecinos se quedan sin contrato, los propietarios siguen ingresando dinero en sus cuentas, pero no se lo devuelven. Según cuenta Blanca, un vecino del edificio dio con una posible clave para entender el problema: “Parece que esta gente prefiere mantener los pisos ocupados durante cuatro o cinco años, aunque sea en estas condiciones, porque cada vivienda vacía supone dejar de percibir ingresos”. 

Es decir, en lugar de tener los pisos vacíos, los tienen ocupados por personas que, aunque están preocupadas por la situación, no son “okupas”. Son inquilinos con una vida establecida, que no maltratan los edificios ni los pisos y, además, generan ingresos constantes. Estas personas están pagando, lo que para la propiedad significa miles de euros extra cada mes. Esto ha dado cierta tranquilidad a este bloque de vecinos, que confían en aguantar la batalla hasta que los contratos de los últimos vecinos terminen y se pongan más estrictos. Mientras tanto, les compensa mantener esta situación. 

En este edificio del distrito de Arganzuela viven más de cien vecinos que cada día se enfrentan al miedo de poder ser expulsados. Bajo las cuatro paredes de General Lacy se encuentran personas de todo tipo: jóvenes, ancianos, niños, enfermos terminales, trabajadores con negocios en el barrio y un sinfín de particularidades que hacen cada caso más complicado que el anterior. Blanca, por su parte, ha iniciado los trámites burocráticos pertinentes para intentar darles un toque de atención y, al menos, poder vivir dignamente el tiempo que le quede en la que ha sido su casa durante las últimas dos décadas: “Después de esperar hasta el último minuto, lo he notificado al Ayuntamiento de Madrid para que les fuercen a hacer su trabajo. Mientras, seguimos resistiendo”. 

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