El sistema Es-Alert cuenta con un «registro de actividades», con «medidas especiales de salvaguarda y control de accesos», que detalla el envío de las alertas: «Quién y cuándo las definió, las activó y las confirmó»
Jorge Suárez: el alto funcionario que conoce las claves que busca la jueza de la DANA sobre la decisión de lanzar la alerta
Documento – Sistema de avisos a la población de la Red de Alerta Nacional
La jueza que instruye las diligencias de la DANA quiere saber “quién tomó la decisión” de lanzar la alerta masiva a los móviles del 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla a simple vista debido a la complejidad técnica del sistema Es-Alert, lo que permite al Gobierno de Mazón soslayar una contestación clara. De hecho, la magistrada dio a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, otros cinco días como nuevo “plazo improrrogable” para que conteste claramente. Aunque probablemente sea una pregunta —quizá la más importante para la instrucción— que deberá ser respondida, adicionalmente, con las declaraciones testificales de algunos de los presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi); especialmente la entonces consellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, además del actual director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, tres personas —dos destituidas y otra en activo— que conocen los detalles de la decisión política del envío que precedió a su efectiva remisión por parte de los técnicos. Porque una cosa es el aval de la Generalitat al envío del aviso y otra el aspecto técnico de la activación del Es-Alert. Y con esta distinción, el Consell ha pretendido ‘torear’ a la jueza y a su auto del pasado 5 de diciembre.
Se trata de un sistema de avisos automático, también conocido como ‘112 inverso’, pilotado por la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, en el marco de la Red de Alertas Nacional, y compartido con los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas, entre ellos el valenciano. Implantado tras una directiva europea de 2018, el Public Warning System permite transmitir alertas a través de redes de telefonía móvil en casos de, entre otros escenarios, inundaciones como las del pasado 29 de octubre, día de la DANA.
El Ministerio del Interior ensayó la alerta en todas las comunidades autónomas entre octubre y noviembre de 2022. El sistema se estrenó en el territorio valenciano, dos veces a modo de prueba, durante la última legislatura del Pacte del Botànic, con José María Ángel, actual comisionado del Gobierno para la reconstrucción, como secretario autonómico de Emergencias. La primera fue el 26 de octubre de 2022 precisamente en l’Eliana, localidad que alberga el Centro de Coordinación de Emergencias. El segundo ensayo se amplió, el 4 de mayo del año siguiente, a 27 municipios de la comarca de la Vega Baja.
Sin embargo, el pasado 29 de octubre, la alerta llegó tarde —a las 20.11—, cuando cientos de ciudadanos ya estaban atrapados bajo el agua o desaparecidos. Más allá del componente técnico, el envío de una alerta masiva requiere del aval político de la Generalitat, que ostenta la dirección de la emergencia. Un aval que, el día de la DANA, se retrasó por las dificultades de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para contactar con el president Carlos Mazón, que aquella tarde alargaba una comida en el restaurante El Ventorro, además del consecuente retraso del jefe del Consell en acudir al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, a donde llegó sobre las 19.30.
El envío del Es Alert se sugirió a partir de las 18.00. Sin embargo, los vaivenes del poco ágil equipo de Emergencias comandado por Pradas, sumados al largo ágape de Mazón, provocaron que el debate sobre el texto del mensaje y sobre el área geográfica a la que se enviaría se postergara hasta bien entrada la tarde, cuando la barrancada ya hacía estragos en diversas localidades.
Además del testimonio clave para obtener la respuesta, el del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, la magistrada dispone de un denominado “archivo especial” que registra todos los “sucesos y actividades”, incluyendo la fecha y la hora y el usuario técnico autorizado que lanza una alerta masiva. El registro del sistema permite “verificar a posteriori los detalles de cualquier acción realizada sobre el sistema”, según indica la documentación consultada por elDiario.es.
El sistema Es-Alert, que permite realizar copias de seguridad, es complejo. Depende del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (Cenem), encuadrado en el Ministerio del Interior. Sin embargo, el sistema se coordina con los centros de emergencias autonómicos, a los que permite la generación de las alarmas, su autorización, procesado y validación.
Los pliegos de prescripciones técnicas de su contratación, adjudicada en 2021 a una filial de Indra por 3,3 millones de euros, aportan algunas pistas sobre su funcionamiento operativo. Usa la tecnología ‘Cell Broadcast’ (difusión de celdas), un sistema que permite enviar un mensaje de forma casi instantánea a todos los teléfonos móviles conectados a las antenas de telefonía para las que se activa la emisión de la alerta.
José María Ángel, exsecretario autonómico de Emergencias (en el centro); Salvador Almenar, ex director general de Interior, y la entonces alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, durante el ensayo del Es Alert en la comarca de la Vega Baja en 2023.
Cuenta con una arquitectura de doble nivel, a la que se accede exclusivamente por redes corporativas. Por un lado, el ‘Cell Broadcast Entity’ (CBE), ubicado en el Cenem de Madrid como centro de coordinación de alertas nacionales y que permite la definición y gestión de los mensajes de alerta. “Aunque esté físicamente en esta ubicación [en el Cenem], será posible acceder al sistema, de forma remota, desde los demás centros autorizados para su uso”, detallan los pliegos, elaborados en 2021 por la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Por otro lado, el ‘Cell Broadcast Center’ (CBC) es el sistema de información y comunicaciones conectado directamente a las redes de un operador de telefonía móvil. El CBC, con un funcionamiento autónomo, recibe de su homólogo CBE el mensaje a emitir junto a los parámetros necesarios para su difusión: el área afectada, la duración de la alerta o la frecuencia de las posibles repeticiones. Así, el CBC calcula las estaciones base de telefonía móvil que deben activarse para asegurar la entrega del mensaje a todos los terminales que se encuentren en el área afectada.
En el marco del CBE, los permisos cuentan con dos componentes. Por un lado, el nivel de privilegio de las tareas del usuario. Y, también, el área de competencia que define el territorio para el que el usuario puede realizar las tareas permitidas por su nivel de privilegio. Por ejemplo, explican los pliegos, “un usuario que tenga asignada como área de competencia el territorio de una comunidad autónoma no podrá definir o autorizar alertas que afecten a una zona que se extienda más allá de los límites de dicha comunidad”.
Códigos amarillo, naranja o rojo
Para la creación de las alertas, el sistema incluye a usuarios con los permisos apropiados y que definen una serie de parámetros. Por un lado, el tipo de alerta en función del riesgo (incluyendo la meteorología) y el suceso causante. También el nivel de criticidad de la alerta, en función de la previsible gravedad de sus efectos: moderada (código amarillo), severa (naranja) o extrema (rojo). El área afectada la define el usuario en el marco de su territorio. Los otros parámetros son el tiempo de inicio, la descripción del suceso y sus efectos previstos, además del mensaje en sí dirigido a la población, con las recomendaciones e instrucciones.
“Una vez definidos todos los parámetros necesarios se podrá ejecutar la orden de creación de la alerta, lo que generará un mensaje de aviso que será enviado a la autoridad responsable de la emisión de la alerta y al coordinador del sistema”, indican los pliegos.
El usuario autorizado dispone de una interfaz con un formulario para definir los parámetros de la alerta, con la selección de las zonas predefinidas afectadas (comunidades autónomas, provincias o ayuntamientos), del texto a partir de una librería de mensajes predefinidos o de las lenguas, incluyendo todos los idiomas oficiales en España y el inglés.
Tras la definición de la alerta, el sistema permite su activación manual, que remite, a su vez, un mensaje a los usuarios supervisores y al administrador de la Red de Alerta Nacional. “El sistema permitirá a los usuarios con permisos de supervisor confirmar las alertas que se encuentren activadas en el ámbito de su competencia”, explican los pliegos. Y, una vez recibido “el número de confirmaciones requeridas”, es cuando se produce el envío al CBC, el sistema conectado directamente a las redes de los operadores de telefonía móvil.
La “trazabilidad” del Es-Alert
El debate sobre el área geográfica fue uno de los elementos clave durante la tarde del 29 de octubre, además del contenido del mensaje. Además, la jueza cuenta con la caja negra —el sistema ‘CoordCom’— que detalla las decisiones operativas del Cecopi aquel día, una suerte de “columna vertebral” de la gestión de la emergencia.
El sistema del Es-Alert también permite, mediante una consola de control, el seguimiento del estado y evolución de las alertas a partir de su activación: “Quién y cuándo las definió, las activó y las confirmó”. Un seguimiento que queda archivado.
En el apartado de “trazabilidad”, los pliegos explican: “Las acciones realizadas por cada usuario del sistema, y los eventos críticos de comunicaciones relativos a la recepción y envío de los mensajes de alerta, quedarán recogidos en un registro de actividades del sistema que deberá contar con las medidas especiales de salvaguarda y control de accesos”.