Cinco de los seis imputados declaran como investigados en un juzgado de Madrid después de que uno de sus jefes confesara en una grabación las ilegalidades del Equipo de Delitos Económicos
Operación Bali 23: las balizas ilegales que delatan a los guardias civiles del caso 8M
Cinco de los seis guardias civiles imputados por colocar dispositivos ilegales de seguimiento a un presunto grupo de narcotraficantes negaron este lunes su participación en los hechos. Durante su declaración en el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid los agentes compartieron versión: de la colocación de balizas se encarga un grupo especializado de la Comandancia de Madrid y, además, a ellos no les hacían falta esos dispositivos de seguimiento sin orden judicial para conocer los movimientos de los presuntos narcotraficantes investigados.
Un informe de la Policía Nacional sitúa a los seis agentes junto a las dos balizas que descubrió en sendos vehículos uno de los investigados por los guardias civiles en una investigación de la Audiencia Nacional. Tras rastrear un amplio número de teléfonos interrelacionados, la Policía Nacional presentó un atestado en el que describía cómo el agente R.C.D.A suma 25 posicionamientos junto a las tarjetas de las balizas y J.A.G.C., el primer guardia civil descubierto, está cerca de las tarjetas SIM en 28 ocasiones. Su compañero J.A.G.P tiene el récord con 29 posicionamientos y el último en localizar, E.C.S., suma ocho. El primer imputado, el brigada S. B., que ya prestó declaración en noviembre, suma siete posicionamientos.
Pese a las evidencias, los agentes negaron este lunes haber colocado los dispositivos de seguimiento. Los cinco imputados declararon únicamente a las preguntas de su abogado y han rechazado contestar a las preguntas de la acusación particular, ejercida por el individuo que encontró las balizas, la Fiscalía o la jueza del caso. Uno de los agentes dijo que no necesitaban las balizas porque disponían de otros medios, como “fuentes abiertas”, “lectores de matrículas” o “seguimientos operativos”, informan fuentes jurídicas. Los agentes intentaron que la Abogacía del Estado les representara, pero el organismo lo rechazó, previo informe negativo de la propia Guardia Civil.
En una grabación publicada en septiembre de 2023 el brigada investigado –el único que no declaró este lunes– confiesa las irregularidades que él y sus compañeros cometen en varios casos que tienen asignados, según informó elDiario.es. “Esa baliza es ilegal. Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir. La grabación supuso a la postre la primera de las imputaciones por las balizas ilegales, cuyo uso reconocía el brigada en el audio. Su contenido lo aportó a la causa por narcotráfico uno de los abogados de la defensa.
La presunta organización de tráfico de cocaína era objetivo de los guardias civiles en el marco de una operación llamada Águila-Frozen, que se sigue en la Audiencia Nacional. Uno de los investigados, distinto del que descubrió las balizas ilegales, era Borja Villacís, asesinado el pasado junio. El brigada declaró que la mujer que le grabó, con la que mantenía una relación incipiente, era una infiltrada de los narcos. También dijo que él lo sabía y que todo lo que decía era porque estaba fingiendo.
En un informe remitido a la Audiencia Nacional, el brigada de las grabaciones y su superior, hoy capitán, negaron que sus subordinados utilizaran balizas ilegales con el argumento de que esa práctica está prohibida. La investigación posterior rebate esa tesis de defensa. Los policías nacionales han logrado también vincular a los guardias civiles con los lugares donde se compraron y activaron las tarjetas de las balizas, cuya colocación habían negado el brigada y el jefe del Equipo en un escrito remitido al juzgado el pasado otoño.
El dueño del DNI declara que lo había perdido
Los guardias civiles compraron las tarjetas telefónicas que llevan las balizas en dos locutorios de Colmenar Viejo con el DNI de un ciudadano que lo había extraviado. El dueño de ese documento declaró también en el juzgado este lunes como testigo y confirmó que perdió la documentación y que no conoce de nada a los agentes, añaden las fuentes consultadas.
En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.
El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la peor tragedia ocurrida en España desde la Guerra Civil. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza.
En los atestados se reproducían mantras de la extrema derecha con afirmaciones como la siguiente: “El Gobierno sabía el peligro real del coronavirus (…) en un vídeo de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir ‘No se besa, no se besa’ a las personas que encabezan la manifestación”.