El grupo parlamentario organiza un encuentro en el que varios juristas han criticado con dureza la reforma que pretende limitar la acusación popular, han pedido recuperar el delito de desacato y han puesto su «esperanza» en que el Senado, con mayoría absoluta del PP, renueve el Constitucional
Las claves de la propuesta del PSOE para cambiar la acusación popular y suprimir el delito contra sentimientos religiosos
Jueces, fiscales y otros juristas han acudido a la planta baja del Congreso de los Diputados para cargar contra el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Gobierno, convocados por el Partido Popular. Unas jornadas convocadas bajo el lema “Contra la Impunidad” han sido utilizadas este lunes por el partido de Alberto Núñez Feijóo para visualizar su negativa a la reforma con la que el PSOE pretende limitar la acusación popular. El acto se ha convertido en todo un alegato de la oposición que ha estado coronado por una “esperanza”: que la próxima renovación del Constitucional se realice desde el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
El objetivo de la convocatoria, tal y como han explicado tanto Alberto Núñez Feijóo como Miguel Tellado al principio y al final, respectivamente, era “denunciar públicamente una tropelía”, ha dicho el portavoz parlamentario. Lo que buscaba el PP era criticar la propuesta con la que el Gobierno busca expulsar de la acusación popular a organizaciones como Manos Limpias o HazteOir y su capacidad para impulsar causas judiciales surfeando sobre recortes de prensa. “Esta ley de impunidad o ‘ley Begoña’, como ya se llama en algunos contextos”, ha dicho Tellado sobre el mote que ellos mismos han puesto a la posible norma, todavía una proposición de ley orgánica.
Los ponentes, algunos de ellos jueces y fiscales en activo, han dejado clara su opinión sobre la propuesta. “Es totalmente disparatada”, ha dicho Jorge Rodríguez-Zapata, exmagistrado del Supremo y también del Tribunal Constitucional, donde firmó un voto particular especialmente duro contra el Estatut de Catalunya. “Nos estamos cargando absolutamente todo”, ha resumido María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. “Lamentables y preocupantes”, ha dicho el fiscal del Tribunal Supremo, José Miguel de la Rosa, para referirse a la amnistía o la derogación de la sedición.
Las críticas al proyecto, que han compartido también otros comparecientes, han culminado con la reflexión de Ignacio de Luis, director de los servicios jurídicos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación popular contra el fiscal general en el Tribunal Supremo. “Qué más da”, ha explicado, cuando ha sido el turno de reflexionar sobre si en ocasiones se abusa de la acusación popular. “Aunque haya usos vengativos, personales, de trascendencia política u otros intereses… qué más da si la acción va dirigida a lo que dice la ley: promover la accion de la Justicia”, ha afirmado.
La jueza decana de Madrid ha salido en defensa del juez Juan Carlos Peinado y ha lamentado que la situación no sea similar a la de Polonia, cuya reforma judicial fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervención de Europa”, ha dicho, explicando que la situación estratégica de España en el continente está evitando “una intervención en defensa de nuestro Estado de Derecho” por parte de las instituciones comunitarias. “No se pueden hacer leyes a medida de nadie. Si no, no somos una democracia, somos otra cosa muy fea y yo me niego a ir en chándal por la calle”, ha rematado.
La propuesta de reforma también amplía los supuestos en los que un juez puede ser apartado de un procedimientos en casos en los que haya hecho declaraciones públicas sobre un asunto que después tiene que juzgar. “María Jesús, estás de vacaciones perpetuas”, ha bromeado el catedrático Julio Banacloche después de que la jueza decana de Madrid expresara su opinión. El PP ha invitado a estas jornadas a jueces y fiscales en ejercicio tras años de ataques a Álvaro García Ortiz por haber participado en un acto organizado por el PSOE en Galicia para hablar de incendios cuando era, precisamente, fiscal de medioambiente.
El “desembarco masivo” de fiscales progresistas
José Miguel de la Rosa ha sido otro de los juristas en activo que ha tomado la palabra para cargar con dureza no solo contra la propuesta del PSOE sino contra el fiscal general, su predecesora y varias reformas que ha calificado de “tropelías legislativas”. De la Rosa no ha ocultado su enfrentamiento con Dolores Delgado ni tampoco con Álvaro García Ortiz. “No eran necesarias dotes adivinatorias para ver que asistíamos a la toma de una institución”, ha dicho sobre el nombramiento de la primera. “Toda la Fiscalía queda contaminada, adulterada. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Parece que no fue un lapsus”, ha dicho sobre la frase del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De la Rosa ha dedicado una parte de su intervención a criticar la política de nombramientos de Delgado y García Ortiz, cargando también contra el Tribunal Constitucional por un asunto que ha sido confuso para el público: por la admisión a trámite de un recurso y una futura sentencia, aún no dictada, avalando un nombramiento en la cúpula fiscal. No ha contado José Miguel de la Rosa que él es el principal interesado en la resolución de ese pleito: el Supremo anuló un nombramiento de un fiscal en un puesto al que él aspiraba y ahora el asunto está en manos del Constitucional.
Ocultando ese dato, este fiscal apoyado por la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales ha pasado a acusar a ambos de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales en su política de nombramientos: “Una asociación absolutamente minoritaria en la carrera fiscal”, ha dicho, tras denunciar un “desembarco masivo de fiscales denominados progresistas en la cúpula de la institución”. Minutos después reconocía que la Fiscalía había publicado un artículo suyo relacionado con este asunto: “Una publicación que me han dejado publicar”, ha dicho. Debe ser fiscal general, ha dicho, “un fiscal nombrado por consenso de todas las fuerzas parlamentarias, una mayoria muy cualificada”.
En una sentencia reciente, el Supremo ha rechazado un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento del fiscal general en su segundo mandato, desmintiendo, entre otros argumentos, que durante su mandato haya favorecido a la citada UPF.
El retorno del desacato
El Tribunal Constitucional de mayoría progresista también ha recibido su ración de críticas en el acto organizado por el PP. Rodríguez Zapata, elegido en su momento para el Constitucional por el mismo sistema por el que el tribunal ha sido renovado en los últimos años, ha denunciado que actualmente existe “una imposición de la mayoría progresista sobre la minoría conservadora”, al tiempo que alegaba que en su etapa en el tribunal de garantías la cosa no llegó a esos “niveles”.
En un momento dado de la comparecencia ha pedido incluso que el extinto delito de desacato, instaurado en España en los últimos años del franquismo, vuelva a estar vigente. “Rechazar la posición de un magistrado como hacían fuerzas terroristas antiguamente, ¿esto no es delictivo? Esto era delictivo en España hasta 1995, algo que habría que reintroducir en nuestro derecho”, ha dicho sobre el ‘lawfare’ y sus alusiones por parte de los partidos políticos.
Una pregunta ha surgido de la tribuna de invitados. “¿Cómo paramos a este Tribunal Constitucional?”. Javier Noriega, diputado del PP por Cantabria, ha lanzado el debate aludiendo a esos autos del Supremo que advierten al Constitucional de que no tienen “carta blanca” para hacer lo que quieran. Noriega, en su etapa en el partido en Santander, ejerció como abogado de Víctor Valladares en la causa contra el Gobierno por la manifestación del 8M feminista de 2020. Su representado y denunciante del caso, Víctor Valladares, terminó en prisión por engañar y estafar a clientes.
A la pregunta de cómo parar al Constitucional respondió el catedrático Julio Banacloche. “La próxima renovación es del Senado, con lo cual bueno, hay una cierta esperanza”. Esa Cámara donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y, por tanto, capacidad para nombrar a los magistrados que considere en la próxima renovación parcial de un tercio de sus miembros.