Los que atacan a la libertad de expresión siempre son los otros

El asesinato de un joven a puñaladas en Algorta, Bizkaia, en mayo convertido en un crimen cometido por “cinco menas magrebíes”, según cuentas de Twitter de extrema derecha favorecidas por ser suscriptores de la red social. La Ertzaintza desmintió esa autoría. Un niño asesinado en Mocejón, Toledo, en agosto, que también se vendió en redes como un asesinato realizado por un extranjero, cuando el detenido era de nacionalidad española. La desinformación no es sólo un peligro que procede del exterior –esa es la parte que más preocupa a la Comisión Europea–, sino que actúa dentro de cada país con la intención de envenenar las relaciones sociales.

No son sólo las redes el escenario de esta propagación de las mentiras con intencionalidad política. Los medios de comunicación son también responsables de errores y manipulaciones que ponen en duda el derecho constitucional de los españoles a recibir “información veraz”. Pero los partidos políticos no contemplan este espectáculo desde la barrera. El ambiente de crispación hace que todo valga con tal de encontrar algo que describa al adversario en los términos más abyectos. ¿Puede solucionarse eso con reformas legislativas? El Gobierno cree que sí.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto que lleva el nombre de “plan de regeneración” con un objetivo algo más que ambicioso. “Queremos reforzar la limpieza de la democracia”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Para empezar, el amplio alcance de las reformas hace dudar sobre si España es “una democracia plena”, como le gusta afirmar al Gobierno, si necesita regenerarse de forma urgente. Es lo que pasa cuando uno se ata a un eslogan que pasa a ser un principio irrenunciable.

Hubo un tiempo en que los independentistas decían que España era una birria de democracia, que era como Turquía. Ahora es la derecha española la que afirma que España va camino de una dictadura, y se refieren directamente a Venezuela.

Mientras tanto, la temperatura de la derecha mediática está cada día en el punto de ebullición máximo denunciando la maldad del Gobierno de todas las formas posibles y disfrutando de una amplia cobertura en las televisiones nacionales. No es precisamente lo que ocurre en Venezuela o Turquía.

Lo que es indudable es que siempre que un Gobierno o Parlamento mete la mano en cualquier asunto que afecta a la libertad de expresión conviene prestar mucha atención. El producto final puede no estar a la altura de lo que aparecía en el catálogo o en la publicidad.

En la línea de lo que ya han ordenado las instituciones europeas, el Gobierno reclama más transparencia a los medios de comunicación, la mayoría de ellos de propiedad privada, tanto en cuanto a su propiedad como a los ingresos que reciben por publicar publicidad institucional. Esta información aparecerá en “un registro público de medios” que será controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

¿Cómo hay que ser para aparecer ahí? Lo difícil es saber quién establece los criterios. No puede ser que el Gobierno decida quién puede ser periodista. El ministro Ernest Urtasun habló en la rueda de prensa de intentar que no se financie a los seudomedios con publicidad institucional. Bolaños no empleó esa palabra, pero no importa porque quien sí lo ha hecho en varias ocasiones ha sido Pedro Sánchez. El presidente dijo en junio que es necesario “acabar con la impunidad de algunos seudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox”.

Todos los miembros de la CNMC son nombrados por el Gobierno. Pueden ser vetados por una Comisión del Congreso por mayoría absoluta. Su presidente tiene un mandato de seis años no prorrogable. Urtasun comentó que ese registro deberá ser elaborado “por un organismo que no sea dependiente del Gobierno”. Por tanto, habrá que ver cómo se cambia el proceso de elección de la Comisión.

Como ejemplo de los límites de cualquier intervención, no conviene olvidar que medios de comunicación que no son en teoría nada seudo publicaron informaciones falsas en la anterior legislatura sobre la financiación de Podemos que habían sido promovidas desde del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. A veces, no es necesario ser un chiringuito digital privilegiado por un Gobierno con dinero público para publicar falsedades. La frontera entre el error y la manipulación consciente puede llegar a ser muy fina. Pero, como se ha visto con frecuencia con las televisiones públicas, no hay ninguna frontera. Todo responde a un interés político.

Conceder a gobiernos y parlamentos la capacidad de decidir qué medios pueden ser reconocidos como tales es también discutible. Es difícil encontrar respeto al pluralismo en las televisiones autonómicas que sirven a los intereses del PP en Madrid o Galicia, como también a otros partidos en otras comunidades. El perfil de los presidentes elegidos para esas cadenas ya lo dice todo sobre cuáles son sus prioridades.

El Gobierno también promoverá una reforma legal para perseguir bulos a través del derecho de rectificación. “Cuando haya difamación, mentiras y bulos, que haya una respuesta rápida de los tribunales y que sea efectiva”, dijo Bolaños. En última instancia, todo seguirá dependiendo de la decisión de un tribunal.

El Partido Popular mostró su oposición a los cambios antes de que comenzara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en las que se resumieron las medidas sin entrar en detalles muy concretos. Sánchez “no es quién para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodistas”, dijo Miguel Tellado. “El déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación. Lo tienen Sánchez y su Gobierno”.

La ofensiva de la “regeneración” fue promovida por Pedro Sánchez después de que su esposa comenzara a ser investigada por un juzgado de Madrid a iniciativa de varias organizaciones ultraderechistas. El presidente denunció la existencia de “una máquina del fango”, un concepto que utilizó Podemos en la anterior legislatura y que los socialistas se resistieron a emplear entonces.

El paquete legislativo va más allá del asunto de la desinformación. El PSOE y Sumar se comprometen a reformar la ley mordaza, aunque para eso necesitan el apoyo de partidos como Esquerra y EH Bildu, que se negaron antes a votar a favor a menos que incluyera la prohibición de las pelotas de goma y de la devolución en caliente en las fronteras.

Otro compromiso: reformar la ley de secretos oficiales, cuyo origen está en el franquismo. Es otro asunto recurrente en el Congreso, promovido en más de una ocasión por el PNV, que hasta ahora no ha despertado un gran interés en el PSOE. Al menos, en la última ocasión se fue prorrogando el periodo de presentación de enmiendas hasta que se acabó la legislatura.

La crisis de la desinformación, que en ningún caso se limita a España en Europa, es uno de esos asuntos en que la gravedad de las consecuencias está muy por encima del número de soluciones efectivas o viables en una democracia. Sobre varios de los cambios presentados, no existe además una mayoría clara en el Congreso que permita aprobarlos, en especial si se trata de leyes orgánicas, como lo es el Código Penal, que exigen la mayoría absoluta. Está por ver si la gran ofensiva colecciona al final más derrotas que victorias.

Provocará un debate airado en que todos los políticos se presentarán como adalides de la libertad de los medios de comunicación para criticar a los demás (pero mucho menos a ellos). Hasta Isabel Díaz Ayuso se ha apresurado a decir que “no usaría nunca los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas”. Aquí hay que hacer un esfuerzo para no reírse. Es la misma política que tiene como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, alguien con un amplio historial de amenazas de todo tipo a periodistas.

Es lo de siempre. Como en el caso de la frase de Sartre, los que atacan a la libertad de expresión siempre son los otros.