La regularización beneficiará a los migrantes que puedan demostrar que vivían en los municipios afectados, así como sus familiares. El Ministerio aún no aclara si exigirá el empadronamiento o permitirá otras fórmulas para demotrar su residencia en estas zonas, debido a las trabas con las que se chocan las personas sin papeles para registrarse en el padrón
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una regularización extraordinaria a la que podrán acogerse miles de personas sin papeles afectadas por la DANA, después de más de tres meses en los que estos migrantes enfrentaban mayores obstáculos para salir adelante tras la riada sin poder acceder a las ayudas estatales de emergencia.
La iniciativa forma parte de un paquete de medidas más amplio con el que el Ministerio de Inclusión pretende evitar que las personas extranjeras afectadas por la DANA “sufran una mayor vulnerabilidad” debido a problemas ligados con su situación administrativa, por lo que también incluye prórrogas automáticas de algunas autorizaciones de residencia y trabajo, para evitar que miles de afectados caigan en la clandestinidad por culpa de las consecuencias del temporal.
“El Gobierno es consciente de que las consecuencias devastadoras de la DANA pueden dificultar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente de extranjería, situación que genera inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas, como para los empleadores y el resto de operadores sociales y económicos”, defienden fuentes ministeriales. La cartera de Elma Saiz cifra en al menos 25.000 personas las potenciales beneficiarias de estas medidas,según sus cálculos realizados a través de los registros del INE cotejados con las Oficinas de Extranjería de las zonas afectadas.
La regularización extraordinaria beneficiará en concreto a los migrantes sin papeles que puedan demostrar que vivían en los municipios afectados por las inundaciones, así como a sus familiares. Las primeras informaciones sobre la medida, adelantada por el País, apuntaban a la exigencia del empadronamiento para poder acceder a dichas ayudas, un requisito que podría dejar atrás a cientos de afectados de la DANA que vivían o trabajaban en los municipios inundados pero que no lograron registrarse en el padrón debido a las trabas con las que habitualmente se encuentran para ello. No obstante, desde el departamento dirigido por Elma Saiz no han aclarado si esta será la única fórmula para probar su residencia en la zona.
Según detallan fuentes de Inclusión, podrán acceder a una autorización de residencia por “circunstancias excepcionales sobrevenidas” aquellas personas extranjeras y sus familiares “que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024”. En general, el permiso tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en España; pero si se trata de familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de cinco años.
Para solicitarlo, las potenciales beneficiarios deben pedirlo en un plazo máximo de 3 meses desde la activación de la instrucción. Cuando caduquen, las personas podrán solicitar el paso desde esta autorización a otra de las autorizaciones ordinarias.
Esta regularización está en marcada en un paquete de medidas más amplio para “garantizar la seguridad jurídica” a las personas extranjeras y a los empleadores en los municipios afectados por la riada, que incluye también la prórroga sistemática de los permisos de residencia y trabajo de las víctimas de las inundaaciones. “El objetivo principal es proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida”, dicen desde Migraciones.
De esta forma, Inclusión prorrogará y renovará automáticamente, previa solicitud en la Oficina de Extranjería, las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en los municipios afectados por la DANA. Solo podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública, según añaden las mismas fuentes. En este caso, la solicitud debe presentarse, 60 días antes de que caduque el permiso, o bien hasta 90 días después
El Gobierno es consciente de que las consecuencias devastadoras de la DANA pueden dificultar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente de extranjería, situación que genera inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas, como para los empleadores y el resto de operadores sociales y económicos.
También se elimina la obligatoriedad en las autorizaciones de residencia y trabajo, que ya hubieran sido concedidas, pero que dependieran de estar dado de alta en la Seguridad Social. “Entendiendo que algunos empleadores no hayan podido cumplimentar el trámite a consecuencia de la DANA, y para evitar que el trabajador extranjero caiga en la irregularidad sobrevenida. Es decir, estas autorizaciones son válidas desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería, sin que resulte preceptivo el alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social”, apunta Inclusión.
Por último, se resolverán de forma favorable todas las solicitudes de autorización, renovación o prórroga de residencia y trabajo que estuvieran en trámite cuando sucedió la DANA y, como consecuencia de la catástrofe natural, hubieran dejado de cumplir con alguno de los requisitos.
Oxfam Intermón calcula que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular fueron afectadas por la DANA y no pueden optar a las ayudas estatales, lo que las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. La ONG ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de “activar un paquete de medidas para dar respuesta a la situación de miles de personas migrantes que residen en los municipios afectados por la DANA”. No obstante, advierte de que el requisito del empadronamiento puede dejar a cientos de personas excluidas debido a las difícultades que encuentran los migrantes para realizar dicho trámite.
“Es muy posible que vecinas y vecinos migrados residentes en esos municipios cuando les impactó la DANA no estuvieran empadronados. Es necesario flexibilizar ese requisito administrativo para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas”, explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG.