El depósito minero más peligroso de Murcia fue sellado en 2024 con tierra contaminada por metales pesados

El Gobierno de la Región de Murcia y la mercantil pública Tragsa culminaron en 2024 las obras de recuperación y sellado de ‘El Lirio’, el depósito minero más peligroso de toda la Comunidad, vertiendo sobre la capa superficial del renovado terreno miles de toneladas de una supuesta “tierra vegetal de primera calidad” que, en realidad, es una tierra contaminada por metales pesados y repleta de, entre otros residuos, escorias de la antigua fundición del plomo. Se trata de un hecho que ha confirmado elDiario.es a raíz de la sospecha del edafólogo José Matías Peñas tras la extracción de unos acopios de tierra también cargada de contaminantes en la corta de Los Blancos que coincidió temporalmente con los trabajos de restauración ambiental ejecutados en el depósito.

Por dicha tierra contaminada vertida en ‘El Lirio’, que carece de cualquier valor comercial, que presenta, entre otros elementos tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 743 de zinc o 46,4 de arsénico, y cuya procedencia exacta no ha especificado a este periódico ni el Ejecutivo autonómico ni Tragsa, se pagó, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso, un total de 313.950 euros de dinero público a la constructora González Soto S.A.

El montante liberado para efectuar la totalidad de las obras acometidas en la instalación minera, que está situada en el término municipal de Cartagena y en plena cuenca vertiente del Mar Menor, es de 6,2 millones de euros, de los cuales cuatro pertenecen a una subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, el resto, a la Administración murciana, promotora del proyecto.

El material cargado de metales pesados y metaloides que se halla ahora en la superficie de ‘El Lirio’ supera con holgura los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) fijados en el año 2007 para el sureste de la Región en un estudio de la propia Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Se trata, a juicio de Peñas, de una “negligencia” sin precedentes que ha sido pasada por alto por los múltiples supervisores de los trabajos, empezando por la entidad al mando de los mismos, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de Murcia, y continuando por su ejecutora, la empresa estatal Tragsa.

Vista actual, tras los trabajos de restauración ambiental, del antiguo depósito minero de ‘El Lirio’, en Cartagena. Al fondo, la urbanización y el campo de golf de La Manga Club.

La doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en derecho ambiental, Aitana de la Varga, señala que la utilización de tierra contaminada en el sellado del depósito minero de Cartagena podría vulnerar el propio Real Decreto 09/2005, y también “el Título VIII” de la ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, así como la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometida el proyecto.

La experta establece dos posibles vías a nivel jurídico para acometer la situación: por un lado, “el delito ambiental”, que podría producirse “por negligencia o por no hacer el trabajo correctamente” si “el perjuicio y el riesgo que genera para los ecosistemas o para la salud de las personas es elevado”. Por otro, la “vía contencioso-administrativa”, que podría activarse “si no se ha aplicado bien la ley ni se han cumplido los contratos públicos”.

Metales pesados por encima de los niveles de referencia 

La tierra contaminada y sin valor económico alguno que inunda ahora la capa superficial de ‘El Lirio’ se ha comprado a precio de tierra vegetal de primera calidad para un exhaustivo trabajo de descontaminación de un suelo ya cargado desde hace décadas de metales pesados y elementos tóxicos que, tras 18 meses ininterrumpidos de obras, continúa con unos niveles de metales pesados que pulverizan los baremos seguros. El error cometido en la ejecución del proyecto es todavía mayor porque, además, no se ha neutralizado el que era, ante todo, su principal objetivo: evitar la llegada al Mar Menor de estériles mineros a través de su escorrentía por la rambla de la Carrasquilla.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia han asegurado en un comunicado, no obstante, que “se han exigido las máximas garantías ambientales” durante la realización de las obras y que “el material utilizado es de buena calidad”. “Se han desarrollado”, inciden las mismas fuentes autonómicas sin responder a casi ninguna de las preguntas planteadas por este periódico, “controles y análisis del suelo, con su informe agronómico, así como inspecciones ‘in situ’ de la descarga sobre el terreno”. Por su parte, fuentes adscritas a Tragsa se han limitado a decir que “la procedencia de la tierra vegetal es de seis zonas diferentes, todas ellas de uso reciente de cultivos agrícolas”.

Plano medio de la capa de tierra vegetal vertida en ‘El Lirio’, repleta de escombros y contaminantes.

Ni Medio Ambiente ni la empresa pública han detallado pormenor alguno acerca de esos análisis a los que, aseguran, ha sido sometida la tierra vegetal de ‘El Lirio’, ni tampoco de las supuestas seis zonas de procedencia de la misma. La información ofrecida por ambas entidades es genérica y escasa. Asimismo, fuentes de la mercantil suministradora del material contaminado, González Soto S.A., han afirmado a este medio, sin entrar en detalles, que éste “procede de tierras en propiedad en el Campo de Cartagena y de excavaciones sin ningún tipo de residuo”. Califican de “imposible” que se haya mezclado con contaminantes ni metales pesados. “Lo que se haya hecho después de entregar la tierra no es cosa nuestra, sino de Tragsa”, han sentenciado.

La realidad es bien distinta. En muy pocos metros cuadrados, a lo largo de la cubierta vegetal de ‘El Lirio’, sobrevienen, muy visibles, trozos de gran envergadura de asfalto, bloques de hormigón, de cemento, alquitrán, losas y mármoles rotos, ladrillos, plásticos comidos por el sol y metales oxidados. No es tierra vegetal: es una amalgama de escombros mezclados con tierra, de excavaciones de solares abandonados y construcciones derrumbadas. Y lo que es peor: de escorias -o gachas, como son comúnmente conocidas en la zona minera de La Unión- de la fundición del plomo. Fragmentos de un color negro muy característico, con surcos o arrugas como de lava solidificada y burbujas de aire, que contienen grandes cantidades de metales pesados y que desprenden los contaminantes, de forma irremediable, con el paso del tiempo. La presencia de todos esos elementos sí ha sido calificada por fuentes de Tragsa, no obstante, y sin mencionar en ningún momento las escorias, como “puntual”, pese a que su cantidad es inabarcable.

Niveles de concentración, en mg/kg, de metales pesados y metaloides presentes en la tierra vegetal de ‘El Lirio’, y comparativa con respecto a los Niveles Genéricos de Referencia establecidos para el sureste de la Región de Murcia.

Los resultados de un estudio de Fluorescencia de Rayos X y Termogravimetría realizado sobre una muestra de tierra tomada de diferentes puntos y profundidades de la capa de sellado no dejan lugar a dudas. El análisis determina que los niveles de metales pesados y metaloides concentrados en ella superan con creces los NGR establecidos en los suelos de la Región por un estudio de la Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005. Se trata, en concreto, de 400 mg/kg de plomo, valor que multiplica por diez el nivel de referencia; 46,4 mg/kg de arsénico (cuya base segura es de 12 mg/kg); 743 mg/kg de zinc (con nivel seguro de 96); 76 mg/kg de cobre (con base de referencia 23); 98 mg/kg de cromo (con NGR 67); 67 mg/kg de níquel (cuyo nivel genérico es de 37) y 2.720 mg/kg de manganeso.

El Mar Menor, principal perjudicado

“Hay elementos, como el elevadísimo nivel de plomo, que explican muy bien que las escorias de la fundición se están meteorizando y liberando tóxicos sobre el terreno. Se ha pagado una gran suma de dinero por realizar un sellado, que se supone que debería dejar una superficie desprovista de contaminación, con una tierra que supera todos los niveles de referencia”, señala a este respecto José Matías Peñas.

Una escoria -o gacha- de la antigua fundición del plomo sobre la capa de sellado de ‘El Lirio’. Este tipo de fragmentos liberan metales pesados y contaminantes a su alrededor.

El depósito minero y lo que debería ser una superficie limpia y natural que favorezca el crecimiento de vegetación abarca más de 70.000 metros cuadrados de la sierra minera de La Unión y Cartagena. El MITECO hizo público en 2020 que aportó “cuatro millones para la clausura y restauración de una de las instalaciones de residuos mineros calificada como ‘peligrosa’, y para eliminar el impacto de la escorrentía de metales pesados de esta instalación al Mar Menor”. Pero la eliminación de dicho “impacto” no se va a producir.

“Estamos hablando de siete hectáreas de terreno selladas con plomo y otros metales pesados que ahora están expuestas a la acción del agua, que va a provocar la erosión laminar de la tierra y la va a transportar, por la rambla de la Carrasquilla, hasta el Mar Menor. No es una mejora ambiental. Cada vez que haya procesos de precipitación o que soplen vientos con velocidades superiores a cuatro metros por segundo habrá erosión y dispersión de metales” explica Peñas.

Tras un año y medio de trabajos en ‘El Lirio’ y más de seis millones de euros procedentes de las arcas públicas invertidos, la realidad es que se ha restaurado un terreno contaminado con una capa de tierra de aproximadamente treinta centímetros de grosor que también está contaminada, y que se ha comprado, a juzgar por los contratos rubricados entre Tragsa y la empresa adjudicataria de su suministro, González Soto S.A., como “tierra vegetal de primera calidad”. Bajo esa capa más superficial descansan otras de materiales obligatorios por ley, como geotextiles, láminas impermeables y arcillas.

Una de las arquetas construidas en el depósito minero restaurado. La tierra de la cubierta vegetal, cargada de metales pesados, se erosiona y va a parar a la cuenca vertiente del Mar Menor.

El depósito, que debe su nombre al lavadero de flotación gigantesco ubicado solo unos metros colina arriba, era una bomba de relojería abarrotada de residuos que llegaban al Mar Menor cada día de lluvia. La recuperación, sellado y estabilización de sus suelos fue catalogada “de interés público” por la Administración regional en 2018. Se trataba de la primera restauración ambiental minera de la cuenca vertiente de la laguna. La primera de muchas que todavía están pendientes.

Las gachas de la fundición saltan ahora a la vista con solo pasear por los nuevos terrenos, donde ya se han plantado árboles, arbustos y flora autóctona. José Matías Peñas explica que la mayoría de esa vegetación “va a absorber y acumular los metales en los tejidos y las hojas”, y que las escorias están, además, tipificadas como residuos peligrosos y calificadas por la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo Europeo como material “potencialmente radiactivo”.

Un contrato que se incrementó en más de 100.000 euros

El acopio de tierra vegetal está enmarcado dentro de los “áridos” en los pliegos oficiales de los contratos de las obras de ‘El Lirio’. Tragsa subcontrató el suministro de todos los materiales a varias empresas externas a finales de 2021. La mercantil pública dividió esos áridos en siete lotes. El de “tierra vegetal de primera calidad” fue designado como lote número seis, a razón, en un primer momento, de 209.300 euros. Éste recayó, en enero de 2022, mediante el procedimiento estándar de contratación pública, en González Soto S.A., una de las constructoras más recurridas por la administración municipal, autonómica y estatal para ejecutar obras públicas, excavaciones y asfaltados de carreteras, autovías y autopistas.

Sin embargo, dos años después de la rúbrica del contrato, y una vez iniciados los trabajos en el depósito, en marzo de 2024, el documento relativo al lote seis se modificó de forma imprevista. Fue el único contrato de acopio de áridos que se vio sometido a una variación. El importe a pagar por la tierra aumentó en 104.650 euros, exactamente el 50% de la cantidad inicial, hasta situar el pago definitivo a González Soto S.A. en 313.950 euros. Ni Tragsa ni la Administración murciana han arrojado razón alguna, a preguntas de elDiario.es, que justifique una modificación de tal envergadura. González Soto S.A. terminó acopiando la tierra, un total aproximado de 35.000 toneladas, durante varios meses hasta agosto de 2024.

Especies vegetales crecen en la cubierta sellada de ‘El Lirio’ junto a otros elementos como trozos de asfalto.

A juzgar por los pliegos de los contratos, la tierra vegetal suministrada debía ser “una tierra rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”, y debía “cumplir los requisitos mínimos para asegurar la calidad de la humedad y PH y encontrar un equilibrio entre tierra arenosa y arcillosa para conseguir los beneficios de ambas y coger todos sus nutrientes”. Pero, en muchas áreas, es un aglomerado compacto de metales pesados, gachas, escombros, asfalto, metales, losas, mármoles, plásticos y demás residuos, y nadie encargado de la supervisión del proyecto se percató de ello.

Dicha circunstancia podría derivar, según la jurista Aitana de la Varga, en un caso de “incumplimiento de contrato”. “La tierra está contaminada, y ya venía contaminada de antes. Pero se firmó para adquirir una de primera calidad. Se deberían depurar responsabilidades y, si se determina, habría que volver a proceder a descontaminar el terreno”, añade.

Una fuente consultada por este periódico cercana a las obras de ‘El Lirio’, que ha trabajado en ellas y en otras recuperaciones ambientales del estilo en la Región de Murcia y en provincias limítrofes, asegura que la tierra vegetal “no se suele analizar de manera exhaustiva” en este tipo de trabajos. 

Otra escoria de la fundición del plomo dentro de la tierra vegetal.

La clave ahora es saber quiénes son los responsables de que se pasara por alto esta circunstancia en la restauración ambiental de la Comunidad murciana, conocer exactamente de dónde se ha sacado la tierra contaminada, a quién pertenecía, qué precio ha pagado en realidad la empresa suministradora por ella y si se llevaron a cabo análisis fidedignos y se constató, por parte del Gobierno regional y de Tragsa, la veracidad de su procedencia.

Se han invertido más de seis millones de euros públicos para recuperar el terreno. Se ha construido una escollera, canales y arquetas que encauzan el agua cuando llueve. Pero toda la tierra cargada de metales pesados y residuos y escombros irá a parar, según la explicación del edafólogo José Matías Peñas, de nuevo a la rambla de la Carrasquilla y, en última instancia, a la laguna salada. “Lo verdaderamente preocupante, además del volumen de residuos, de gachas, es la extensión del terreno que está a merced de los agentes erosivos. Es un escándalo. Se ha creado una falsa apariencia de restauración, pero no se ha descontaminado nada”, sentencia el investigador.